Las veces en las que no se pudo hacer nada para solucionar el aumento de precios

Vamos a ver, con casos y datos detallados que cualquiera puede comprobar (animo a cualquier lector a hacerlo personalmente), cuál ha sido el panorama político sobre este asunto. Qué han hecho, hacen y seguramente harán los dos lados del espectro ideológico en cuanto a solucionar los problemas del sistema económico en el que vivimos.

Los dos modelos propuestos

Desde la izquierda: se propone regular impidiendo que las empresas especulen con el precio de los productos con los que se benefician.

Desde la derecha: se propone rebajar impuestos y desregular.

Analizando esto, está claro a quiénes defienden unos y otros. La derecha no está dispuesta a perder su margen de beneficios. Pero mediante un análisis simple de ambas propuestas se puede ver qué no sirve para solucionar el problema de la subida de precios: de poco sirve que el Gobierno reduzca los impuestos, ya sean a la alimentación, a los suministros o a los inmuebles, si tras ello el empresario decide subir igualmente el precio a dichas cosas. Y desde luego no hacer nada cuando las empresas aumentan los precios o darles libertad para que lo hagan, tampoco sirve de nada.

Un ejemplo factual y real, que poco se ha repetido pese a que ilustra perfectamente esto, se pudo ver con Juan Roig y su Mercadona.

Cronología sobre la rebaja del IVA en alimentos en España, centrada en Mercadona y Juan Roig

Mediante esta cronología mostraremos eventos documentados que ilustran cómo, a pesar de la rebaja temporal del IVA en alimentos básicos impulsada por el Gobierno para combatir la inflación (con prohibición expresa de aumentar márgenes de beneficio), Mercadona elevó precios en muchos productos afectados, lo que resultó en beneficios récord para la empresa y su presidente, Juan Roig, sugiriendo que la medida fiscal benefició más a la cadena que a los consumidores, quienes no vieron una contención real de precios.

Diciembre 2022: El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 20/2022, rebajando el IVA en alimentos básicos (de 4% a 0% en pan, leche, huevos, frutas, verduras, legumbres; de 10% a 5% en aceites y pastas) a partir de enero 2023, con vigencia inicial hasta junio 2023 (prorrogada después), y prohíbe explícitamente aumentar márgenes de beneficio en estos productos para que el ahorro llegue al consumidor; Mercadona anuncia que aplicará la rebaja, pero no detalla mecanismos para evitar subidas paralelas.

Enero 2023: Entra en vigor la rebaja del IVA; Mercadona aplica el descuento fiscal en precios finales, pero durante el año inicia subidas en productos afectados (ej. patatas de 1,05€/kg a 1,29€/kg, +23%; peras conferencia +10,5%), pese a que los precios en origen no variaron, lo que la organización de consumidores FACUA denuncia como violación de la prohibición de aumentar márgenes, permitiendo a la cadena capturar parte del ahorro fiscal como ganancia extra.

Marzo 2023: Juan Roig presenta resultados de 2022: beneficios de 718 millones de euros; admite públicamente que Mercadona «subió una burrada los precios» (promedio +10%), argumentando que los costes subieron +12%, pero solo repercutieron parte al cliente, aunque esto ya anticipa una estrategia de subidas independientes del IVA, preparando el terreno para beneficiarse de la rebaja fiscal sin contener precios.

Durante 2023: FACUA realiza análisis mensuales de 1.000 precios en cadenas como Mercadona, detectando encarecimientos injustificados en el 70% de alimentos con IVA rebajado (pese a la prohibición legal), con subidas que no se justifican por costes en origen; esto permite a Mercadona elevar márgenes un 23% ese año, capturando el beneficio fiscal en lugar de trasladarlo íntegramente al consumidor.

Marzo 2024: Juan Roig anuncia resultados de 2023: beneficios récord de 1.009 millones de euros (+40% vs. 2022), con ventas +15% hasta 35.527 millones; margen de beneficio neto sube a 2,84% (+23%), a pesar de la rebaja del IVA y la prohibición de aumentar márgenes; Roig gana personalmente 120 millones en sueldo y dividendos, ilustrando cómo la medida fiscal impulsó ganancias empresariales mientras los precios subían para el consumidor.

Octubre 2024: Fin parcial de la rebaja del IVA (vuelve al 2% en básicos hasta diciembre, luego 4%); Mercadona sube precios inmediatamente y coloca carteles culpando al «aumento del IVA», generando indignación en redes por no haber publicitado tanto las bajadas previas ni haber evitado subidas durante la rebaja, lo que FACUA ve como estratagema para justificar nuevas alzas y maximizar beneficios.

Febrero 2025: el Ministerio de Consumo requiere a cadenas como Mercadona justificar subidas desde 2023; Mercadona aplica la nueva rebaja del IVA (de 10% a 4%) en productos como aceites, pero en un contexto de subidas previas, lo que no revierte el patrón de capturar ahorros fiscales; los beneficios acumulados desde pandemia suben +62%, mostrando así que las rebajas impositivas no contuvieron a una bajada de precios para los consumidores.

Marzo 2025: Juan Roig presenta resultados de 2024: beneficios de 1.384 millones (+37% vs. 2023, +103% vs. 2021); afirma que la «cesta menú» bajó 2%, pero FACUA contradice eso mediante el análisis de 127 productos: 70% subieron (ej. peras +47%, patatas +42%), pese a IVA rebajado; esto refuerza que la medida fiscal permitió subidas discrecionales, beneficiando a Roig y Mercadona con márgenes elevados sin trasladar ahorros al consumidor.

A quién beneficia y a quien perjudica el argumentario neoliberal anti-impuestos

Está claro, viendo en ejemplos en la vida real como el de Mercadona con sus miles de millones de beneficios netos anuales, que rebajar los impuestos solo beneficia al empresario de turno. Pero que también perjudica a todos en general (no se destina a subida de salarios si no es obligado por el SMI, encarecimiento de productos a través de las plusvalías, etc.). Sobre todo a las clases obreras. Aquellos que en un modelo neoliberal (que es en el que vivimos a nivel global gracias a décadas de ciertas políticas) deberían hipotecarse para tener estudios y sanidad, y que por tanto dependen de que existan servicios públicos.

Con los impuestos es con lo que se financia el acceso a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales… Con los impuestos es con lo que un Estado, un país, puede llamarse como tal: infraestructuras, mantenimiento, limpieza, seguridad, higiene… Todo ello se sufraga mediante impuestos directos e indirectos. Quitarlos no solo no soluciona los problemas que genera el mercado y su voracidad capitalista por obtener beneficios a costa del resto de personas que no poseen los medios de producción o el capital, sino que además perjudica a la sociedad al dejarla sin servicios públicos. Pero para la derecha, dueña de medios, bancos, empresas, etc., claro que esto es un win-win: además de ahorrarse contribuir con la sociedad a la que exprimen, provocan que esta sociedad, en detrimento de esos servicios públicos que infrafinancian o destruyen mediante privatizaciones que entregan su gestión a empresas que solo buscar margen de beneficios racaneando con gasto en medios y personal, se vea obligada (la que pueda permitirselo), acudir a sus empresas privadas para solucionar el problema de carencia que ellos mismos han provocado.

¿Y cómo lo provocan? Pues, como son políticos, con su herramienta de trabajo: «legislando». O más bien impidiendo hacerlo, en este caso. Todo en pro sus amigos (empresarios que se benefician de sus políticas) y de ellos mismos (al ser también beneficiarios de dichas empresas). Esos «amigos» que hacen lobby para que determinados políticos les favorezcan en el Congreso impidiendo regulaciones.

Quién vota qué y a quién creen ustedes que beneficia

Veamos ahora, de nuevo, ejemplos de políticos haciendo políticas.

En materia de tope de precios a los alquileres de vivienda

• 9 de junio de 2022 (Congreso de los Diputados): Aunque no votaron en contra, PP y Vox se abstuvieron en la convalidación del decreto ley de la «excepción ibérica» para limitar el precio del gas (que impacta en los costes energéticos y, indirectamente, en alquileres). Excusas: El PP lo llamó «fracaso en política energética» e «intervención radical del mercado»; Vox lo tildó de «timo» y «espejismo» que podría subir la factura eléctrica.

• 27 de abril de 2023 (Congreso de los Diputados): Votaron en contra de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que incluye un tope del 3% a las subidas de alquiler en 2024 en zonas tensionadas. Excusas: El PP la calificó de «disparate» que no resuelve problemas reales y favorece a «okupas»; Vox argumentó que reduce el parque de viviendas en alquiler y «bendice la okupación», golpeando la oferta.

• 17 de septiembre de 2024 (Congreso de los Diputados): Votaron en contra de la proposición de ley para regular y limitar el alquiler de temporada (incluyendo topes en zonas turísticas). Excusas: El PP criticó la ley de vivienda general por no aplicarse en comunidades y por disparar preocupaciones sobre acceso; Vox la rechazó por ser un «fracaso» que ha subido precios un 13% y reducido oferta un 15%.

• 13 de enero de 2025 (debate nacional sobre el plan de vivienda del Gobierno): Rechazaron el plan de vivienda de Pedro Sánchez, que incluye medidas intervencionistas como límites a compras por no residentes para frenar subidas de precios. Excusas: Ambos lo llamaron «intervencionista», generando «precios más altos y menos oferta»; Vox lo vio como promesas vacías que agravan la crisis por inmigración.

• 8 de abril de 2025 (Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado): Votaron en contra de una moción del PSOE para impulsar la Ley de Vivienda en Canarias, incluyendo tope a precios de alquiler en islas. Excusas: El PP rechazó «políticas intervencionistas fallidas»; Vox dijo que la ley ha tenido «efecto contrario» y es contraproducente.

• 12 de marzo de 2025 (Congreso de los Diputados): Votaron en contra de una proposición de ley catalana para que el 80% de inmuebles de Sareb se cedan a alquiler social (implicando precios asequibles y topes). Excusas: El PP dijo que las políticas autonómicas «agravaron el problema»; Vox criticó la ineficacia de ERC y Junts en 20 años de gobierno.

• 25 de marzo de 2025 (Parlamento de Baleares): Rechazaron una proposición de ley del PSIB-PSOE para declarar zonas tensionadas y limitar precios de alquiler. Excusas: El PP citó fracasos en Cataluña (desaparición de 40.000 viviendas); Vox rechazó «políticas fracasadas» que atentan contra la propiedad y el libre mercado.

• 21 de octubre de 2025 (Congreso de los Diputados): Votaron en contra (junto al PSOE y Junts) de una proposición no de ley de Podemos para rebajar alquileres un 40%, convertir contratos en indefinidos e incluir temporada en la regulación. Excusas: No se detallan en el debate, pero se enmarca en su rechazo general a medidas contra «fondos buitre y rentistas».

Estos son los casos más destacados basados en fuentes públicas. PP y Vox suelen argumentar que estas medidas son «intervencionistas» (falaz), reducen la oferta de vivienda (falso) y suben precios a largo plazo (falso), priorizando en su lugar incentivos fiscales y construcción libre.

En materia de tope de precios a los alimentos (cesta básica o productos esenciales)

A diferencia del caso de los alquileres, no ha habido muchas propuestas legislativas formales que hayan llegado a votación específica sobre topes directos a precios de alimentos en el Congreso, ya que la mayoría se han quedado en debates o proposiciones no de ley (PNL) que no prosperaron por falta de consenso. PP y Vox han criticado consistentemente estas ideas como «intervencionistas» que generan escasez (falso), priorizando en su lugar rebajas fiscales (como el IVA al 0%) o medidas de oferta. Aquí las ocasiones principales documentadas, cronológicamente:

• 5-13 de septiembre de 2022 (anuncio y debate inicial en el Gobierno y medios): Yolanda Díaz (entonces vicepresidenta segunda) propuso un acuerdo para topar precios de 15 productos básicos de la cesta de la compra (pan, leche, huevos, aceite, etc.) ante la inflación. Excusas: El PP, por boca de Alberto Núñez Feijóo, lo rechazó como una «ocurrencia» que no respeta el mercado y es «imposible de aplicar». Vox lo tildó de «propuestas trasnochadas» que solo llevarían a «la escasez» de productos, defendiendo el libre mercado.

• 16 de enero de 2023 (presentación de proposición de Unidas Podemos): Podemos impulsó intervenir el mercado alimentario y fijar precios máximos para productos básicos, congelándolos al nivel previo a la guerra de Ucrania (febrero 2022), con vigencia al menos todo 2023. Excusas: Aunque no llegó a votación inmediata, el PP lo vio como «populismo» que desincentiva la producción; Vox reiteró su rechazo a controles de precios, culpando al Gobierno de la inflación por «políticas energéticas erróneas» y abogando por desregular el sector agroalimentario.

• 25 de abril de 2023 (Pleno del Congreso de los Diputados): Votaron en contra de la PNL de Unidas Podemos para topar las hipotecas al 0,1% y bonificar temporalmente el 16,5% de la cesta básica de la compra (medida indirecta de control de precios vía subsidio). Excusas: El PP la tumbó junto al PSOE, argumentando que es «ineficaz» y «genera distorsiones en el mercado»; Vox la rechazó por ser «electoralista» y contraproducente, insistiendo en que los topes agravan la inflación al reducir la oferta (falso).

Estos casos reflejan su postura ideológica: rechazan los topes directos por considerar que violan la propiedad privada y el libre mercado, proponiendo alternativas como eximir el IVA a alimentos (propuestas suyas rechazadas en diciembre 2023 y junio 2024). En resumen y sin eufemismos: quieren obtener más margen de beneficios a costa de ahorrarse pagar, a fin de cuentas, los servicios públicos.

No hay registros recientes (2024-2025) de nuevas votaciones específicas sobre topes alimentarios, ya que la inflación ha bajado y el foco ha ido a energía y vivienda, ya tratado más arriba.

En materia de tope de precios a suministros como luz (electricidad) y agua

A diferencia de los alquileres, los topes directos a precios de suministros básicos como la electricidad han sido más comunes en el ámbito nacional (vía decretos y PNL sobre energía), mientras que para el agua son más regionales y menos frecuentes, enfocados en tarifas o cánones hídricos. PP y Vox han rechazado o criticado estas medidas argumentando que son «intervencionistas», generan «distorsiones en el mercado» y no resuelven la raíz de la inflación energética (culpando al Gobierno por políticas «fallidas» – algo que realmente es falso pues cuando se han hecho han servido para que, a diferencia de en otros países, la factura de la luz no subiera desproporcionadamente). Desde la derecha, cómo no, priorizan rebajas fiscales (como IVA al 0%) y liberalización. Algo que ya se ha demostrado inutil para el consumidor. Aquí os dejo las ocasiones principales, cronológicamente, basadas en votaciones y debates documentados:

Para electricidad (luz y gas, que impacta en facturas)

• 8 de junio de 2022 (Congreso de los Diputados): Se abstuvieron en la convalidación del Real Decreto-ley de la «excepción ibérica», que limita el precio del gas para abaratar la electricidad (tope indirecto al precio mayorista). Excusas: El PP lo calificó de «parche insuficiente» que no baja precios reales y es un «reconocimiento de fracaso» del Gobierno; Vox lo tildó de «medida cosmética» que mantiene la dependencia energética y sube facturas a largo plazo.

• 4 de octubre de 2022 (Senado): Votaron en contra de una proposición no de ley para prorrogar medidas contra la crisis energética, incluyendo topes a precios de la luz. Excusas: El PP argumentó que el Gobierno «ha votado en contra de todas las iniciativas útiles» y que los topes desincentivan la inversión en renovables; Vox rechazó «políticas socialistas» que no bajan precios y generan «escasez».

• 20 de abril de 2023 (Congreso de los Diputados): Se abstuvieron en la prórroga hasta diciembre del mecanismo de límite al precio de la electricidad (basado en la excepción ibérica). Excusas: El PP lo vio como «ineficaz» y «electoralista», proponiendo en su lugar un «cheque energético» directo; Vox lo criticó por no abordar la «hiperregulación» que encarece todo.

• 3 de febrero de 2024 (Congreso de los Diputados): Votaron en contra (171 votos, junto a UPN) de una iniciativa para extender topes a precios energéticos y gravar beneficios de eléctricas. Excusas: El PP defendió que «el precio de la electricidad en España ha estado por debajo de la media europea» gracias al mercado, no a intervenciones; Vox lo rechazó como «expropiación encubierta» a empresas.

• 19 de diciembre de 2024 (Congreso de los Diputados): Votaron en contra del impuesto temporal a las energéticas (para financiar bajadas de precios), derribándolo con Junts, PNV y UPN. Excusas: El PP lo llamó «impuesto ideológico» que sube precios finales; Vox argumentó que «castiga la producción» y no resuelve la crisis.

• 22 de enero de 2025 (Congreso de los Diputados): Nuevamente votaron en contra del decreto del impuesto a las energéticas, tumbándolo. Excusas: Similar al anterior, el PP lo vio como «ataque al sector privado»; Vox lo tildó de «populismo recaudatorio» que agrava la dependencia energética.

• 14 de mayo de 2025 (Congreso de los Diputados): Votaron en contra (junto al PSOE) de crear una energética pública y vetar dividendos a eléctricas tras un apagón, medida que implicaba controles indirectos a precios. Excusas: El PP rechazó «nacionalizaciones» que «desincentivan inversión»; Vox lo llamó «intervencionismo fallido» que no previene crisis.

• 18 de julio de 2025 (debate sobre Real Decreto-ley 7/2025): Criticaron el decreto de medidas urgentes para el sector eléctrico (incluyendo límites a subidas de precios por apagones). Excusas: Las eléctricas advirtieron a PP y Vox de «graves consecuencias» si lo apoyaban, pero ambos lo rechazaron por «excesiva regulación» que encarece tarifas.

Para agua (suministros hídricos y tarifas)

Las propuestas de topes directos son escasas y más locales, ya que el agua se regula por comunidades autónomas. No hay muchas votaciones nacionales específicas, pero sí rechazos a subidas de cánones o límites a tarifas en contextos de sequía o urbanismo.

• 20 de junio de 2024 (Parlamento de Baleares): Votaron en contra de una moción del PSOE para subir el canon del agua y ligar el crecimiento urbanístico a la capacidad hidráulica (implicando topes indirectos a precios por consumo). Excusas: El PP argumentó que «penaliza el desarrollo» y es «ecologismo radical»; Vox lo rechazó como «ataque a la propiedad» y «medida ineficaz» contra la sequía.

• 28 de junio de 2024 (Comisión de Transición Ecológica, Congreso): Aunque Vox presentó su propia PNL para un Plan Nacional del Agua (sin topes explícitos), el PP se abstuvo y criticó intervenciones en tarifas hídricas en el debate. Excusas: El PP defendió «gestión libre del agua» sin controles de precios; Vox, pese a su iniciativa, rechazó enmiendas de izquierdas para topes en regiones secas.

No hay más casos destacados en 2025 hasta octubre, ya que el foco ha estado en energía por la volatilidad post-Ucrania y los apagones. En general, su postura es siempre la misma: rechazar topes por, según ellos, «distorsionar el mercado» y proponer la desregulación. En resumen, dar manga ancha a los empresarios para que hagan lo que plazcan, sin importar consecuencias. Para ello idearon, desde ya los años 80, una serie de campañas introduciendo eslóganes, mantras falaces, que sus adoctrinados acólitos repiten una y otra vez quasireligiosamente y que no se ajustan a la realidad (no lo han hecho jamás): ¿les suena «el mercado se autoregula solo»?

La religión neoliberal

La derecha (PP y Vox en este contexto) emplea estos argumentos neoliberales de manera cuasireligiosa, tratándolos como dogmas inquebrantables de fe en el «mercado como ser supremo», ignorando la evidencia empírica y los fallos reales del capitalismo desregulado. Esta aproximación, criticada por teóricos como Franz Hinkelammert, eleva el neoliberalismo a una «religión del mercado» que juzga toda política desde su dogma universalista, donde el libre mercado es un ente divino que auto-regula sin intervención humana, y cualquier control estatal es «pecado» que genera caos (escasez, distorsiones).

Se usa ritualmente: Repiten frases como «intervencionismo fallido» o «ataque a la propiedad» en debates sin adaptar a contextos específicos, como un credo que prioriza la «fe» en el mercado sobre los datos (P. ej. ignorando los éxitos con los topes en energía). Esto entrelaza con derechas religiosas (neopentecostales), donde el neoliberalismo se fusiona con la moral individualista, promoviendo el egoísmo y la desigualdad como «naturales», mientras estigmatiza el Estado como una herejía.

En España, los partidos nacionalcristianos, PP y Vox lo invocan para oponerse sistemáticamente a regulaciones, incluso cuando benefician a la mayoría, reforzando una visión lineal y universal que ignora contextos sociales, exacerbando inequidad como «voluntad divina» del mercado.

Basándonos en las listas y cronologías previas sobre topes de precios en alquileres, alimentos y suministros (luz, gas y agua), vamos a recopilar los principales argumentos neoliberales expuestos por PP y Vox. Estos se centran en la defensa del libre mercado, la propiedad privada y la minimización de la intervención estatal, presentando los topes como distorsiones que generan ineficiencias. Los agrupo temáticamente para mayor claridad:

1. Intervencionismo estatal como fracaso inherente: Los topes son «intervencionistas fallidos», «parches insuficientes», «ocurrencias imposibles» o «medidas cosméticas» que no resuelven problemas reales y generan «distorsiones en el mercado». Ejemplos: Crítica a la «excepción ibérica» en energía como «timo» o «espejismo» (junio 2022), y a los topes en alquileres como «disparate» que favorece «okupas» (abril 2023).
2. Reducción de oferta y subidas de precios a largo plazo: Las intervenciones reducen la oferta (vivienda, alimentos, inversión energética), lo que paradójicamente sube precios. Ejemplos: En alquileres, argumentan que topes reducen el parque de viviendas un 15% y suben precios un 13% (septiembre 2024); en alimentos, generan «escasez» (septiembre 2022); en energía, desincentivan inversión en renovables (octubre 2022).
3. Desincentivo a la producción e inversión privada: Los topes «desincentivan la producción» agroalimentaria o inversión en sectores clave, atacando la «propiedad privada» y siendo «expropiación encubierta». Ejemplos: En alimentos, visto como «populismo» que reduce incentivos (enero 2023); en agua, «penaliza el desarrollo» (junio 2024); en luz, «castiga la producción» (diciembre 2024).
4. Preferencia por soluciones fiscales y desregulación: En lugar de topes, proponen rebajas fiscales (IVA al 0% en alimentos y energía) y liberalización del mercado como alternativas «eficaces». Ejemplos: Abogan por «cheque energético» directo o «gestión libre del agua» sin controles (febrero 2024, junio 2024).

Estos son los argumentos se repiten constantemente en contextos de votaciones en contra o abstenciones, enmarcados en una ideología que prioriza el mercado como regulador óptimo. Pero veamos por qué son falsos y falaces, refutando cada argumento con evidencia empírica de fuentes recientes (hasta 2025), mostrando que los topes, cuando bien implementados, pueden estabilizar precios y mitigar desigualdades sin las distorsiones alegadas, mientras que las alternativas neoliberales como rebajas fiscales a menudo benefician más a empresas que a consumidores.

1. Refutación al intervencionismo como fracaso inherente: Aunque PP y Vox lo tildan de «cosmético», la «excepción ibérica» (tope al gas para bajar el precio de la luz) ha sido efectiva: en agosto 2025, el precio medio del mercado mayorista fue de 68,44 €/MWh, el más bajo en cinco años, estabilizando facturas pese a la demanda veraniega y reduciendo la volatilidad post-Ucrania. En alquileres, el tope del 3% en subidas (2023-2024) limitó incrementos al 2,28% en febrero 2025 vía el nuevo Índice de Referencia, evitando alzas descontroladas en zonas tensionadas, contrariamente a predicciones de «fracaso». Esto demuestra que las intervenciones selectivas corrigen fallos de mercado (como oligopolios en energía) mejor que la inacción.
2. Refutación a la reducción de oferta y subidas de precios a largo plazo: Evidencia muestra efectos mixtos o positivos: en alquileres, pese a las críticas de reducción del 15% en oferta, el precio medio nacional subió moderadamente a 14,38 €/m² en junio de 2025, pero en regiones con topes como Cataluña, se estabilizó sin colapso masivo, y expertos prevén subidas controladas si se combina con construcción pública (no solo la cacareada desregulación). En alimentos, los topes propuestos no generaron escasez histórica; al contrario, la ausencia de ellos post-rebaja IVA en 2025 subió precios para consumidores (ej. pan y leche), mientras la oferta se mantuvo estable. En energía, los topes no redujeron la oferta: La producción renovable creció y los precios anuales se estabilizaron en ~75 €/MWh en 2025, refutando la cacareada «escasez» que pronosticaba la derecha.
3. Refutación al desincentivo a la producción e inversión privada: Contrario a lo alegado, las intervenciones no desincentivan: en energía, la «excepción ibérica» incentivó inversión en renovables al estabilizar precios, con previsiones de dinamismo en tarifas cada 15 minutos desde enero 2025. En alimentos, la rebaja IVA (alternativa neoliberal) no contuvo subidas (çomo ya hemos ejemplificado); empresas como Mercadona capturaron márgenes, con beneficios récord en 2023-2024, mientras los consumidores vieron alzas injustificadas, mostrando que la desregulación beneficia alas corporaciones, no a la producción general. En agua, los controles en Baleares no penalizaron al desarrollo; al contrario, evitan la sobreexplotación en sequías, promoviendo la inversión sostenible.
4. Refutación a la preferencia por soluciones fiscales y desregulación: Rebajas fiscales como el IVA al 0% en alimentos (2023-2024) beneficiaron más a las empresas: terminada esa regulación en enero 2025, subieron precios para hogares, con el aceite de oliva y básicos impactados, mientras grupos fiscales compensaron bases negativas al 50% (prorrogado a 2025), favoreciendo corporaciones sobre consumidores. Esto ilustra que la desregulación agrava desigualdades, no las resuelve, como evidencian los incrementos fiscales en 2025 que afectan más a los vulnerables.

En resumen, estas refutaciones se basan en datos de 2025 que muestran topes efectivos en estabilizar precios y corregir desigualdades, mientras que las alternativas neoliberales a menudo fallan en trasladar beneficios al público, exacerbando oligopolios.

Conclusión

¿Para que tendríamos que pagarle un sueldo público a quienes presumen de que no harán absolutamente nada, cuando surja un problema cuyo origen es la avaricia corporativista? Hemos llegado a un punto de escora hacia cierta ideología que hasta dichos políticos se permiten presumir públicamente de su inacción para evitar hacer aquello a lo que constitucionalmente obligados. Aquí tenemos un ejemplo claro: José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, cuyo «video de bodas» con una una Borbón (Teresa Urquijo Moreno) fue sufragado por todos los Madrileños mediante el uso partidista de Telemadrid, y que cobra un sueldo público de 115.419,42 €. Esta fue su respuesta cuando otro partido, Más Madrid, criticó su inacción para solventar el verdadero problema de la vivienda: la especulación, que ha hecho que el precio suba «una burrada», como diría Roig.

Exacto. https://t.co/WASYUmR23V

— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 6, 2021

Por si no quedaba claro, según el artículo 47 de la Constitución Esopañola, «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.» pero más importante en dicho artículo es que según se decreta  en él:

«Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.»

Se les están pagando decenas de miles de euros a políticos que se benefician de aquello que no quieren regular, para que cuando se les critique por perjudicar con ello a los consumidores, al público general, encima presuman de su inacción y de su manifiesta irresponsabilidad. Todos ellos, del mismo bando ideológico (neoliberal) y con un claro conflicto de intereses.

El porqué no hacen nada o votan en contra de las medidas, repitiendo eslóganes favorables a sus intereses partículares, es evidente: por un lado, porque con ello benefician a sus propias empresas o aquellas de las que son accionistas, por otro porque con ello benefician a sus camaradas, que en muchas ocasiones les retribuirán con prebendas o con puestos en Consejos de Administración, una vez se jubilen de la vida activa en la política como diputados, congresistas, concejales, presidentes autonómicos, alcaldes o aquel puesto cual sea que hayan conseguido y les dé acceso al dinero público.