No, no es un bulo. Es la pura realidad a la que nos tienen acostumbrados los del PSOE: decir una cosa, hacer la otra. pic.twitter.com/VqX56pHY5W
— Raúl LM (@raul_lucena) November 7, 2025
La afirmación del tuit de @raul_lucena, que presenta la noticia de La Razón como «la pura realidad» de hipocresía del PSOE, es un bulo mal armado, basado en fuentes anónimas dudosas y contradicciones flagrantes. Tan bulo, que hasta Telemadrid (gestionado por el PP y con denuncias de sus propios trabajadores por manipulación sesgada y partidista) tuvo que moderarse en su titular cuando publicó exactamente el mismo bulo.
1. El hospital NO es privado ni «de Quirón» como se pinta
El Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles es un centro público, integrado en la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de la Comunidad de Madrid. Ofrece atención universal y gratuita a pacientes del sistema público, financiado con dinero público.
Sí, está bajo gestión concesionada a Quirónsalud (un modelo público-privado donde una empresa privada opera el centro con fondos públicos, pero el servicio es público). Esto no lo convierte en un «hospital de Quirón» elitista privado, como implica el titular sensacionalista. Es como acusar a alguien de ir a un «supermercado de Mercadona» cuando compra en uno gestionado por ellos en una cadena pública. Puente usó un servicio público, coherente con su defensa de la sanidad pública.
De hecho, Puente ha criticado precisamente a Quirón públicamente por recibir más de 5.000 millones de euros públicos de Ayuso en 6 años (algo reconocido por la propia Comunidad de Madrid), llamándolo «elitista». Ir a un hospital público gestionado por ellos no es hipocresía; es usar lo que le toca como ciudadano.
2. La «exclusiva» viene de Alvise Pérez, rey de los bulos sin pruebas
La noticia se basa en un «adelanto» de Alvise Pérez en Telegram, sin evidencia alguna (ni fotos, ni documentos, ni testigos identificados).
Alpiste revela que Óscar Puente acude a la Sanidad PRIVADA (la Quirón con la que vinculan al novio de Ayuso) y además saltándose la cola y provocando un retraso en el tratamiento a otros pacientes que tenían el horario programadohttps://t.co/JlWYc7iCC1https://t.co/LFu2EAeJXA
— Carlos Ruiz Miguel (@DesdelAtlantico) November 7, 2025
La Razón lo «confirma» citando «fuentes» anónimas, pero admite que ni la dirección médica ni la del hospital estaban al tanto de la visita ni del supuesto «trato preferente». ¿Cómo demonios se salta alguien la lista si ni el hospital sabe que va? Es una contradicción lógica que hace colapsar la historia.
Alvise es un experto en desinformación: ha sido desmentido por Maldita.es y otros verificadores en docenas de casos. Compartir esto como «realidad» es naíf o intencionado.
A pesar de eso, tanto La Razón como Telemadrid, este último lo despacha como «Según fuentes a las que ha tenido acceso Telemadrid», han preferido publicar el bulo.
3. Viola la privacidad médica: es ilegal y éticamente asqueroso
Revelar datos de salud de alguien (como una colonoscopia) sin consentimiento es un delito grave bajo el RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España.
No hay autorización de Puente, y el artículo incluye hasta una foto de él en un juzgado (irrelevante). Esto no es periodismo; es acoso. En las respuestas al tuit, varios usuarios lo señalan y piden que Puente denuncie (y debería). Es como si publicaran tu historial médico para atacarte políticamente: repugnante. Pero ya nos hemos acostumbrado a este tipo de «periodismo» desde el mismo instante en que panfletos como OKDiario, directamente financiados por el PP, los sigan hasta al ginecólogo y publiquen hasta las imágenes de las ecografías de los adversarios políticos.
4. No hay prueba de «saltarse la lista»: puro humo
Las colonoscopias en sanidad pública madrileña tienen listas de espera (media de 60-90 días, según datos del Ministerio de Sanidad), pero el artículo no aporta ninguna evidencia concreta: ni registro médico, ni testimonio verificable, ni comparación con otros pacientes. Solo «se dice» que entró por «otra puerta» (¿seguridad de un ministro? ¿Posible?). Sin pruebas, es especulación para generar indignación.
En hospitales públicos, figuras públicas como ministros suelen tener protocolos de seguridad que incluyen accesos separados, pero eso no equivale a «colarse». Si fuera tan grave, el hospital (o el propio Puente) ya habría reaccionado oficialmente. Hasta ahora, silencio del protagonista, lo que sugiere que no vale la pena dignificarlo con una respuesta.
5. Contexto político: un ataque previsible y cutre
Esto huele a campaña de descrédito de la derecha madrileña (PP-Vox), que defiende las concesiones a Quirón mientras Puente las critica por drenar fondos públicos. El tuit de @raul_lucena encaja en ese patrón: «PSOE dice una cosa y hace otra», pero ignora que el hospital es público. Es el clásico bulo para polarizar, como los que Puente ha desmontado antes (ej. bulos sobre Ábalos o su agenda).
En resumen, esto no es «realidad»; es un montaje flojo para atacar al PSOE, amplificado por medios afines y tuiteros. Si se quiere comprobar esto basta con mirar los datos reales sobre listas de espera y los informes oficiales del Ministerio de Sanidad: Madrid tiene retrasos crónicos por recortes y privatizaciones como esta. Si Puente demanda (como sugieren las respuestas), veríamos realmente quién ríe último.
Razones: ocultar los casos de las mamografías
El escándalo de las mamografías en Andalucía, destapado en septiembre de 2025, ha revelado fallos graves en el programa de cribado de cáncer de mama gestionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Al menos 2.317 mujeres no recibieron notificación de resultados dudosos en sus pruebas desde 2021, lo que ha retrasado diagnósticos y tratamientos, poniendo en riesgo vidas. La oposición (PSOE, Por Andalucía e IU) y asociaciones como Amama denuncian una «ocultación deliberada» por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía (PP, presidido por Juanma Moreno Bonilla). Aunque la Junta lo atribuye a «errores técnicos» y niega manipulaciones, las evidencias apuntan a motivos políticos y estructurales para minimizar o esconder el problema.
Desde abril de 2021, en el Hospital Virgen del Rocío (Sevilla, el más afectado con el 90% de casos), se ordenó a técnicos dejar de notificar resultados dudosos porque «lo haría el nuevo sistema informático» gestionado por NTT Data (multinacional japonesa con subcontratas locales). Este cambio, durante la transición a un software nuevo, creó un «limbo diagnóstico»: pacientes derivadas a colas generales con esperas de hasta 2 años, sin alertas.
Oficialmente, el SAS justificó no notificar para «no generar ansiedad innecesaria» en mujeres con resultados «no concluyentes». Pero esto viola protocolos europeos (seguimiento en 15-30 días) y ha resultado contraproducente: cánceres avanzados, mastectomías y demandas colectivas en marcha.
El sistema está colapsado por cronicidad (1 millón de andaluces con múltiples enfermedades) y envejecimiento poblacional, con listas de espera eternas. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero (exconsejera de Salud andaluza), lo califica de «insostenible» por políticas del PP que priorizan conciertos privados (22% de andaluces con seguro privado, +25% desde 2019).
Ocultar evitó un «efecto dominó» de derivaciones urgentes que habría expuesto la saturación. También evita admitir que la externalización a empresas privadas (NTT Data ganó concursos públicos por millones) falló, lo que cuestionaría el modelo de «eficiencia» del PP. Andalucía tiene la menor ratio de radiólogos (7,2 por 100.000 habitantes), agravando atascos por falta de personal.
La estrategia es minimizar el impacto político y evitar responsabilidades: el Gobierno del PP ha enfrentado críticas por recortes en sanidad pública y privatizaciones encubiertas, pese a alardear de un aumento del 55% en el presupuesto sanitario desde 2019. Revelar fallos masivos en un programa clave como el cribado de cáncer de mama (que detectó 1.792 lesiones en 2025) habría erosionado su imagen de «gestión eficiente». Por eso la consejera de Salud, Rocío Hernández, dimitió el 8 de octubre de 2025 tras minimizar el caso a «dos o tres incidencias» y culpar a las víctimas de «magnificar» el problema y por eso gente como Raúl Lucena están constantemente emitiendo noticias y bulos como este.
Sobre Raúl Lucena
Raúl Lucena (cuyo nombre completo es Raúl Lucena Martinez) es un politólogo y sociólogo español, originario de Granada pero radicado en Sevilla. Se describe a sí mismo como un profesional enfocado en la política basada en datos, con un enfoque analítico y crítico hacia la gestión pública.
Entró en la órbita pública a través del PP andaluz, donde según su CV lleva prácticamente toda su vida. Su rol actual en la Junta implica tareas de comunicación, análisis y defensa de políticas del gobierno autonómico.
Raúl Lucena no es un cargo electo de alto perfil (como diputado o alcalde), pero sus conexiones con el PP son directas y orgánicas, integrándolo en la estructura del partido a nivel autonómico: trabaja explícitamente ocupando un cargo en el gobierno de Andalucía, en la Junta de Andalucía, liderada por el Partido Popular (PP) bajo Juan Manuel Moreno Bonilla desde 2018, lo que lo posiciona como un funcionario o asesor vinculado a dicho partido. Andalucía ha sido un bastión clave para el PP desde 2019, y Lucena participa en la narrativa oficial del gobierno y criticando al PSOE y a la izquierda para justificar las políticas del partido del que lleva dependiendo su sueldo desde hace más de una década.
