El PP siempre vota en contra de los derechos laborales

Ya expliqué donde se crea y nace la derecha, quiénes son y cuál es su ideología. Al igual que su sucedáneo más radical, heredero ideológico y conductual del fascismo que fundó el PP y al cual ya le dediqué un artículo recopilando qué votó allá donde ocupó un escaño, el Partido Popular tiene por costumbre clasista apoyar siempre a la élite económica dueña de empresdas y sociedades, y sobre todo capitales, fondos buitre… frente a la clase obrera y trabajadora, mal llamada «clase media», la cual pese a sus engaños engloba también a PYMES y autónomos. En este artículo vamos a recopilar, al igual que hicimos con su sucedáneo VOX, todas las veces en la que el PP se ha opuesto y ejercido su posición política en el Estado (en el Congreso y el Parlamento), para ir en contra de los derechos laborales y así favorecer a esa élite a la que ellos pertenecen y sobre la cual tienen un claro sesgo.

Notas:

En verde las relacionadas con el campo.

Sobre los trabajadores, derechos laborales, autónomos y Seguridad Social

Cuando aún se llamaban Alianza Popular (por ser una coalición de partidos fascistas fundados por 7 ministros de la dictadura, que eligió a uno de ellos como Presidente del Partido: Manuel Fraga)

8-3-1983 – Congreso – Jornada laboral y vacaciones
Alianza Popular se opuso al proyecto que establecía la jornada máxima de 40 horas semanales y 30 días de vacaciones anuales. Alianza Popular presentó y votó a favor de una enmienda a la totalidad para devolver al Gobierno (y con ello rechazar) el proyecto que establecía la jornada máxima de 40 horas semanales y 30 días de vacaciones anuales. Con ello pretendía que no hubiera jornada máxima y que básicamente fuera el empresario quien decidiera. La propia ficha oficial del Congreso registra expresamente la “Enmienda a la totalidad Grupo Popular” al proyecto de ley.

El portavoz de AP, Fernando Suárez, defendió la enmienda argumentando que la reducción de jornada podía provocar más desempleo, mayores costes, aumento de precios, pérdida de competitividad y más crisis, y sostuvo que la ley restringía la autonomía de negociación entre empresarios y sindicatos. ¿Os suenan estos argumentos de algo?

La votación fue:

96 votos a favor de devolver el proyecto al Gobierno.
178 en contra.
19 abstenciones.

El proyecto pretendía establecer legalmente una jornada máxima de 40 horas y un mínimo de 30 días de vacaciones anuales. La derecha de AP  La iniciativa de AP, por tanto, fue rechazada y finalmente se aprobó como Ley 4/1983, de 29 de junio.

12-04-1983 – Congreso: en contra del Derecho a reunión
Durante la tramitación de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, el Grupo Popular, que se abstuvo en la votación, presentó numerosas enmiendas para modificar el proyecto, entre ellas enmiendas sobre los artículos 2, 4 y 6. El registro oficial del Congreso conserva las votaciones nominales de cada una.

21-06-1983 – Congreso: en contra del Derecho a reunión
Alianza Popular mantuvo su oposición a determinados aspectos del texto de la Ley Orgánica 9/1983 durante la aprobación de las enmiendas procedentes del Senado. El Congreso registra las votaciones específicas sobre los artículos 2, 4, 5 y 9.

1983 – Congreso: en contra del Derecho de reunión y manifestación
El proyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión fue finalmente aprobado. AP se opuso mediante numerosas votaciones separadas sobre artículos y enmiendas. El propio registro oficial permite identificar cada una de ellas.

1985 – Congreso/Senado – Reforma de la Seguridad Social

Alianza Popular se opuso a la reforma de la Seguridad Social que terminó convirtiéndose en la Ley 26/1985, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social. En el Senado llegó a presentar una enmienda de veto al proyecto.

1987-1989 – Congreso – Seguridad Social
Alianza Popular mantuvo una posición contraria a distintos aspectos de la política de Seguridad Social del Gobierno socialista y defendió fórmulas de complementación mediante sistemas privados.

Cuando se cambiaron de nombre por Partido Popular

1994 – Reforma laboral del Gobierno de Felipe González (PSOE)
Se modificaron las causas y procedimientos de despido objetivo, manteniéndose como referencia general el despido improcedente de 45 días por año trabajado, con máximo de 42 mensualidades, mientras que el despido objetivo procedente era de 20 días por año, con máximo de 12 mensualidades. El PP presentó numerosas enmiendas durante la tramitación, entre ellas sobre el régimen de despido.

14-04-1994 – Congreso – Empresas de trabajo temporal
Durante la tramitación de la legislación que reguló las empresas de trabajo temporal, el Grupo Popular presentó numerosas enmiendas. En la votación de las enmiendas populares hubo 147 votos a favor, 162 en contra y 4 abstenciones, y las restantes enmiendas del PP fueron rechazadas con 133 a favor, 162 en contra y 17 abstenciones.

29-06-1994 – Senado – Reforma de la legislación laboral

El PP presentó numerosas enmiendas a la reforma laboral. Algunas fueron rechazadas con votaciones en las que hubo votos populares y abstenciones. La votación final del texto fue 117 a favor y 97 en contra.

El PP proponía ampliar las posibilidades de descuelgue de los convenios, incluyendo la distribución de la jornada para aumentar la capacidad organizativa de las empresas.

La reforma socialista mantenía una continuidad de los convenios mientras no hubiera nuevo acuerdo. El PP proponía limitar esa prórroga a un máximo de ocho meses.

El propio portavoz popular defendió que había que hacer un esfuerzo para aproximar las indemnizaciones por despido a la media de los países de la UE, una demanda que atribuía a los empresarios españoles.

En 1994, la situación era una indemnización por despido improcedente: 45 días de salario por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. La Ley 11/1994 mantuvo esencialmente ese régimen para el despido improcedente.
El propio portavoz del PP en el Senado argumentaba que las indemnizaciones españolas eran muy superiores a las de otros países de la entonces CEE y defendía aproximarlas a la media europea. En el debate dio como máximos: España 42 meses, frente a Alemania 18, Italia 14, Reino Unido 12,5, Francia y Bélgica 6, etc. Por lo que según la derecha los trabajadores debían cobrar muchísimo menos por despido.

Con la excusa de facilitar la incorporación a los jóvenes, el PP presentó propuestas sobre contratos formativos, contratos a tiempo parcial y de relevo, haciendo así que los empresarios consiguieran más beneficios ahorrándose pagar el sueldo que conllevaría tener nóminas con otro tipo de contratos.

1994 – Congreso – Reforma del mercado de trabajo
El PP se opuso a aspectos sustanciales de la reforma laboral de 1994 y presentó un amplio conjunto de enmiendas. Nuevamente, conviene distinguir la oposición política y parlamentaria a determinados contenidos de un supuesto “NO a toda la ley”.

1995 – Congreso – Prevención de Riesgos Laborales
El PP apoyó el proyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Su portavoz afirmó expresamente que su grupo había apoyado el proyecto y lo calificó de equilibrado entre las obligaciones empresariales y los derechos de los trabajadores. El PP presentó bastantes enmiendas, y algunas tenían un claro objetivo de reducir costes o introducir incentivos para las empresas, mientras que otras eran técnicas o pretendían aclarar el texto (siempre favoreciendo económicamente al empresario como objetivo prioritario).

La ley finalmente aprobada fue la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Estableció como principio básico que el trabajador tenía derecho a una protección eficaz y que el empresario tenía el deber correlativo de garantizar la seguridad y salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

1995 – Congreso – Reforma de la Seguridad Social
El PP presentó numerosas enmiendas durante la tramitación de las reformas de Seguridad Social. Algunas fueron rechazadas con votaciones que incluyen abstenciones, pero no corresponde convertir cada rechazo de una enmienda popular en un “NO del PP a los derechos sociales”.

1995 – Congreso – Reforma del Código Penal – derecho de huelga
El actual artículo 315.3 del Código Penal procede de la reforma del Código Penal de 1995. Posteriormente, en el Congreso se ha documentado que el PP se había opuesto en 1995 a una enmienda socialista que suavizaba la regulación, defendiendo entonces una formulación más amplia del tipo penal.

Esto es relevante porque el artículo 315.3 acabaría siendo utilizado décadas después en procedimientos contra trabajadores por participación en piquetes de huelga.

1997 – Congreso – Reforma de la Seguridad Social
El Gobierno del PP aprobó la reforma de la Seguridad Social derivada del Pacto de Toledo, por lo que no es una medida que pueda clasificarse como oposición del PP a derechos laborales.

05-06-1997 – Congreso: reducción de la indemnización por despido
Gobierno de José María Aznar (PP) votó la convalidación del RDL 8/1997, fruto del acuerdo entre CEOE, CEPYME, UGT y CCOO. Introdujo el nuevo contrato de fomento de la contratación indefinida, cuya indemnización por despido improcedente era de 33 días por año, máximo 24 mensualidades, frente a los 45 días y 42 mensualidades del contrato indefinido ordinario. El decreto fue aprobado por 302 votos a favor, 18 en contra y 1 abstención. El Gobierno del PP y su grupo votaron a favor.

Es decir, en 1997 se produjo una reducción de 45 a 33 días, pero no para todos los trabajadores: se creó una modalidad de contrato indefinido con esa indemnización reducida. El contrato ordinario continuaba teniendo 45 días. Era el primer paso para reducir los días por despido de todos los trabajadores.

1998 – Congreso – Derecho de reunión y huelga
Durante la modificación de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión se produjeron distintas votaciones sobre enmiendas y sobre el dictamen. En una de ellas, el dictamen fue aprobado por 305 votos a favor, 3 en contra y 12 abstenciones, mientras que una votación posterior sobre las enmiendas de IU fue rechazada por 302 votos contra 18. Finalmente, el dictamen fue aprobado por unanimidad. Por tanto, no debe presentarse como una oposición del PP a la ley de reunión.

13-06-2002 – Congreso – Reforma de la protección por desempleo
El PP votó SÍ al RDL 5/2002, propuesto por ellos mismos, conocido posteriormente como el “decretazo”, que modificaba la protección por desempleo y las políticas de empleo. El Gobierno utilizó el decreto como instrumento de reforma aprovechando su mayoría absoluta.

El Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, aprobado por el Gobierno de Aznar, oficialmente denominado medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. Fue convalidado por el Congreso el 13 de junio de 2002 por 169 votos a favor, 129 en contra y 16 abstenciones. El PP estaba en el bloque gubernamental que votó a favor.

La reforma modificaba fundamentalmente la protección por desempleo y las obligaciones de los desempleados, pero también introducía medidas de empleo.

¿Qué cambiaba?

1. Obligación de buscar activamente empleo y aceptar «colocación adecuada»: El desempleado tenía que acreditar disponibilidad para buscar empleo y aceptar una colocación adecuada para mantener la situación legal de desempleo.

Esto fue uno de los puntos más polémicos: la reforma vinculaba más estrechamente el cobro de prestaciones con las obligaciones de aceptar ofertas de empleo.

2. Se eliminaba el subsidio especial para mayores de 52 años en determinados supuestos: La reforma modificaba las condiciones de acceso al subsidio asistencial y endurecía determinadas vías de acceso.

3. Se modificaba el sistema de subsidio agrario: Reordenaba la protección de los trabajadores eventuales agrarios. Para los nuevos beneficiarios se avanzaba hacia el sistema general, mientras se mantenía el régimen existente para quienes ya cobraban el subsidio en Andalucía y Extremadura.

4. Se modificaba la relación entre despido y prestación por desempleo: El RDL establecía que el despido constituía por sí mismo situación legal de desempleo, sin necesidad de esperar a que terminara el procedimiento judicial. Por tanto, el trabajador podía comenzar a cobrar el desempleo desde el cese, aunque impugnara el despido. En resumen: a efectos prácticos el trabajador estaba despedido desde el primer minuto, en vez de conservar su empleo hasta que hubiera resolución judicial.

19-06-2002 – Huelga general contra la reforma del desempleo
El Gobierno del PP mantuvo la reforma pese a la huelga general convocada por CCOO y UGT.

2006 – Congreso – Ley de Dependencia
El PP manifestó que se abstendría en determinados artículos cuando no se aceptasen sus enmiendas.

2007 – Congreso – Ley de Igualdad
El PP presentó una enmienda a la totalidad y se opuso a aspectos sustanciales de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La medida afectaba indirectamente al ámbito laboral (igualdad salarial, conciliación, discriminación laboral, planes de igualdad).

2007 – Congreso – Estatuto del Trabajo Autónomo
El PP participó en la tramitación del Estatuto del Trabajo Autónomo y presentó numerosas enmiendas. No debe calificarse como “PP contra los autónomos”: posteriormente el propio Grupo Popular reconoció que la Ley 20/2007 había supuesto una mejora de la protección de más de tres millones de autónomos.

2010 – Congreso: reducción de la indemnización por despido
La reforma laboral amplió el ámbito del contrato de fomento de la contratación indefinida de 33 días, haciendo que pudiera utilizarse para muchos más tipos trabajadores. En el debate parlamentario se señaló expresamente que esta modalidad suponía pasar de 45 a 33 días en determinados despidos improcedentes.
PP votó en contra de la reforma laboral de 2010, aunque esta mantenía el despido ordinario en 45 días y posteriormente, en 2012, el propio PP ampliaría la aplicación de los 33 días a todos los nuevos contratos indefinidos.

08-03-2012 – Congreso: reducción de indemnización por despido
El Gobierno de M. Rajoy convalidó el RDL 3/2012 de reforma laboral por 197 votos a favor y 142 en contra. El Gobierno del PP votó a favor y PSOE, IU y otros grupos votaron en contra. La reforma generalizó los 33 días por año con máximo de 24 mensualidades para los nuevos despidos improcedentes, frente a los 45 días/42 mensualidades anteriores. Para los contratos anteriores al 12 de febrero de 2012 se estableció un régimen transitorio de 45 días por el período anterior y 33 por el posterior.

En resumen: a propuesta del PP se generalizan los 33 días para los nuevos contratos indefinidos y desaparece la diferencia entre contrato ordinario de 45 días y contrato de fomento de 33 días. PP votó SÍ, por supuesto.

10-02-2012 – Consejo de Ministros / Gobierno del PP – Reforma laboral
El Gobierno de Rajoy aprobó el RDL 3/2012, posteriormente convertido en la reforma laboral de 2012. Entre otras cosas:

• Despido improcedente más barato: pasó de 45 a 33 días de salario por año trabajado, con el límite reducido de 42 a 24 mensualidades para los nuevos contratos. Para los contratos anteriores se mantuvo un régimen transitorio.
• Despido colectivo más fácil de ejecutar: se eliminó la necesidad de autorización administrativa previa para los ERE. La empresa podía proceder al despido colectivo tras el período de consultas, sin necesitar autorización de la autoridad laboral ni acuerdo con los representantes de los trabajadores.
• Causas económicas del despido más objetivadas: se concretaron las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas y se eliminaron determinados elementos de valoración que anteriormente podían permitir a los tribunales analizar más ampliamente la justificación del despido.
• Mayor facilidad para modificar condiciones de trabajo: se amplió la capacidad empresarial para modificar jornada, horario, distribución del tiempo de trabajo, turnos, remuneración y funciones, cuando concurrieran determinadas causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
• «Descuelgue» de los convenios: las empresas pudieron inaplicar determinadas condiciones previstas en el convenio colectivo cuando concurrieran causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, incluidas materias como salarios, jornada, horario y sistema de remuneración.
• Prioridad del convenio de empresa: el convenio colectivo de empresa pasó a tener prioridad aplicativa sobre convenios sectoriales en numerosas materias, entre ellas el salario, jornada y horario. Esto desplazaba parte de la negociación desde el ámbito sectorial hacia la empresa.
• Limitación de la ultraactividad: se estableció inicialmente que, transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin nuevo convenio o laudo, este perdería vigencia salvo pacto en contrario, pasando a aplicarse el convenio de ámbito superior si lo hubiera.
• Suspensión o reducción de jornada más sencilla: se eliminó también la autorización administrativa previa para los procedimientos de suspensión de contratos y reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
• Menor poder de los representantes de los trabajadores en los ERE: al desaparecer la autorización administrativa y no exigirse acuerdo con los representantes, la capacidad de estos para impedir el despido colectivo quedó reducida.
• Salarios: el Banco de España observó una moderación salarial más acusada desde el segundo trimestre de 2012 y descensos de los salarios reales en los últimos trimestres analizados.

El PP no se abstuvo ni votó NO: fue el partido que sustentó y aprobó la reforma. El texto parlamentario recoge incluso numerosas enmiendas del propio Grupo Popular, entre ellas modificaciones del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores sobre despidos colectivos.

10-02-2012 – Despido por bajas médicas:
Mención extra es que la reforma laboral de Mariano Rajoy facilitó el despido objetivo por faltas de asistencia justificadas, incluidas determinadas bajas médicas de corta duración. Se podía extinguir el contrato cuando se superasen determinados porcentajes de absentismo individual, con una indemnización de 20 días por año trabajado, máximo 12 mensualidades. La reforma eliminó además el requisito de que la empresa tuviera un determinado nivel de absentismo general.

Y hay otro dato especialmente relevante cuando se compara cómo legisla unos y otros: este artículo fue derogado en 2020 mediante el RDL 4/2020 por el PSOE, con la oposición y crítica del PP para intentar mantenerlo.

El artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores no nació en 2012. Ya estaba en el primer Estatuto de los Trabajadores, aprobado por la Ley 8/1980, de 10 de marzo. El texto original permitía el despido objetivo por faltas de asistencia justificadas e intermitentes, con determinados límites. ¿Quién entonces legisló el despido por baja médica?

El 10-03-1980 el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD) introdujo introdujo el artículo 52.d. con la Ley 8/1980, Estatuto de los Trabajadores. Permitía extinguir el contrato por faltas de asistencia, incluso justificadas, cuando alcanzaran determinados porcentajes. Para las bajas por enfermedad o accidente no laboral, quedaban excluidas las de más de 20 días consecutivos.
El 24-03-1995 el Gobierno de Felipe González (PSOE): el Real Decreto Legislativo 1/1995 refundió el Estatuto y mantuvo el artículo 52.d. Y así estuvo, incluyendo una modificación del Gobierno de José María Aznar (PP) en 1997 en la que, entre otras cuestiones, se amplió en relación con el requisito de absentismo empresarial hasta que este fue derogado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

21-06-2012 – Senado – Reforma laboral
El Grupo Popular, aprovechando su crónica mayoría en el Senado, defendió expresamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno. Su portavoz recordó que el RDL había sido ratificado por el Congreso con los votos del PP, Foro, UPN y CiU.

2013 – Congreso – Reforma de las pensiones
El Gobierno del PP aprobó la reforma de las pensiones que introdujo el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el denominado factor de sostenibilidad. La reforma desvinculaba la revalorización anual de las pensiones del IPC mediante el nuevo mecanismo legal y establecía un suelo de revalorización del 0,25 % en determinadas circunstancias.

Nota: el PP luego negaría el resultado de esta acción, que provocó la congelación práctica de las pensiones durante la época en la que gobernó el PP de M. Rajoy. Momento televisivo clave protagonizado por Núñez Feijóo en 2023 y que marcaría como estrategia la campaña de odio, proyección y boicot a RTVE. Feijóo mintió durante una entrevista con la periodista Silvia Intxaurrondo y al ser desmentido por esta con los datos, este los negaría y luego, los dias y meses posteriores, él y su partido empezarían a crear dicha campaña de difamación contra Intxaurrondo y en general contra toda RTVE.

26-03-2015 – Congreso: Ley Mordaza
El PP vota SÍ a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), que establece un régimen sancionador administrativo que afecta al ejercicio de los derechos de reunión y manifestación y contiene disposiciones relacionadas con libertad sindical y derecho de huelga. Fue aprobada con 181 votos a favor, 140 en contra y 1 abstención.

12-03-2015 – Senado – Ley de Seguridad Ciudadana
Durante la tramitación en el Senado, el Grupo Popular defendió enmiendas relativas específicamente al derecho de huelga y manifestación que ellos introdujeron en la Ley Mordaza. El portavoz popular afirmó que las enmiendas 217, 218 y 219 incorporaban propuestas formuladas por CCOO y UGT sobre estas materias, algo que era una falacia. CCOO y UGT de hecho pedían la derogación.

30-03-2016 – Congreso, Comisión de Empleo y Seguridad Social
Se debate una proposición no de ley para suprimir el artículo 315.3 del Código Penal, es decir, eliminar el tipo penal específico utilizado para perseguir determinadas actuaciones relacionadas con piquetes de huelga.

El portavoz del PP defendió falsamente que el artículo protegía tanto el derecho de huelga como el derecho de los trabajadores a no hacer huelga y rechazó la interpretación de que el precepto supusiera una restricción del derecho de huelga. La trampa legislativa y torticera del PP era, bajo la excusa de la «protección a quienes se manifestaban para que no fueran coaccionados para mantener una huelga», endurecer aun más el derecho a huelga con sanciones que se basaban en aspectos subjetivos. En un país con una judicatura mayoritaria de derechas, quedaba en manos de la interpretación de cada juez valorar si las denuncias contra sindicatos o a los trabajadores que realizaban la huelga por «coaccionar» a trabajadores eran ciertas o no.

2016 – Congreso – Derogación del artículo 315.3
El PP se opone a la supresión del artículo 315.3 del Código Penal.

16-05-2017 – Congreso – Derogación del artículo 315.3
La cuestión vuelve al Pleno. La documentación parlamentaria confirma que el PP había defendido la permanencia del artículo 315.3, mientras otros grupos reclamaban su derogación.

16-05-2017 – Congreso – Derogación del artículo 315.3
La cuestión vuelve al Pleno. La documentación parlamentaria confirma que el PP había defendido la permanencia del artículo 315.3, mientras otros grupos reclamaban su derogación.

El PP se opone a eliminar el artículo 315.3 del Código Penal, que castigaba con penas específicas las coacciones para iniciar o continuar una huelga. La reforma finalmente aprobada posteriormente, pese a la derecha política, judicial y mediática, acabaría suprimiendo ese apartado.

2017 – Congreso
El PP votó NO a una iniciativa para eliminar o reducir el requisito de peonadas para acceder al subsidio agrario, junto con medidas para aumentar los fondos del programa de empleo rural y mejorar las condiciones de los trabajadores eventuales del campo. Para los jornaleros andaluces y extremeños, exigir un determinado número de jornadas trabajadas podía impedir el acceso al subsidio cuando una mala campaña agrícola reducía el número de jornales disponibles. La iniciativa fue aprobada pese al voto contrario del PP.

15-11-2018 – Congreso – en contra de la subida del SMI
El PSOE propone subir el SMI a 900 euros, que se había mantenido durante el gobierno de M. Rajoy en:
2012: 641,40 €/mes — 0 %
2013: 645,30 €/mes — +0,6 %
2014: 645,30 €/mes — 0 %
2015: 648,60 €/mes — +0,5 %
2016: 655,20 €/mes — +1 %
2017: 707,70 €/mes — +8 %.
2018: 735,90 €/mes — +4 %.

El PP presenta entonces una enmienda a la totalidad a la proposición de ley que pretendía elevar el SMI. Su alternativa proponía 773 € mensuales en 2019 y 850 € en 2020, frente a los 900 € para 2019 que posteriormente estableció el Gobierno. Además, condicionaba las subidas a que el PIB creciera al menos un 2,5 % y la afiliación aumentara en más de 450.000 personas. La enmienda del PP fue rechazada por 178 votos frente a 132, con 32 abstenciones.

2018 – Congreso
El PP votó en contra de varias enmiendas del PSOE al proyecto de Ley de Sequía que ampliaban las medidas de apoyo a explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la sequía, incluyendo un fondo extraordinario para compensar pérdidas, mayor cobertura territorial de las ayudas y medidas para facilitar el acceso a las compensaciones. Las enmiendas socialistas fueron rechazadas inicialmente y posteriormente algunas fueron recuperadas durante la tramitación. Para agricultores y ganaderos afectados, el rechazo suponía no ampliar en ese momento las ayudas y mecanismos de compensación que se proponían. La existencia de estas votaciones y su contenido consta en el debate parlamentario y fue también denunciada públicamente por el PSOE.

2019 – SMI de 900 €
El Gobierno fijó posteriormente el SMI en 900 € mensuales en 14 pagas, un incremento del 22,3 % respecto a los 735,90 € anteriores.

El PP había defendido en el Congreso una cuantía de 773 € para 2019, por lo que su posición documentada era contraria a elevarlo hasta los 900 € aprobados. No obstante, no hubo una votación parlamentaria sobre el Real Decreto que fijó los 900 €, porque la competencia correspondía al Gobierno.

22-01-2019 – Congreso – RDL 28/2018 – Revalorización de las pensiones
El RDL establecía para 2019 una subida general de las pensiones del 1,6 % y del 3 % para las pensiones mínimas y no contributivas. El PP se abstuvo en su convalidación. Resultado: 181 SÍ, 1 NO y 164 abstenciones.

04-02-2020 – Congreso – RDL 1/2020 – Revalorización de las pensiones
El decreto estableció una subida general del 0,9 % para 2020 y contempló además una garantía para mantener el poder adquisitivo si la inflación terminaba superando ese porcentaje. El resultado fue 289 SÍ, 0 NO y 49 abstenciones. El PP se abstuvo.

2020 — Subida del SMI a 950 € (+5,56%)
El PP no se opuso finalmente a esta subida (tampoco podía en el Congreso), sino que la apoyó públicamente, pero utilizó políticamente el acuerdo con el PSOE (gobierno con más poder por tener más escaños que Podemos) para presentar los 950 € como una rectificación de las pretensiones iniciales de Unidas Podemos, que había defendido llegar a 1.000 €. Pablo Montesinos calificó los 950 € de «baño de realidad» para Pablo Iglesias, mientras Pablo Casado manifestó que apoyaba el acuerdo alcanzado con sindicatos y patronal. La subida se aprobó mediante el Real Decreto 231/2020, sin votación parlamentaria.

El 2020 no se pudo considerar además simplemente como un «PP a favor», porque hubo una diferencia entre la posición del PP nacional y la de dirigentes del PP andaluz. El Gobierno andaluz de Juanma Moreno fue señalado públicamente por haberse posicionado contra la subida de 950 €, mientras que la dirección nacional de Casado respaldó el acuerdo que saboteaba la subida del SMI a 1000 € dejando a los trabajadores con 50 € menos al mes en sus nóminas. Para la derecha es un logro hacer que los empresarios se beneficien más con las plusvalías a costa de que los trabajadores ganen menos.

17-03-2020 – Gobierno/PP – RDL 8/2020 – ERTE y protección frente a la COVID-19
El Gobierno aprobó el RDL 8/2020, que creó el esquema extraordinario de ERTE por fuerza mayor, agilizó los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada y permitió a los trabajadores afectados cobrar la prestación por desempleo aunque no hubieran cotizado el período mínimo, sin consumir el tiempo máximo de prestación. El Congreso lo convalidó el 25 de marzo por 290 votos a favor, 54 en contra y 6 abstenciones. Pese a que el PP votó SÍ inicialmente a esto, luego cambió de estrategia y…

09-04-2020 – Congreso – RDL 9/2020 – Protección del empleo y ERTE
El PP votó NO al RDL 9/2020, que establecía, entre otras medidas laborales, que las causas de fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas derivadas de la COVID-19 utilizadas para los ERTE no podían justificar despidos ni extinciones de contratos. También agilizó la tramitación y el pago de las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados por ERTE. Fue aprobado por 188 votos a favor, 138 en contra y 21 abstenciones.

El PP votó contra una norma que incluía la prohibición de utilizar las causas COVID que justificaban los ERTE como causa de despido, además de medidas para agilizar el acceso de los trabajadores afectados a las prestaciones por desempleo.

09-04-2020 – Congreso: contra la protección económica de autónomos y pensiones
El PP se abstuvo en el RDL 11/2020, que ampliaba medidas de protección económica y social, incluyendo moratorias de cotizaciones para autónomos y precisiones sobre la prestación por cese de actividad.

13-05-2020 – Congreso – RDL 15/2020 – Medidas laborales y protección del empleo durante la COVID-19
El PP se abstuvo en la convalidación del RDL 15/2020. El resultado fue 201 votos a favor, 52 en contra y 96 abstenciones.

El decreto prorrogó durante dos meses determinadas medidas del RDL 8/2020, incluido el Plan MECUIDA, amplió medidas de protección por desempleo para determinados trabajadores y modificó las reglas de los ERTE para adaptarlas a la evolución de la pandemia. También estableció, entre otras cosas, que determinados trabajadores cuyo contrato se extinguiera durante el período de prueba quedaran en situación legal de desempleo.

10-06-2020 – Congreso – Ingreso Mínimo Vital
El PP se abstuvo, mientras relaizaba públicamente criticas a esta medida llamando vagos y empleando falacias, como que al aprobarse cualquiera podría dejar de trabajar y vivir cómodamente del cuento.
El RDL 20/2020 fue convalidado con 297 votos a favor, 0 en contra y 52 abstenciones. La realidad demostró que esta medida, pese a los bulos de la derecha, no se aplica a todos los solicitantes (de hecho una crítica de la izquierda es que exige demasiados criterios, por lo que el porcentaje de beneficiados ha sido menor de previsto que estimaron) y ha ayudado a familias vulnerables.

2020 – Congreso
El PP se abstuvo en el RDL 5/2020, que modificó la Ley de la Cadena Alimentaria e introdujo la prohibición de comprar productos agrícolas y ganaderos por debajo de su coste de producción. Para agricultores y ganaderos, esta prohibición pretendía evitar que el productor tuviera que vender a pérdidas dentro de la cadena alimentaria. Por tanto, no lo voy a incluir como voto negativo del PP, aunque políticamente el PP criticase posteriormente la reforma.

29-09-2021 – Congreso
El PP se abstuvo en la aprobación de la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, que consolidaba la prohibición de la venta a pérdidas.

2021 – Congreso – reforma de las pensiones / RDL 3/2021
El PP presentó una enmienda a la totalidad con texto alternativo contra el proyecto derivado del RDL 3/2021 sobre reducción de la brecha de género y otras materias de Seguridad Social. La enmienda fue rechazada por 92 votos a favor, 197 en contra y 60 abstenciones.

04-02-2021 – Congreso – intento de mantener la Ley Mordaza
El PP vota SÍ a su enmienda a la totalidad, que pretendía sustituir la reforma de la Ley Mordaza presentada por el PNV. La enmienda es rechazada por 91-253-2. La iniciativa original pretendía reforzar la protección de los derechos de reunión, manifestación y huelga.

Pese a la derecha, creadora de la criminalización del derecho a huelga, el artículo 315.3 del Código Penal español fue derogado por la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, por lo que ya no se encuentra en vigor.
Se consideró que su redacción criminalizaba de forma excesiva el derecho de huelga y la movilización sindical. El legislador estimó que las coacciones generales recogidas en el artículo 172 del Código Penal ya eran suficientes para castigar los actos de violencia o coacción que pudieran producirse durante un piquete o una huelga, sin necesidad de un precepto específico y agravado para el ámbito laboral.

10-06-2021 – Congreso: en contra de los autónomos y a favor de la explotación y los falsos autónomos
El PP votó NO a la Ley Rider, que afectaba directamente a los repartidores que trabajaban como falsos autónomos. La norma estableció la presunción de laboralidad y obligó a las plataformas a reconocer la relación laboral cuando concurrían las condiciones previstas. Para los repartidores afectados, significaba dejar de asumir como autónomos costes y riesgos propios de una relación laboral encubierta y pasar a tener derechos laborales como asalariados.

30-09-2021 – Congreso – Reforma para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones
El Gobierno presentó el proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que recuperaba la actualización de las pensiones vinculada a la inflación y eliminaba el anterior índice de revalorización del 0,25 %.

El PP presentó una enmienda a la totalidad de devolución para intentar que el proyecto no continuase su tramitación. Fue rechazada por 194 votos frente a 143, con 11 abstenciones. Además, el PP presentó posteriormente un veto en el Senado a la ley.

03-02-2022 – Congreso – Reforma laboral
El PP votó contra la reforma laboral de 2022.

La reforma introdujo, entre otras cosas:

• reducción de la temporalidad;
• potenciación de los contratos indefinidos;
• cambios en los contratos formativos;
• recuperación de la prevalencia de determinados convenios sectoriales;
• modificaciones de los ERTE;
• regulación de los mecanismos RED.

2022 – Senado – Reforma laboral
El PP mantuvo su oposición durante la tramitación en el Senado y presentó numerosas enmiendas. En las votaciones de las enmiendas del Grupo Popular aparecen, por ejemplo, resultados de 106-155-2, 103-155-5, etc.

2022 — En contra de la subida del SMI a 1.000 € (+3,63%)
El PP cuestionó y rechazó políticamente el incremento, reclamando que se valorasen sus efectos sobre el empleo y los costes empresariales. La subida se aprobó mediante el Real Decreto 152/2022, sin votación parlamentaria sobre el SMI.

29-03-2022 – Congreso
El PP votó NO al Real Decreto-ley 6/2022, que incluía 154 millones de euros de ayudas al sector ganadero cárnico, entre ellas 110 millones destinados al sector vacuno de carne, además de otras medidas del paquete contra los efectos económicos de la guerra. Para los ganaderos afectados, el decreto suponía ayudas directas para compensar el incremento de costes de producción. El PP votó contra la convalidación del conjunto del decreto.

24-01-2023 – Congreso – RDL 20/2022 – Revalorización de pensiones para 2023
Este decreto estableció, entre otras medidas, la actualización de las pensiones contributivas conforme al IPC medio, que para 2023 supuso un 8,5 % para las pensiones contributivas generales. El PP se abstuvo.

2023 — en contra de la subida del SMI a 1.080 € (+8%)
El PP se opuso políticamente a la subida, criticando especialmente que se aprobara sin acuerdo con la patronal y cuestionando sus efectos sobre empresas y empleo. El Gobierno la estableció mediante el Real Decreto 99/2023; el PP utilizó declaraciones, iniciativas y preguntas parlamentarias para cuestionarla, pero no pudo votar contra el Real Decreto.

2023 – Congreso
El PP votó NO a una iniciativa para limitar el coste del agua desalinizada utilizada por regantes. Para agricultores de regadío, especialmente en cuencas con fuerte dependencia del agua desalinizada, el objetivo de la medida era reducir el coste del agua de riego, uno de los costes de producción de las explotaciones. El voto contrario del PP consta en el debate parlamentario

11-05-2023 – Congreso
El PP votó NO al Real Decreto-ley 4/2023, que movilizaba más de 355 millones de euros en ayudas directas a productores ganaderos de carne y leche para compensar el incremento de costes de producción y la caída de precios provocados por la situación económica derivada de la guerra. Para las explotaciones ganaderas beneficiarias, el rechazo del decreto implicaba votar contra el paquete legal que contenía esas ayudas.

10-01-2024 – Congreso
El PP votó NO al Real Decreto-ley 7/2023, que contenía medidas específicas para trabajadores eventuales agrarios, incluida la reducción temporal de las peonadas necesarias para acceder al subsidio y la renta agraria de 35 a 10, además de mejoras en la protección por desempleo. Para los jornaleros de Andalucía y Extremadura, el voto negativo contribuyó a que esas mejoras no entrasen en vigor; posteriormente volvieron a exigirse 35 peonadas en lugar de 10. El propio debate del Congreso identifica expresamente al PP entre quienes votaron contra la convalidación.

10-01-2024 – Congreso – RDL 8/2023 – Revalorización de pensiones
El decreto establecía la actualización de las pensiones para 2024, incluida la subida general del 3,8 %, correspondiente al IPC medio utilizado por la fórmula vigente.
La votación fue: 172 SÍ, 171 NO por parte del PP y 7 abstenciones.

26-02-2026 – Congreso – RDL 3/2026 – Revalorización de las pensiones
El Gobierno aprobó una subida general del 2,7 % para 2026. El Congreso la convalidó por 317 votos a favor y 33 en contra por parte de miembros del PP, sin abstenciones.

2024 — en contra del a subida del SMI a 1.134 € (+5%)
El PP rechazó políticamente la subida y su forma de aprobación, defendiendo que debía existir acuerdo entre Gobierno, sindicatos y empresarios. El SMI se fijó mediante el Real Decreto 145/2024, por lo que no hubo una votación parlamentaria que permitiera al PP votar NO.

2025 — en contra del a subida del SMI a 1.184 € (+4,41%)
El PP cuestionó y rechazó políticamente el incremento, reclamando evaluar sus efectos sobre empresas, autónomos y empleo. La cuantía fue establecida por el Real Decreto 87/2025, sin votación de convalidación en el Congreso.

2025 – Congreso – Reducción de jornada
El Gobierno presentó el proyecto para reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial.

El PP presentó una enmienda a la totalidad para impedirlo junto con otros grupos de derechas: VOX y Junts. A lo que se sumó una campaña de bulos y desinformación: como que reducir la jornada equivalía a reducir el sueldo, pese a que la ley consistía precisamente en lo contrario: ganar más dinero al cobrar lo mismo por menos horas de trabajo; o declaraciones donde se exponía esto como una catástrofe apocalíptica en la que se arruinarían todas las empresas.

El 10 de septiembre de 2025, el Pleno aprobó las enmiendas a la totalidad y el proyecto no continuó su tramitación en esos términos.

2025 – Senado: contra el sector primario
El PP votó NO a determinadas medidas de apoyo al sector primario, entre ellas iniciativas relativas a ayudas a productores afectados por el aumento del coste de los piensos, ayudas para fertilizantes, reducción del IVA de determinados alimentos y otras medidas de alivio de costes. En este caso hay que atribuirlo al PP en el Senado y no extrapolarlo automáticamente a una votación del Congreso.

2026 — en contra de la subida del SMI a 1.221 € (+3,1%)
El PP se opuso políticamente a la cuantía y al procedimiento de la subida, defendiendo una actualización distinta y cuestionando sus efectos económicos. El SMI fue fijado mediante Real Decreto, por lo que tampoco hubo una votación parlamentaria del incremento que permitiera al PP votar NO.

TABLAS CRONOLOGICAS (SMI y Pensiones)

Para que se vea más claro, unas tablas cronológicas con datos.

Subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)

Subidas de las pensiones contributivas