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Gracias a la ley hipotecaria española elaborada en plena dictadura franquista, y una modificación mediante Decreto Ley que en 1998 hizo el gobierno del PP, se concede a la Iglesia Católica la potestad de inscribir a su nombre propiedades que no estaban a nombre de nadie. Este acto, llamado «Inmatricular» ha provocado una auténtica batalla jurídica en algunos municipios: Los vecinos han visto como bienes que creían que eran del pueblo han pasado de la noche a la mañana a manos de algunos obispados. La Iglesia católica española ha conseguido miles de propiedades mediante este sistema, el valor monetario de las mismas, incalculable.