¿Qué ha hecho la derecha a favor del derecho a la vivienda?

Un objeto de crítica actualmente es la inacción y desidia hacia el Gobierno del PSOE*, con mayoría de escaños como para tener poder frente a sus socios de coalición, para regular el precio de la vivienda e impedir la especulación. Sus socios de coalición como Sumar (con ministros como Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy) exigen al PSOE aplicar una ley de expropiación forzosa de la vivienda de Maricarmen frente a los fondos de inversión y les reclama incluir la congelación de alquileres, la limitación de pisos turísticos y la prohibición de desahucios en un Real Decreto-ley urgente.

La Constitución en su artículo 47 dice, claramente, que la vivienda es un derecho y que los poderes públicos (los políticos, indistinguiblemente del bando ideológico) deberán facilitar ese derecho impidiendo la especulación.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Recalco constantemente en negrita para que se vea claramente que el texto base sobre el cual se deben asentar todas las leyes no se anda con medias tintas con respecto a esto.

El problema de la vivienda

Un argumento de la derecha para atacar a «la izquierda» es que el PSOE «no está haciendo nada» para arreglar «el problema de la vivienda». Desde la izquierda se le reclama la regulación y expropiación a fondos buitre. Y desde la derecha, como saben que son «socioliberales», se aprovechan de que este aun carga con el lastre neoliberal dentro de su seno, por lo que opta por el inmovilismo para defender la supuesta «propiedad privada». La solución que le propone la derecha, por supuesto, es volver a la especulación que provocó ese PSOE de González y ese PP de Aznar en los 90 y que trajo consigo la burbuja inmobiliaria que luego desató la crisis de 2007-2008: liberalizar suelo y construir, pero sin regular nada o prácticamente nada que lo limite. Darle manga ancha a constructoras (en las que, por supuesto, tienen acciones «casualmente» los miembros del PP o de la que son propietarios ellos y sus socios). Esas empresas a las que luego les dan licitaciones a dedo y que aparecen siempre en el listado de empresas corruptoras.

¿Se han llegado a plantear, los ciudadanos votantes, cuando buscan una vivienda cuáles son los problemas que ellos se encuentran en ese mercado inmobiliario? Todos se reducen básicamente a uno: los elevados precios de los alquileres y de venta.

El argumento de esa derecha neoliberal se resume en apelar a la falaz y mal llamada «ley de oferta y demanda», según la cual si hay mucho de un producto el precio de ese producto se rebaja. Algo que el neoliberal traduce en este caso en que si los precios son elevados es porque «hay poca vivienda». Una falacia, pues para empezar, el precio de la vivienda no se decide porque haya mucha o poca vivienda sino por un afán por obtener mayor rentabilidad y beneficio. En España, hay más de 3,6 millones de viviendas vacías. Los neoliberales con intereses directos argumentan, cuando se les recalca ese dato, que el problema es que son viviendas donde nadie quiere vivir: en zonas despobladas, pueblos abandonados… Lo cual es falso también, pues a esas millones se incluye que España se terminan actualmente más de 100.000 viviendas nuevas cada año (por ejemplo, 100.980 viviendas terminadas en 2024), según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), a lo cual se incluye, también, todas aquellas que se anuncian en los portales de alquiler, como idealista o fotocasa. En idealista, ahora mismo, si uno se mete puede encontrarse con que hay más de 10.000 viviendas en alquiler solo en Madrid, con más de 500 libres en Retiro, más de 600 viviendas libres en Chamartín, más de 1100 en Chamberí, más de 1500 en el Barrio de Salamanca o más de 2100 en el Centro. ¿Creen todavía que el problema es que no hay libres? Métanse a ver los precios de esas viviendas libres y entenderán porqué una persona no puede irse a vivir fuera de casa y mucho menos sola. Y estamos hablando de que solo Madrid ciudad aun hay una media de más de 9000 viviendas siempre disponibles vacías. En Barcelona más de 2500, en Valencia más de 2600.

Por eso me hace gracia el planteamiento de algunos, quienes creen que si el PSOE no hace nada, precisamente por su todavía sesgo neoliberal*, esperan que la derecha solucione un problema para el cual ni si quiera es capaz de admitir su origen y cuya solución pasa por volver a la era del ladrillo, sin contarle al ciudadano, a su votante, que el problema seguirá porque por mucha vivienda que haya, el propietario siempre podrá proponer un precio elevado para obtener más beneficio o jugar con el stock de viviendas comprando miles de viviendas. Incluso si apelamos a esa «ley de oferta y demanda», esos grandes tenedores siempre podrán jugar al Monopoly especulando: retirándolas solo para provocar escasez y aumentar el precio de las restantes. El «problema de la vivienda», para rematar, no lo tenían personas que vivían en sus hogares hasta que un fondo buitre compro sus hipotecas al banco que las concedió o hasta que compró pisos o fincas enteras a sus propietarios para luego subirles el alquiler a los inquilinos que ellos tenían.

La actuación de la derecha hasta ahora

Pero si el PSOE, «el partido socialista no está haciendo nada» ¿qué está haciendo entonces la derecha (PP, Ciudadanos en su momento y VOX)? Porque esa es la alternativa a la inacción de «la izquierda» ¿cierto?

Vivienda, alquiler y protección de inquilinos

13-07-2012 / 19-07-2012 – RDL 20/2012: Gobierno del PP (con mayoría parlamentaria); convalidado por el Congreso con mayoría parlamentaria.

Su artículo 35 suprimió las ayudas de subsidiación de préstamos del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 para nuevas solicitudes y las que aún estaban en tramitación. El artículo 36 redujo la Renta Básica de Emancipación de 210 a 147 euros mensuales. La convalidación salió adelante con 180 votos a favor, 131 en contra y 1 abstención.

04-06-2013 – Ley 4/2013 de flexibilización y fomento del mercado del alquiler: Gobierno del PP (con mayoría parlamentaria).

La reforma redujo la prórroga obligatoria de los alquileres de 5 a 3 años y la prórroga tácita de 3 a 1 año. La propia ley presenta expresamente estos cambios como una «flexibilización» del mercado y un refuerzo de la libertad contractual. Además, durante su tramitación en el Senado, el Grupo Popular introdujo la enmienda 105, que modificó sustancialmente el régimen de ayudas de vivienda protegida. El Tribunal Constitucional documentó que esa enmienda del PP puso fin a las prórrogas automáticas de determinadas ayudas de los planes estatales de vivienda y que fue incorporada al texto definitivo.

22-01-2019 – Congreso: PP + Ciudadanos votan NO al RDL 21/2018, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

El decreto ampliaba la duración mínima de los contratos, establecía 5 años de prórroga obligatoria —7 si el arrendador era persona jurídica—, limitaba las garantías adicionales exigibles al inquilino a dos mensualidades y obligaba a los arrendadores personas jurídicas a asumir los gastos de gestión inmobiliaria y formalización. Fue rechazado por 243 votos contra, 103 a favor y 1 abstención. El PP y Ciudadanos estuvieron entre quienes votaron contra su convalidación.

22-01-2019 – Congreso

Además del voto contra del RDL 21/2018, es especialmente relevante que el propio debate parlamentario dejó constancia de que la norma recuperaba los plazos de alquiler anteriores a la reforma de 2013. Es decir, el PP había impulsado primero la reducción de 5 a 3 años en 2013 y posteriormente votó contra la recuperación de los 5 años en 2018.

03-04-2019 – Diputación PermanentePP vota NO al RDL 7/2019 de vivienda y alquiler.

Este decreto recuperaba precisamente los 5 años de duración mínima de los contratos —7 para personas jurídicas—, establecía hasta 3 años adicionales de prórroga tácita, protegía al inquilino frente a determinadas transmisiones de la vivienda y limitaba las actualizaciones de renta al IPC. El decreto fue finalmente convalidado por 33 votos a favor, 31 en contra y 1 abstención; el PP votó en contra.

Ley de Vivienda

27-04-2023 – CongresoPP + Vox + Ciudadanos votan NO a la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Resultado: 176 sí, 167 no y 1 abstención. El PP, Vox y Ciudadanos estuvieron entre los grupos que votaron en contra.

Entre otras medidas, la ley introdujo:

• declaración de zonas de mercado residencial tensionado;
• limitaciones a las rentas en determinadas circunstancias;
• prórrogas extraordinarias para determinados inquilinos;
• obligación de que el arrendador asumiera los gastos de gestión inmobiliaria;
• obligaciones de información para grandes tenedores;
• medidas específicas frente a viviendas desocupadas y prácticas de retención;
• incentivos fiscales vinculados al alquiler asequible.

Posteriormente, el PP presentó recurso de inconstitucionalidad contra numerosos preceptos de la Ley 12/2023.

Una medida especialmente clara en 2026

28-04-2026 – CongresoPP + Vox + Junts + UPN votan NO al RDL 8/2026 sobre alquileres.

El decreto establecía:

• prórroga extraordinaria de hasta 2 años para determinados contratos de vivienda habitual que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027;
• mantenimiento durante la prórroga de las condiciones del contrato;
• límite del 2 % a la actualización anual del alquiler;
• aplicación del límite del 2 % en todo caso cuando el arrendador fuera un gran tenedor.

El Congreso lo derogó por 177 votos contra, 166 a favor y 5 abstenciones. El bloque del NO estuvo formado por PP, Vox, Junts y UPN; el PNV se abstuvo.

Este fue uno de los ejemplos más directos documentados de votos del PP contra una medida concreta de protección de los inquilinos.

Fiscalidad de la inversión inmobiliaria

27-12-2012 – Ley 16/2012, de medidas tributarias

Durante el Gobierno de Rajoy se modificó el régimen fiscal de las SOCIMI, sociedades destinadas fundamentalmente a la inversión inmobiliaria y al alquiler. La reforma mantuvo para las SOCIMI acogidas al régimen especial un tipo del 0 % en el Impuesto sobre Sociedades, junto con modificaciones de su régimen de inversión y distribución de beneficios.

Esta norma es distinta de las anteriores: no fue un voto contra una protección concreta del inquilino, sino una medida fiscal favorable a un vehículo societario de inversión inmobiliaria. Por eso yo la pondría en una categoría separada de «medidas favorables a la inversión inmobiliaria», no como prueba automática de que el PP «votó contra el derecho a la vivienda».

Declaraciones públicas

La mayoría de la gente no ve el BOE y por tanto ni se entera de qué votan los parlamentarios de los distintos grupos. Lo máximo que ven son clips de las intervenciones del Congreso y las declaraciones en los medios. Vivimos en ese tipo de sociedad en la que tira más lo emocional y sensacionalista que lo racional. Así que en este artículo no podían faltar las muestras en público que, aunque estas las hacen los políticos siendo conscientes de que llegan más, nos dejan perlas que ya dejan entrever el tipo de pensamiento e ideas que tienen dichos políticos.

En febrero de 2021 el entonces ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, afirmó durante un debate sobre la futura Ley de Vivienda que la vivienda es un derecho social pero «también un bien de mercado». Estas palabras fueron criticadas por sectores de Unidas Podemos y colectivos sociales, que argumentaban que definirla como un bien mercantil restaba peso a su garantía como derecho fundamental. Ya sabemos cómo acabó este ministro gracias a su trama con el fascista Aldama: expulsado del PSOE.

Diversos sectores y partidos como Sumar o colectivos de vivienda han reprochado históricamente al PSOE haber asumido una visión mercantilista de la vivienda, recordando aquellas declaraciones de la etapa de Ábalos para argumentar que las políticas de regulación del alquiler o de freno a la especulación han sido insuficientes o lentas. Por eso, desde la aprobación de la Ley de Vivienda y en intervenciones posteriores, la postura oficial del PSOE y de ministros del ramo como Isabel Rodríguez o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evolucionado enfatizando de forma reiterada que la vivienda «no es un bien de mercado cualquiera, sino un derecho», señalando la necesidad de intervenir el mercado ante las dificultades de acceso.

Pero ¿cuál ha sido la postura del PP desde sus inicios hasta ahora? ¿ha evolucionado también? ¿Qué ha hecho el PP para frenar, como le ordena la Constitución, la especulación y garantizar así el derecho de todo español a una vivienda?

Los buitres de los Aznar

En el verano de 2013, cuando el PP gobernaba con mayoría parlamentaria España y Madrid tenía como alcaldesa a la mujer de Jose María Aznar, Ana Botella, esta vendió 1.860 viviendas protegidas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid al fondo buitre Blackstone por 128,5 millones de euros, una operación relacionada con su hijo José María Aznar Botella.

José María Aznar Botella ha estado vinculado a Cerberus, otro gran fondo de inversión estadounidense, y ejerció como miembro del consejo de administración y directivo de Haya Real Estate (empresa gestora participada por Cerberus en España).

La venta de las 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a Fidere (filial del fondo buitre Blackstone) tuvo un impacto drástico y directo sobre la vida de miles de inquilinos vulnerables, quienes pasaron de tener un alquiler protegido con la administración pública a depender de un gigante financiero con fines especulativos.

Las principales repercusiones para los inquilinos incluyeron:

1. Pérdida de ayudas y subida drástica de precios:

• Subida de alquileres: Aunque inicialmente el Ayuntamiento aseguró que «solo cambiaba el dueño y las condiciones se mantenían», a medida que los contratos de protección pública vencieron, el fondo aplicó subidas en los alquileres de hasta un 49%
• Fin de las bonificaciones sociales: La EMVS ajustaba el alquiler según los ingresos o situaciones de desempleo y discapacidad de las familias. Blackstone eliminó estas ayudas sociales, obligando a los inquilinos a pagar la tarifa completa del mercado libre.

2. Ola de desahucios y no renovaciones:

• Desahucios silenciosos: Al no poder hacer frente a las nuevas tarifas, cientos de familias se vieron empujadas al impago.
• Denegación de contratos: En muchos casos, a pesar de tener los pagos al día, el fondo simplemente se negó a renovar los contratos de arrendamiento al finalizar su vigencia obligatoria para recuperar los pisos, reformarlos y encarecerlos aún más. Esto generó una ola de desahucios y una enorme inestabilidad psicológica para los residentes.

3. Batalla judicial por el «derecho a compra» (Giro reciente)

El Tribunal de Cuentas condenó en diciembre de 2018 a Ana Botella y a siete miembros de su equipo de gobierno a pagar de forma conjunta cerca de 25 millones de euros por el daño patrimonial causado al vender las viviendas por debajo del precio de mercado. Pero en la apelación por parte del PP, los tribunales (como el Tribunal de Cuentas en instancias superiores o la vía penal/contenciosa relacionada) anularon o revocaron posteriormente dicha condena contable o absolvieron a los cargos implicados, generando un largo debate jurídico y social sobre la operación.

Los contratos originales con la EMVS incluían una opción de compra prioritaria para los inquilinos transcurrido un tiempo. Con la venta al fondo buitre, esta opción quedó bloqueada por años, dando pie a una larga batalla judicial que ha arrojado sentencias cruzadas por parte del Tribunal Supremo: [1]

• Casos a favor de los inquilinos (Fines de 2024): El Tribunal Supremo reconoció a varios bloques de inquilinos el derecho de adquisición preferente, obligando a Blackstone a venderles sus viviendas al precio original de «saldo» de 2013 (unos 70.000 euros por piso), en lugar del valor inflado del mercado actual. [1, 2]
• Casos a favor del fondo (2025): En otros fallos posteriores del mismo Tribunal Supremo, la justicia dio la razón a Fidere/Blackstone frente a otros grupos de inquilinos, dictaminando que, debido a cómo se redactaron formalmente las escrituras de venta en bloque en esos edificios específicos, no se aplicaba el derecho de retracto, dejando a cientos de familias en vilo. [1, 2]

Sectores políticos y sociales denunciaron un conflicto de interés y la relación entre la venta de patrimonio público municipal gestionada por su madre y la actividad de los fondos de inversión norteamericanos en el sector inmobiliario español donde operaba su hijo. La venta a los fondos buitre por parte del PP se tradujo en una década de precariedad habitacional, litigios constantes y la expulsión de sus hogares de una gran parte de las familias vulnerables que inicialmente habían recibido una vivienda de protección social pública.

La «cara» dura que se le pone a Almeida

«Exacto» fue la lacónica y viral respuesta que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, publicó en su cuenta oficial de X (antes Twitter) José Luis Martínez-Almeida en octubre de 2021.

Exacto. https://t.co/WASYUmR23V

— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 6, 2021

El mensaje, que aun conserva orgulloso publicado en su cuenta de X, respondía directamente a una publicación del partido político Más Madrid, que le criticaba con la frase: «Lo que hará Almeida para regular los precios de los alquileres en Madrid, acompañada de un espacio completamente en blanco y una imagen con el texto «NADA». El alcalde aprovechó la ironía para confirmar de manera contundente y con una sola palabra, exactamente, afirmó sin pudor alguno que no intervendría el mercado inmobiliario [1, 2]. De hecho, las medidas que ha tomado los del «seremos fascistas, pero sabemos gobernar» han sido las siguientes:

17-07-2023 – Nuevas Normas Urbanísticas de Madrid

El Gobierno de Almeida aprobó una modificación muy amplia de las Normas Urbanísticas del PGOU, que entró en vigor en noviembre de 2023.

La propia documentación municipal señala como objetivos «impulsar y facilitar los futuros desarrollos», favorecer la actividad económica y «abrir aún más la puerta a la inversión». Entre las modificaciones está la introducción de nuevas categorías como:

• coliving/residencia compartida;
• cohousing;
• flexibilización de determinados usos;
• modificaciones de las condiciones de edificabilidad;
• adaptación de usos terciarios;
• posibilidad de transformar determinados inmuebles y equipamientos.

En el caso del coliving se permiten unidades privativas considerablemente menores que una vivienda convencional: 15 m² para una persona y 10 m² por persona cuando sean varias, compensadas con espacios comunes. Esto permite estudiar una posible transformación del concepto de vivienda en alojamiento residencial de menor superficie y potencialmente explotable mediante modelos inmobiliarios distintos del alquiler residencial convencional.

2024 – Concurso de parcelas municipales para coliving (Coliving en suelo municipal: alquiler a precio de mercado)

El Ayuntamiento de Almeida sacó a concurso tres parcelas municipales en Tetuán y Carabanchel para construir alrededor de un centenar de alojamientos de coliving.
El propio Ayuntamiento especificó que tendrían entre 25 y 35 m² y se alquilarían a precios de mercado. Además, los pliegos establecieron que como mínimo el 55 % de la edificabilidad se dedicaría a residencia compartida en régimen de alquiler libre. Es decir:

Suelo perteneciente al patrimonio municipal se entrega mediante concurso para alojamiento coliving provocando el alquiler libre (precio de mercado).

En resumen: utilización de patrimonio público para desarrollar vivienda no protegida.

En la propuesta de modificación de las normas urbanísticas impulsada por el Gobierno municipal se contemplaba permitir VUT (viviendas turisticas) en planta baja y primera, siempre que no hubiera viviendas en plantas inferiores. La propia documentación municipal explicaba esa modificación que posteriormente, el Gobierno de Almeida modificó su enfoque con RESIDE. Cronologicamente explicado, el PP de Almeida hizo lo siguiente:
2021/2022 – propuesta de modificación: flexibilización de determinados usos turísticos.

2023 – nuevas Normas Urbanísticas: integración del PEH y mantenimiento de su régimen.

En 2024 se supone que introdujo normas de endurecimiento, o así lo vendió el Ayto del PP, pero la trampa está en que Almeida no plantea eliminar el negocio de las VUT, sino desplazarlo y concentrarlo en determinados edificios y zonas, permitiendo además que determinados inmuebles residenciales se conviertan temporalmente en edificios turísticos completos. Osea, si plan no elimina el uso turístico, lo concentra.

El Ayuntamiento presenta RESIDE como una protección de la vivienda porque prohíbe las VUT dispersas en edificios residenciales del centro histórico. Pero simultáneamente establece que:

En edificios que no sean de uso residencial, los pisos turísticos se admiten sin limitaciones.

Y, fuera del centro histórico, siguen permitiéndose VUT tanto en edificios completos como viviendas dispersas, con la condición adicional del acceso independiente. Es decir, el modelo no es que la vivienda turística quede prohibida sino que la VUT dispersa esté restringida en determinadas zonas: que la VUT quede concentrada en zonas permitidas, lo cual incluye a edificios completos.

El RESIDE modificado por el PP de Almeida permite que, en determinadas circunstancias, un edificio residencial catalogado situado en una calle no terciarizada pueda transformarse íntegramente en alojamiento turístico durante 15 años, mediante una licencia vinculada a su rehabilitación.

El mecanismo permite que se pueda especular con un edificio residencial transformándolo en tero en un edificio de uso turístico exclusivo con la excusa de su rehabilitación (justificando así las reformas para volverlo turístico) y nada menos que durante 15 años para después volverlo de nuevo residencial, pero con una trampa más añadida.

La cuestión económica es evidente: si el propietario puede obtener durante 15 años una rentabilidad turística superior a la residencial, el edificio continúa siendo explotable como activo turístico, aunque se haya eliminado la VUT individual dentro de un bloque residencial.

Por tanto, RESIDE no elimina el negocio de la vivienda turística: restringe la VUT dispersa y facilita su concentración en edificios completos y determinados ámbitos, permitiendo incluso el supuesto cambio temporal de edificios residenciales a uso turístico durante 15 años.

Otra trampa y engaño del PP: El Ayuntamiento justifica precisamente el modelo diciendo que quiere evitar que turistas y residentes compartan edificio y apuesta por concentrar la actividad turística en bloques destinados íntegramente a esa actividad.

El PP siempre dice que hace medidas para defender al pequeño propietario, o al menos es a quien en los medios siempre menciona para justificarse. Pero en este caso es donde más claro se ve a quiénes favorece realmente: ¿Quién está comprando edificios completos en Madrid para convertirlos en alojamientos turísticos?

Un pequeño propietario, un propietario particular, no tiene capital para comprar un edificio entero. Ahí es donde entran fondos inmobiliarios, SOCIMI, grandes propietarios y operadores turísticos. Para afirmar que el Plan beneficia específicamente a alguno de ellos habría que identificar las operaciones concretas.

La trampa final es su prohibición en el centro histórico: los edificios que NO sean de uso residencial tienen el VUT sin limitaciones, según la descripción municipal del Plan. Eso significa que un inmueble terciario puede convertirse en alojamiento turístico sin estar sujeto si quiera al límite de 15 años que se aplica al supuesto anterior. Por eso es fundamental la distinción entre:

• edificio residencial;
• edificio terciario;
• edificio completo turístico;
• VUT individual

No basta con decir «RESIDE prohíbe los pisos turísticos». No los prohíbe en toda la ciudad ni en todos los tipos de edificios. A lo que cabe señalar que el PP les da manga ancha a los pisos turísticos fuera del centro histórico. Fuera de él la regulación es aún bastante más permisiva Este punto es especialmente importante y suele perderse en los titulares. El propio Ayuntamiento dice:

fuera del centro histórico se permite la implantación de pisos turísticos tanto en edificios completos como en viviendas dispersas.

La única novedad relevante para las viviendas dispersas es que deben tener acceso independiente.

2025-2026 – Plan Suma Vivienda (Venta de suelo público para vivienda gestionada privadamente)

El Ayuntamiento está utilizando fórmulas de colaboración público-privada para desarrollar vivienda en Los Berrocales y Los Ahijones. La primera fase comprende 27 parcelas municipales y unas 1.600 viviendas, y la segunda más de 600. El sistema consiste en que operadores privados desarrollan las promociones sobre suelo municipal. El problema es ¿Durante cuánto tiempo permanece el control público sobre esas viviendas y qué ocurre después? ¿Se acuerdan de Ana Botella? 

2026 – Venta de 10 parcelas de suelo público por más de 82 millones de euros para 1.017 viviendas.

Según la información publicada, las viviendas tendrán alquileres de unos 949,50 €/mes para 90 m², con posibilidad de compra después de siete años por unos 324.000 €, y la titularidad/gestión sería privada durante 15 años. La oposición municipal ha criticado la operación precisamente por la pérdida de patrimonio público y por su posible efecto especulativo, tal y como sucedió con Ana Botella.

2020-2021 – política fiscal del Ayuntamiento (Bonificaciones fiscales municipales).

El Gobierno PP-Cs impulsó sucesivas reducciones fiscales.  En 2021 el Ayuntamiento anunció una reducción de 107,5 millones de euros en impuestos y tasas. Entre las medidas estaba la reducción del IBI y distintas bonificaciones fiscales. En otro balance de 2021, el Ayuntamiento cifró en más de 250 millones de euros el ahorro acumulado mediante tres paquetes fiscales.

Algún ingenuo podría pensar que esta medida se hizo, tal y como ellos se venden (anti-impuestos) para los ciudadanos comunes y pequeños propietarios. Después de todo, un partido se llamaba «ciudadanos» y otro «popular», y todo sabemos que basta con autonombrarse de una forma para serlo. ¿Cierto? La trampa está en que la rebaja general del IBI beneficia proporcionalmente más a quien tiene más valor inmobiliario.

En 2020 Almeida y Cs redujeron el tipo general del IBI del 0,510 % al 0,483 %, una rebaja del 5,39 %. El Ayuntamiento calculó un ahorro de 54,8 millones de euros para los contribuyentes. Esto es una reducción proporcional al valor catastral. Por ejemplo, para simplificarlo y que lo entiendan: un inmueble con valor catastral de 100.000 € obtiene un ahorro relativamente pequeño; un inmueble de 1 millón € obtiene aproximadamente diez veces ese ahorro. El propietario de 20 inmuebles  obtiene el ahorro en cada uno. Por tanto, aunque la medida sea universal, en términos absolutos beneficia más a quien posee más patrimonio inmobiliario. Ahora echen las cuentas de cuanto dinero dejaron de introducir a las arcas públicas grandes propietarios, empresas inmobiliarias, SOCIMI, fondos, hoteles, oficinas, etc. Dinero que bien gestionado y no gestionado por políticos proespeculadores (neoliberales) habría sido destinado para ayudas sociales, construir vivienda pública no vendible a estos especuladores y a precios asequibles…

Con respecto a los incentivos, la otra posible «trampa» en el RESIDE de Almeida consiste en transformar activos inmobiliarios: RESIDE también introduce incentivos urbanísticos para transformar edificios de oficinas en viviendas, incluyendo incremento de edificabilidad.

¿Y porqué Marínez Almeida no piensa hacer nada en contra de la especulación y sí a favor de las rentas altas? Pues muy sencillo, pues porque, al igual que los Aznar y Botella, su familia es especuladora. Son dueños de Inversiones Doalca Socimi, S.A. que cuenta con más de 30 km cuadrados en inmuebles, siendo dueños de edificios enteros: como San Bernardo 123, Príncipe de Vergara 109, Magallanes 1 y 3, Velázquez 50 y Francisco Silvela 112.

De los 9 miembros del Consejo de Administración de Inversiones Doalca SOCIMI, al menos 4 están vinculados familiarmente con la familia de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

✅Carmen Fernández de Araoz y Marañón: Abuela paterna de Teresa Urquijo y una de las principales accionistas de Doalca.
✅Victoria Urquijo Fernández de Araoz: Familiar de la rama Urquijo vinculada a la esposa del alcalde.
✅Pedro Urquijo Fernández de Araoz: Familiar de la rama Urquijo vinculada a la esposa del alcalde.
✅María Barroso Fernández de Araoz: Miembro de la familia Fernández de Araoz, vinculada al entorno familiar de Teresa Urquijo.

El vínculo económico también es relevante: Carmen Fernández de Araoz y Marañón poseía el 32,90 % del capital de Doalca a 30 de junio de 2026, según la información publicada sobre la sociedad.

El plan IDA para solucionar el problema de la vivienda

La perra (el falangista Eduardo García Serrano la denominó como tal cuando dijo que ella le perseguía como un caniche y luego literalmente fue @soypecas) de Esperanza Aguirre, su mentora y quien le facilitó su carrera política con un sueldo público desde que entró en uno de sus chiringuitos (Madrid Network) por un sueldo de más de 4000 euros al mes, también se benefició de las «ayudas del PP a la vivienda». A la suya concretamente.

Gracias al PP, Isabel Natividad Díaz Ayuso pasó de cobrar como diputada y portavoz del PP en la Asamblea de Madrid más de 4200 euros al mes (más de 50.000 euros brutos al año) a cobrar como presidenta de la Comunidad más de 100.000 euros brutos al año. En 2026 su retribución continúa congelada en 103.090 euros anuales, una cantidad que lleva años manteniéndose mientras Madrid afronta una de las mayores presiones sobre el mercado del alquiler gracias a su partido.

Pero, por lo visto, ni siquiera más de 100.000 euros públicos anuales son suficientes para resolver determinados problemas inmobiliarios. Así que, gracias a las casualidades que proporciona gobernar Madrid:

Gracias al entorno político del PP, sus padres pudieron transmitirle en octubre de 2011 la nuda propiedad del piso familiar de Chamberí, pocas semanas antes de que venciera el primer plazo para devolver el crédito de 400.000 euros concedido por Avalmadrid a una empresa participada por su padre. Posteriormente llegaron los impagos y Avalmadrid no consiguió recuperar el dinero. Un informe interno de la propia entidad señaló después deficiencias en la gestión del cobro. Conviene precisar que el aval se concedió en 2011, cuando Ayuso todavía no era presidenta ni miembro del Gobierno autonómico, pero Avalmadrid estaba participada por la Comunidad de Madrid (gobernado desde los 90 por su partido, el PP).

Gracias a su condición de presidenta, durante la pandemia pudo alojarse durante 69 días en dos apartamentos de lujo de Room Mate, uno para dormir y otro para trabajar, pagando finalmente 5.680 euros, según la factura que hizo pública. La estancia estuvo rodeada de polémica porque, paralelamente, la Comunidad publicó y retiró después un contrato inicialmente atribuido a Room Mate por más de medio millón de euros, alegando posteriormente («casualmente» cuando se descubrió dicho contrato por parte de los medios) que había sido «un error».

Gracias al Gobierno del PP de Madrid, en 2025 pudo pasar un fin de semana con su familia en un chalé con piscina propiedad de la Comunidad de Madrid en Rascafría. El inmueble había sido adquirido en 2023 por 4,3 millones de euros, junto con una finca de 453 hectáreas, para incorporarla al entorno del Parque Nacional de Guadarrama. La Comunidad defendió que el uso de la vivienda por Ayuso estaba permitido y que no utilizó personal ni servicios públicos; ella explicó que llevó su propia comida. Es decir: la casa la pagaron los madrileños, pero al menos el tupper fue suyo.

Gracias al entramado de contratos y negocios alrededor de Quirón, mientras Ayuso presidía una Comunidad que adjudicaba importantes contratos al grupo sanitario, su pareja, Alberto González Amador, incrementó extraordinariamente su facturación con Quirón Prevención. En 2020 sus empresas habían facturado 275.273,83 euros a Quirón Prevención; en 2021, ya iniciada su relación con Ayuso, los pagos ascendieron a 1.049.500 euros. Entre 2021 y 2023 llegaron a 4,4 millones de euros. Además, la Comunidad de Madrid adjudicó a Quirón Prevención casi 3 millones de euros entre contratos y prórrogas desde el inicio de la relación, frente a 1,8 millones entre 2017 y 2020.

Y aquí viene la parte en la que la palabra «casualidad» empieza a trabajar horas extraordinarias: González Amador (alias «Alberto Quirón», así apareció en la agende de contactos de Migue Ángel Rodríguez) está actualmente pendiente de juicio por delitos fiscales y falsedad documental. La Fiscalía sostiene que defraudó 350.951 euros correspondientes a 2020 y 2021 mediante facturas que considera falsas. En 2024 su defensa llegó a ofrecer un acuerdo en el que reconocía la comisión de dos delitos contra Hacienda, mientras su novia le defendía usando su posición pública como Presidente y el jefe de gabinete de esta, Miguel Ángel Rodríguez fabricaba bulos contra el Fiscal General del Estado, a que hacienda le había remitido el caso por superar el fraude los 155.000 euros: Hacienda detectó un fraude de 350.951,41 euros en dos ejercicios fiscales y, al apreciar indicios de delito (155.000 euros correspondientes a 2020 y 195.951,41 euros a 2021) remitió el expediente a la Fiscalía Provincial de Madrid el 17 de enero de 2024.

Gracias al Gobierno del PP de Madrid, en abril de 2026 una empresa pública de la Comunidad, Planifica Madrid, compró por 6,3 millones de euros un ático de lujo de 485 metros cuadrados, con unos 200 metros de terraza, en Chamberí. La primera explicación oficial fue que serviría como oficina provisional para Ayuso durante las obras de la Real Casa de Correos; posteriormente el propio Gobierno regional reconoció que el inmueble también estaba previsto como «alojamiento ocasional» para autoridades de la Comunidad.

Y no era precisamente un pisito que apareciera de casualidad en Idealista. Antes de comprarlo, el Gobierno había contactado con una inmobiliaria especializada en vivienda de lujo y buscaba inicialmente un ático de entre 250 y 400 metros cuadrados con una gran terraza. La primera opción localizada estaba en el paseo del Pintor Rosales: unos 350 metros cuadrados y 200 de terraza por 4 millones de euros. No convenció. La segunda opción fue el ático de Chamberí, de 485 metros cuadrados, que terminó costando 6,3 millones.

La operación incluyó aproximadamente 189.000 euros de comisión inmobiliaria y otros 378.000 euros en impuestos, elevando el desembolso por encima del precio de compraventa.

Después de que la prensa descubriera la operación, el Gobierno de Ayuso decidió poner el inmueble a la venta. La primera subasta quedó desierta, sin una sola oferta. Ahora vuelve a sacarlo al mercado, con un precio de referencia de alrededor de 6,7 millones de euros.

Gracias al Gobierno del PP de Madrid, por tanto, Ayuso ha tenido a su disposición un catálogo inmobiliario bastante más variado que el de la mayoría de los madrileños: piso familiar en Chamberí, apartamentos de lujo durante la pandemia, chalé público en Rascafría y, finalmente, un ático de 485 metros cuadrados adquirido por 6,3 millones de euros por una empresa pública de la Comunidad.

Todo esto mientras su discurso oficial insiste en que Madrid es un lugar donde cada uno debe resolver individualmente sus problemas de vivienda. O como poco, que los resuelvan otros. Como al Estado, gobernado por sus adversarios, al que siempre delega todas las responsabilidades que ni ella ni su partido jamás asumen, aunque tengan las competencias (sí, señores, España está compuesta por autonomías) o que, cuando las asumen, legislan para favorecer a su clase. Porque la especulación es «sagrada» para ellos, neoliberales. Ellos no están para regular nada que beneficie a los ciudadanos comunes. Eso sí, para regular favoreciendo a los propietarios de rentas altas, especuladores y explotadores…

Porque, aparentemente, la libertad de mercado consiste en que tú busques piso; y la libertad de una presidenta del PP, en que las instituciones públicas que su partido controla ya se encarguen de buscarlo por ella.

BlackRock y los fondos buitre

BlackRock es el mayor fondo de inversión del mundo (gestiona más de 10 billones de dólares). En España tiene una presencia enorme: es el principal inversor institucional del Ibex 35 (participaciones relevantes en Santander, BBVA, etc.) y gestiona decenas de miles de millones de euros en el país (acciones, deuda pública y también tiene negocios en el sector inmobiliario).

Durante años, Sánchez y el PSOE han cultivado activamente la relación con BlackRock y otros grandes fondos:

• Reuniones públicas y privadas con Larry Fink (CEO de BlackRock) en 2021 (Nueva York), 2023 (Davos) y otras ocasiones. Sánchez las publicaba en X/Twitter destacando que BlackRock “confía en las perspectivas económicas de España” y apuesta por inversiones en sostenibilidad y digitalización.
• En 2021, poco después de pactar la Ley de Vivienda con Podemos, Sánchez viajó a Nueva York y se reunió con BlackRock, Blackstone, Lone Star y otros fondos para atraerles inversión inmobiliaria, garantizándoles “seguridad jurídica”.
• Venta de un edificio público: En 2023-2024 el Estado (Hacienda) vendió el edificio de María de Molina 50 (barrio de Salamanca, Madrid) a una sociedad del Grupo Lar junto con fondos gestionados por BlackRock por unos 205 millones de euros. El proyecto es de viviendas de lujo (alrededor de 153) y una residencia de estudiantes de alto standing.
  El propio PSOE de Madrid y el ministro Óscar Puente celebraron públicamente en 2023-2024 las inversiones de BlackRock en España, usándolas como argumento de que “hay seguridad jurídica” y que incluso un país “gobernado por socialcomunistas” atrae a los grandes fondos.

El cambio de discurso actual del PSOE

En 2026, con la crisis de la vivienda como tema central (y ante el rechazo de sus decretos en el Congreso por parte de toda la derecha: PP, VOX y Junts), Sánchez ha pasado a atacar frontalmente a los “fondos buitre”. Presenta sus nuevas medidas de vivienda como una forma de “poner pie en pared” a estos fondos, combatir la especulación y “ser traidor” a ellos.

No es que el Gobierno “apoyara” a BlackRock de forma ideológica o les regalara dinero. Es más bien que los atrajo activamente como inversores (algo habitual en casi todos los gobiernos) y ahora, ante la presión política por el precio de la vivienda, los ha convertido en el enemigo a batir. La derecha lo utiliza para denunciar incoherencia y cinismo.

Una persona vería este cambio de ideas y políticas, cuando estos significa acabar con un problema, como algo positivo. Pero cuando hablamos de la derecha neoliberal estamos hablando de gente que actúa como una secta apoyada en falacias ad antiquitatem y en el sesgo de anclaje, como hace con su religión. Así que su estrategia para atacar al PSOE ha sido señala el cambio de postura efectiva como una contradicción: antes se presumía de atraerlos y se les vendían activos públicos y ahora se les demoniza cuando conviene políticamente. A efectos prácticos, en eso consiste la política: buscar apoyos en la ciudadanía y parlamentarios, pero cuando lo hace la derecha parece estar bien y cuando lo hacen otros no. El problema de buscar votos no está en el hecho en sí de decir una cosa u otra sino en las acciones. Las palabras se las lleva el viento pero los hechos no. El PSOE (que como expliqué es socioliberal) no solo ha dado discursos criticando a los fondos buitre sino que ha intentado legislar en su contra. ¿Ha hecho la derecha lo mismo?

El PP no ha cambiado de postura en el mismo sentido que el PSOE. Mientras el Gobierno de Sánchez ha pasado de atraer y celebrar a los grandes fondos a intentar limitar (aunque de forma parcial y temporal) algunas de sus operaciones en vivienda, el Partido Popular mantiene una línea coherente de defensa de la inversión privada, incluida la de fondos internacionales, y de rechazo a la regulación que los frena.

Postura oficial del PP

El PP considera que los fondos de inversión (los que la izquierda llama “buitre”) son parte de la solución, no del problema. Argumentan que aportan capital necesario para construir vivienda y que el problema de la vivienda se resuelve aumentando la oferta (más suelo, menos burocracia, seguridad jurídica), no restringiendo a los inversores.

Ejemplos claros y recientes:

• Reuniones con fondos: En septiembre de 2026, el equipo económico del PP se reunió con fondos de inversión inmobiliaria y les pidió explícitamente que no abandonen el mercado español, argumentando que su capacidad financiera es clave para solucionar el déficit de vivienda.
• Propuestas legislativas: El PP ha presentado iniciativas para facilitar los desahucios a personas jurídicas (bancos, empresas y fondos), permitiendo juicios verbales rápidos que hasta ahora estaban más limitados a particulares. También quiere reducir plazos de suspensión por vulnerabilidad cuando el propietario es una empresa o fondo.
• En Castilla-La Mancha (octubre 2026): El PP presentó enmiendas a la ley de vivienda del Gobierno de Page pidiendo bajar impuestos a empresas inmobiliarias (incluyendo tipos reducidos en transmisiones patrimoniales) y agilizar desahucios en el parque público. El Gobierno de Page lo criticó como favorecimiento a los “fondos buitre”.

Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid)

Es el caso más visible. Ayuso ha sido muy clara: en un foro organizado por BlackRock (septiembre 2025) dijo textualmente:

“No vamos a intervenir la vivienda, ni del alquiler ni de la venta… Vamos a defender la propiedad privada como un principio”

y les dio la bienvenida a invertir en Madrid porque “se encuentran en el mejor momento y en el mejor lugar”.

Lo irónico es que ha criticado con dureza las medidas del Gobierno central contra los fondos y ha usado la hemeroteca de Sánchez (la venta del edificio de María de Molina a BlackRock/Lar) para acusarle de hipocresía. Pero no por cambiar de opinión para defender a fondos buitre sino por criticarlos.

Madrid, bajo gobiernos del PP, ha sido históricamente un destino atractivo para estos fondos (incluyendo la polémica venta de viviendas sociales de la época de Ana Botella a Fidere/Blackstone, como ya expuse).

Lo realmente preocupante en todo esto es que PP no ha “blanqueado” de forma oportunista. Su posición es consistente con su ideología liberal-conservadora: confía más en el mercado (y en ese mantra falaz que repiten de le mal llamadas «Ley de oferta y demanda») y en la inversión privada (incluyendo fondos internacionales) que en la regulación restrictiva. Mientras el PSOE ha virado por presión social y política (la única ventaja que hay frente a él desde siempre para que haga políticas sociales), el PP sigue en la misma línea de siempre: atraer capital para beneficiarse (los negocios se hacen entre personas adineradas para obtener más beneficios) y facilitar su actividad dándoles manga ancha para que hagan y deshagan en España a su gusto.

La patria de la derecha (desde que nació tras la Revolución Francesa, por estar en su genética ideológica), en resumen, no ha sido el pueblo que la compone: la patria para la derecha siempre ha sido su propio bolsillo.

Notas

* Algunos no lo saben y otros por su fanatismo sesgado hacia la derecha pretenden ignorarlo porque les viene muy bien para usar su Principio de Simplificación de Goebbels, pero «gracias» a Felipe González dejó de ser de izquierdas cuando el partido fue presionado por este en su Congreso de mayo de 1979. Durante el XXVIII Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebrado en Madrid del 17 al 20 de mayo de 1979, el entonces secretario general, Felipe González, propuso eliminar el término marxista. El pleno del congreso rechazó su propuesta y el partido se reafirmó temporalmente en las tesis marxistas, pero González (el que más tarde empezaría con su oleada masiva de privatizaciones y acabaría él y todo su gobierno en puertas giratorias, para luego pasear junto de la mano de José María Aznar dando conferencias juntos), tras perder la votación, renunció a su cargo de secretario general para dejar sin líder al PSOE y con ello presionar al partido. La dirección del partido pasó provisionalmente a una comisión gestora. Varios meses después, el Congreso Extraordinario del PSOE celebrado en septiembre de 1979 aprobó retirar la palabra «marxista» de sus estatutos y definición programática, así que Felipe González, encantado, volvió a la secretaría general con un abrumador apoyo de los delegados (85,9 % de los votos), consolidando su liderazgo y el nuevo rumbo político del partido: el partido dejó de ser socialista para volverse «sociolibertal», a lo que ellos llamaron más «moderado» en sus posiciones de izquierdas. El PSOE, desde entonces (y sobre todo bajo el mando de «los varones» encabezados por González) solo usarían el pedigrí del partido, su pasado y nombre, como propaganda para ser «la izquierda» aprovechándose del bipartidismo en el que su único adversario en ese turnismo sería la obvida derecha formada por una coalición de partidos fundados por ministros de la dictadura franquista bajo el nombre de Alianza Popular y luego rebautizado como Partido Popular.

Nota 2: Al comienzo del video, en la entrevista con Abad, cuando este le pregunta si puede hacer algo con la vivienda en Madrid, Ayuso afirma que ella no hace nada porque «las leyes son Estatales». ES FALSO. 

La propia legislación madrileña establece que la Comunidad tiene competencia exclusiva en materia de «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda». El artículo 26.1.4 del Estatuto de Autonomía lo dice expresamente.

Qué puede hacer Madrid

La Comunidad de Madrid tiene capacidad legislativa y ejecutiva para desarrollar su propia política de vivienda. De hecho, el propio BOE lo reconoce de forma particularmente clara: la Comunidad de Madrid tiene «competencia plena en materia de vivienda».

Eso incluye, entre otras cosas:

• Construir y promover vivienda pública a través de la Agencia de Vivienda Social.
• Regular la vivienda protegida y establecer sus condiciones.
• Regular el suelo y el urbanismo, determinando qué, cuánto y dónde se puede construir dentro del marco estatal.
• Desarrollar legislación autonómica en materia de vivienda.
• Establecer programas autonómicos de ayudas al alquiler y al acceso a la vivienda.
• Gestionar el parque público de vivienda de la Comunidad.
• Adoptar medidas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana.
• Utilizar sus competencias urbanísticas para aumentar la oferta de vivienda, incluida la protegida.

Y esto no es una interpretación política: la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid afirma que corresponde a Madrid la competencia autonómica plena en «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda» y que dispone de título competencial suficiente para regular el régimen jurídico del urbanismo en la región.

No es un problema de incapacidad legal, es un problema de negación por ideología. No solo de negación, sino de activismo ideológico explícito en contra de lo que dicta la Constitución Española cuando da derechos, como el derecho a tener una vivienda digna. Es un problema ideológico: porque una ideología que no solo no hace nada ni critica sino que defiende activamente a las grandes fortunas, por considerarse de la misma clase que ellas, jamás va a luchar contra la especulación causada por dichas grandes fortunas.

Lo que uno debe plantearse es cuántos filoespeculadores (neoliberales) hay dentro de cada partido político y por tanto, cuanto peso tienen estos dentro de él como para encaminar ese partido y las políticas que legislan hacia ese camino. Y por supuesto, luego ver el dichoso BOE para ver quienes legislan qué. La ignorancia no te exime como votante de ser el culpable de aquello que decides votar.