El papel del Catolicismo en la oposición a la Democracia y la Laicidad, y su apoyo al Fascismo y al Golpismo en España

El catolicismo en España ha jugado un rol esencial en la historia política del país, particularmente en su oposición a los avances democráticos y laicos, y en su alineación con movimientos fascistas y golpistas¹. Desde el siglo XIX hasta finales del XX, sectores conservadores de la Iglesia católica española han respaldado activamente iniciativas que buscaban derrocar regímenes republicanos y democráticos, promoviendo en su lugar dictaduras autoritarias alineadas con valores tradicionalistas y religiosos.

Este artículo (que nace de unos hilos de twitter que publiqué² con el propósito de expandirlos) examina cronológicamente este fenómeno, incorporando datos históricos sobre orígenes, conspiraciones, propagandismo, milicias paramilitares como los requetés y el involucramiento directo del clero en todo ello. Para desmontar narrativas revisionistas que pintan a la Iglesia española como mera víctima, se basa en fuentes documentadas, incluyendo las declaraciones y leyes de los propios fascistas, testimonios de hilos históricos y investigaciones adicionales, revelando así su participación activa en el aborregamiento, el adoctrinamiento, la propaganda, la polarización y el golpismo. De hecho he añadido resaltados en cuadros de color rojo todos los Golpes de Estado que dio la derecha durante décadas, para que se aprecie perfectamente cual era el ambiente en el que se tenían que mover los demócratas, qué era lo que habían vivido y estaban viviendo a manos de la derecha católica.

La filosofía e idea de fondo

La Iglesia católica, aliada histórica de la monarquía y las élites, vio en la democracia y la laicidad amenazas a su influencia social, económica y educativa. Esto se manifestó en apoyos a coups d’état, financiamiento de milicias y propaganda que justificaba la violencia como «cruzada» contra su demonizado «comunismo» (por ser este de clases populares) y contra lo que ellos denominaron como «la impiedad».

A continuación, detallaremos esta trayectoria, destacando figuras clave y eventos. Hechos incuestionables, por más que los herederos ideológicos (por herencia familiar o por ignorancia) del fascismo intenten negar o por más revisionismo que hagan para negar su pedigrí, su currículum y su historia para autoblanquearse.

Pero para entender todo esto, primero vayamos al origen, respondiendo a las preguntas: ¿Qué es la derecha? ¿Dónde tiene su origen y porqué es como es?

Orígenes de la «Derecha» Política: de la Revolución Francesa a la preservación de Privilegios

El concepto de «derecha» en el espectro político tiene sus raíces en la Revolución Francesa de 1789, un evento esencial que no solo transformó Francia sino que estableció las bases ideológicas para la división política moderna en Europa, incluyendo España. Durante la Asamblea Nacional Constituyente, convocada el 5 de mayo de 1789, los diputados se organizaron físicamente en la sala: a la derecha del presidente se sentaron los partidarios del Antiguo Régimen (principalmente la nobleza y el clero), quienes defendían el mantenimiento de una relación simbiótica de parásitos del poder: la monarquía absoluta, los privilegios feudales y el orden social jerárquico tradicional. En contraste, a la izquierda se posicionaron los representantes del Tercer Estado (las clases populares y por aquel entonces también la burguesía – estamos hablando de sus inicios), que abogaban por reformas radicales, igualdad ante la ley y la abolición de privilegios. Esta disposición espacial, inicialmente casual, se convirtió en un símbolo duradero: la «derecha» representaba (y sigue representando) la conservación del status quo (que históricamente les beneficia), mientras que la «izquierda» simbolizaba el cambio y la progresividad.

La ideología de la derecha naciente en Francia defendía primordialmente los intereses de las clases privilegiadas: la nobleza, que disfrutaba de exenciones fiscales y derechos feudales sobre la tierra, y el clero, que controlaba vastos bienes eclesiásticos y ejercía influencia moral y educativa sobre la sociedad. Estos grupos veían en la Revolución una amenaza existencial a su poder, promoviendo en su lugar una monarquía constitucional limitada (inspirada en el modelo inglés) que contuviera los excesos democráticos y preservara las jerarquías sociales «naturales»³ e inevitables. En esencia, la derecha conservadora enfatizaba el orden, la autoridad y la tradición, oponiéndose a ideas igualitarias que pudieran erosionar los privilegios heredados. Esta postura no era meramente reactiva; se basaba en la creencia de que las desigualdades sociales eran deseables para mantener la estabilidad, con el rey y la Iglesia como pilares de un sistema divino y jerárquico.

Esta ideología se ha mantenido a lo largo de la historia por mecanismos de herencia social y cultural, transmitiéndose generacionalmente a través de instituciones como la familia, la educación elitista y alianzas con poderes establecidos, como la Iglesia católica en contextos europeos católicos como España. Las clases privilegiadas (nobleza, terratenientes y élites económicas) han perpetuado estos valores al posicionarse como «representantes naturales» del status quo, priorizando la administración pragmática del orden existente sobre innovaciones ideológicas radicales. La herencia se refuerza mediante redes sociales cerradas, donde los principios conservadores (como la defensa de la propiedad privada*, el nacionalismo y el autoritarismo) se inculcan desde la infancia, asegurando la continuidad de jerarquías que benefician a los mismos grupos. En España, esta dinámica se enlaza directamente con el catolicismo conservador, donde la derecha ha heredado una alianza con la Iglesia para oponerse a la democracia y la laicidad, viendo en ellas amenazas a los privilegios tradicionales, como se evidencia en movimientos carlistas y golpistas posteriores. Esta persistencia hereditaria explica por qué la derecha mantiene su esencia defensora de élites, adaptándose superficialmente pero preservando el núcleo de desigualdad y tradición.

(*) En realidad, la propiedad personal. Que la derecha y mucha gente ha confundido (intencionadamente o no) con lo que en el marxismo se conoce como «propiedad privada de los medios de producción». Los conservadores lo interpretaron para manipular a la hora de generalizar, para hacer ver que lo que promovía la izquierda era quitar a las personas sus propiedades y así demonizar el autentico objetivo, que era democratizar quiénes son los dueños de la fábrica: si elos, unos pocos acaudalados empresarios, o los propios trabajadores.

Orígenes conservadores del Fascismo en el Siglo XIX: precursores ideológicos y figuras clave

Aunque el fascismo como movimiento político organizado surgió en el siglo XX, particularmente en Italia bajo Benito Mussolini⁴ en 1919 con la fundación de los Fasci di Combattimento, sus raíces ideológicas se remontan al siglo XIX, donde se entrelazan con corrientes conservadoras reaccionarias que rechazaban los principios de la Ilustración, el liberalismo⁵ y la democracia emergente. Estas ideas conservadoras, nacidas en respuesta a la Revolución Francesa de 1789, enfatizaban el autoritarismo, el nacionalismo orgánico, la jerarquía social y el rechazo al racionalismo individualista, sentando las bases para el totalitarismo fascista. El fascismo heredó de estos precursores un énfasis en la tradición, la autoridad estatal fuerte y la mitificación de la nación, adaptándolos a contextos modernos como la crisis posbélica y el anticomunismo. Este conservadurismo no era meramente nostálgico, sino activamente contrarrevolucionario, promoviendo la violencia y el mito como herramientas para restaurar un orden «natural»³ frente al igualitarismo republicano.

Una figura central en estos orígenes es Joseph de Maistre (1753-1821), un filósofo contrarrevolucionario francés que criticó ferozmente la Revolución Francesa en obras como Consideraciones sobre Francia (1797). De Maistre defendía un absolutismo divino, donde la autoridad proviene de Dios y no del pueblo, enfatizando el rol de la providencia, la guerra como purificadora y el rechazo al racionalismo ilustrado. Sus ideas sobre el sacrificio, la jerarquía y el autoritarismo influyeron directamente en pensadores fascistas posteriores, como lo señaló Isaiah Berlin en su ensayo «Joseph de Maistre and the Origins of Fascism» (1990), donde lo describe como precursor del fascismo por su visión de la sociedad como un organismo jerárquico regido por la violencia redentora. De Maistre representaba el conservadurismo ultramontano católico, oponiéndose a la secularización y promoviendo un estado teocrático que resonaría en regímenes fascistas como el de Franco en España.

Otro precursor clave es Maurice Barrès (1862-1923), novelista y político francés que acuñó el «nacionalismo integral» en la década de 1890. Barrès fusionó el conservadurismo con un nacionalismo étnico y antisemita, defendiendo la «raza» francesa, la tradición y el culto a los muertos (como en su trilogía El culto del yo, 1888-1891). Influenciado por el Caso Dreyfus (1894-1906), promovió un patriotismo exclusionario que rechazaba el cosmopolitismo liberal, influyendo en Mussolini directamente, quien admiraba su énfasis en la nación como entidad orgánica y mística. Barrès, junto a Charles Maurras (fundador de Acción Francesa en 1899), representaba la derecha radical francesa, que exportó ideas antiliberales a Italia y España, promoviendo el autoritarismo monárquico y el rechazo al parlamentarismo.

Georges Sorel (1847-1922), ingeniero y teórico francés, aportó al fascismo su concepto de «mito» y la violencia revolucionaria desde una perspectiva sindicalista, en obras como Reflexiones sobre la violencia (1908). Aunque inicialmente socialista, Sorel evolucionó hacia un conservadurismo irracionalista, defendiendo la huelga general como mito movilizador y la violencia como fuerza creativa contra la decadencia burguesa. Sus ideas influyeron en Mussolini, quien lo citaba como inspiración para el fascismo, adaptando el sindicalismo soreliano al corporativismo estatal. Sorel conecta el conservadurismo del XIX con el fascismo al promover un antiintelectualismo que valoraba la acción instintiva sobre la razón, alineándose con elites conservadoras que veían en el caos posbélico una oportunidad para restaurar jerarquías.

Además de estos, se añaden otros ideólogos conservadores para temas más específicos, como Joseph Arthur, conde de Gobineau (1816 – 1882), un diplomático y filósofo francés, antisemita y precursor de las teorías raciales. Su ensayo «Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas» (1853-1855) influyó en ideas de superioridad aria y jerarquías raciales, adoptadas por nazis y fascistas. Las ideas racistas y supremacistas de su obra encantaron al músico clásico Richard Wagner hasta el punto de que ambos se hicieron amigos. No es casualidad que Hitler fuera un fan de Wagner y a otros músicos de renombre como Felix Mendelssohn (1809–1847), de origen judío, los considera genios pero «inaceptables», tachando su música como una que carecía de “profundidad heroica” y “espíritu germánico”.

Otro precursor del fascismo es  también a Charles Maurras (1868-1952): un escritor francés, fundador de Action Française (1899), un movimiento nacionalista integral que combinaba monarquismo, antisemitismo y anti-parlamentarismo, y que sirvió de modelo para el fascismo italiano.

Y hablando del fascismo italiano…

Entre los fans del conde supremacista y racista Joseph Arthur, se encontraba Adriano Romualdi (1940 – 1973): un un historiador, ensayista, político y periodista italiano, hijo del presidente del partido neofastista Movimento Sociale Italiano (MSI, heredero de Mussolini), Pino Romualdi (1913 – 1988). Adriano estuvo involucrado en un caso de violencia política: el 13 de febrero de 1964 conducía un Fiat 600 junto con los neofascistas Paolo Pecoriello y Flavio Campo, quienes atacaron a un grupo de personas que acompañaban a Pier Paolo Pasolini y lo defendían de la emboscada fascista. Pero nos estamos adelantando al tema: los precursores.

Otras figuras en el incipiente fascismo italiano incluyen a Enrico Corradini (1865-1931), nacionalista italiano que en 1903 fundó la revista Il Regno para promover un «nacionalismo combativo» contra el liberalismo⁵ y el socialismo, enfatizando la guerra como «educadora» y la colonización imperial. Corradini, precursor del fascismo, fundó la Asociación Nacionalista Italiana en 1910, fusionando conservadurismo con expansionismo. Además, el futurismo de Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), con su manifiesto de 1909, rechazó tradiciones pasadas pero adoptó un militarismo conservador que influyó en el alma fascista, valorando la guerra como «higiene del mundo».

 

Estos orígenes conservadores explican cómo el fascismo emergió como una «contraofensiva ideológica» contra el comunismo (defensor de los derechos laborales contra la explotación en la era industrial) y la democracia, convergiendo con élites tradicionales en Italia y Alemania (dueña de los medios de producción) durante la crisis de entreguerras, como señala Renzo De Felice en sus estudios sobre el fascismo. En España, esta herencia se manifestó en el nacionalcatolicismo franquista, enlazando con el golpismo católico examinado en secciones previas.

No. Mussolini no creó el fascismo y menos del socialismo

La mayoría de la gente cree que el inventor del fascismo fue Benito Mussolini y que, como este fue en su momento socialista, el fascismo proviene del socialismo. Ya he expuesto cómo de falso es esto exponiendo los orígenes reales de dicha ideología. Pero la mayor evidencia es su propia historia: aunque Mussolini militó en el socialismo italiano hasta 1914, su ruptura con el Partito Socialista Italiano (PSI) fue inmediata en cuanto adoptó una posición abiertamente nacionalista al apoyar la intervención en la Primera Guerra Mundial. Esa postura, incompatible con el internacionalismo obrero, lo expulsó del movimiento socialista y lo situó en un terreno político distinto: el del nacionalismo agresivo que ya germinaba en sectores conservadores y militaristas.

Entre 1912 y 1914 Mussolini era uno de los líderes más influyentes del PSI. Dirigía Avanti!, el periódico oficial del partido, desde donde defendía una línea marxista dura, antimilitarista y antiburguesa. Entonces estalla la Primera Guerra Mundial (agosto de 1914) y el PSI adopta una postura firme y unánime:

«Ni adherir, ni sabotear»: neutralidad absoluta.

El partido entiende la guerra como un conflicto entre potencias imperialistas que nada tiene que ver con los intereses de la clase trabajadora. Es ahí cuando se produce el giro de Mussolini hacia el intervencionismo: entre septiembre y octubre de 1914, Mussolini cambia radicalmente de posición. Abandona el antimilitarismo y comienza a defender públicamente la entrada de Italia en la guerra, argumentando que el conflicto podría acelerar la revolución social. Esta postura es esencialmente nacionalista, no internacionalista (la defendida por la izquierda).

En octubre de 1914 escribe en Avanti! un editorial titulado “De la neutralidad absoluta a la neutralidad activa y operante”, donde rompe con la posición oficial del partido. Esto lleva a unas consecuencias inmediatas: su destitución. El Comité Central del PSI, escandalizado por su giro político y por su desafío a la disciplina del partido, lo destituye de la dirección de Avanti! el 20 de octubre de 1914.

Mussolini no rectifica. Al contrario, crea en noviembre de 1914 un nuevo periódico, Il Popolo d’Italia, claramente intervencionista y financiado por sectores industriales, nacionalistas y militares favorables a la entrada en la guerra. Esto es considerado una traición abierta al partido y el 24 de noviembre de 1914, el PSI lo expulsa formalmente por:

• violar la disciplina del partido.
• adoptar posiciones incompatibles con el socialismo internacionalista.
• colaborar con fuerzas nacionalistas y burguesas pro-guerra.

La salida de Mussolini marca su ruptura definitiva con el socialismo. Desde ese momento se integra en el intervencionismo nacionalista y en redes de poder conservadoras, paso previo a la creación de los Fasci di Combattimento en 1919.

Tras la guerra, en 1919, organizó los Fasci Italiani di Combattimento, un conglomerado formado por excombatientes, monárquicos, protofascistas y elementos abiertamente antidemocráticos. Para 1921, el movimiento ya se había integrado en la estructura del poder económico y social de la Italia de posguerra: grandes empresarios, terratenientes, la monarquía y sectores del Ejército lo respaldaban como herramienta para frenar el avance socialista y restaurar el orden tradicional.

La consagración definitiva llegó en 1922 con la Marcha sobre Roma, que no fue un golpe popular sino una operación tolerada y en última instancia legitimada por el Ejército, la Corona y la Iglesia. El rey Víctor Manuel III, al negarse a firmar el estado de sitio, facilitó la entrega del poder a Mussolini. La jerarquía eclesiástica, por su parte, veía en el fascismo una fuerza útil contra el liberalismo, la secularización y el socialismo.

En 1932, Mussolini y el filósofo Giovanni Gentile sistematizaron la ideología del régimen en la entrada sobre el fascismo publicada en la Enciclopedia Italiana. Allí se definía un proyecto intrínsecamente antiliberal, antidemocrático y antisocialista, basado en la exaltación de la nación, la autoridad del Estado, el rechazo del individualismo moderno y la defensa de la propiedad privada como fundamento del orden social. Era un programa inequívocamente situado en la extrema derecha, cuya meta era construir un Estado totalitario en el que la vida social, política y cultural quedara subordinada a una concepción orgánica y jerárquica de la comunidad nacional.

La figura de Gentile resulta particularmente reveladora para comprender la raíz ideológica del fascismo. Su pensamiento, heredero del idealismo hegeliano, estaba profundamente influido por intelectuales católicos como Antonio Rosmini y Vincenzo Gioberti, así como por autores de la Derecha Histórica italiana. Este entramado filosófico enlazaba sin dificultad con el tradicionalismo conservador, el nacionalcatolicismo y las corrientes religiosas que concebían la sociedad como un organismo unitario guiado por la autoridad legítima y sostenido en valores espirituales suprahistóricos.

Giovanni Gentile, considerado el “filósofo del fascismo” y coautor junto a Mussolini de La dottrina del fascismo (1932), desarrolló ese idealismo hegeliano profundamente reinterpretado en clave espiritualista y nacionalista. Su pensamiento no surgió en el vacío: procede de una tradición intelectual italiana marcada por el conservadurismo, el nacionalismo cultural y el catolicismo político. Entre sus principales influencias se encuentran Bertrando Spaventa, figura destacada de la Derecha Histórica italiana, así como los sacerdotes Antonio Rosmini y Vincenzo Gioberti, cuyos planteamientos fueron decisivos para la construcción del idealismo italiano del siglo XIX.

Bertrando Spaventa (1817–1883), adscrito a la Destra Storica (el bloque liberal-conservador que dirigió la unificación italiana) defendía que Italia debía “recuperar” su tradición filosófica incorporándose al espíritu del idealismo alemán, especialmente al de Hegel. Spaventa argumentaba que el Estado es la culminación racional del desarrollo histórico, una idea que Gentile radicalizó hasta convertirla en la base de su “Estado ético totalitario”. Su lectura de Hegel, filtrada por Spaventa, eliminaba cualquier rastro de pluralismo o límites al poder estatal, y lo reinterpretaba como una entidad moral absoluta a la que el individuo debía subordinarse.

 

Antonio Rosmini (1797–1855), sacerdote y filósofo, representa uno de los pilares del catolicismo liberal italiano. Su obra Filosofía del derecho y su Teosofía influyeron en Gentile por su insistencia en el fundamento espiritual de la sociedad y la primacía del orden moral sobre la libertad individual. Rosmini defendía que la sociedad se organiza a partir de principios trascendentes y jerárquicos, concepto que Gentile adopta y seculariza, transformándolo en la idea de una comunidad nacional unida orgánicamente bajo un Estado total. Aunque Rosmini defendía un liberalismo moderado, su pensamiento proporcionó a Gentile un marco metafísico donde la autoridad ocupa un lugar central.

 

Vincenzo Gioberti (1801–1852), también sacerdote, fue uno de los teóricos más influyentes del “neoguelfismo”, un movimiento que defendía la unión espiritual y política de Italia bajo la guía moral de la Iglesia y la Monarquía. Su obra Del primato morale e civile degli italiani sostenía que Italia tenía una misión histórica de regeneración moral del mundo. Gentile retoma esta idea del “primado moral nacional” y la transforma en un nacionalismo filosófico donde la nación italiana es concebida como una entidad espiritual superior cuya expresión plena es el Estado fascista. Gioberti también defendía la armonía entre Estado, religión y sociedad, un ideal que Gentile convirtió en la justificación teórica de la fusión entre Estado y vida civil en el fascismo.

Estas influencias (el hegelianismo estatalista de Spaventa, el espiritualismo jerárquico de Rosmini y el nacionalismo moral de Gioberti) confluyeron en la formulación de un idealismo actualista que veía el Estado como “acto puro”, un principio absoluto que unifica voluntad, moralidad y nación. Este entramado ideológico se convirtió en la base filosófica del fascismo italiano, otorgando al régimen una legitimación cultural y religiosa revestida de tradición nacional.

La sintonía entre el fascismo y la Iglesia católica se consolidó con los Pactos de Letrán de 1929, mediante los cuales el Vaticano obtuvo reconocimiento estatal, privilegios jurídicos y control sobre la educación religiosa, mientras el régimen recibía la legitimación moral de la institución religiosa más influyente del país. No se trató de una coincidencia ideológica accidental sino de una convergencia estratégica: ambos proyectos compartían la desconfianza hacia la modernidad liberal, el igualitarismo y el socialismo.

En este sentido, el fascismo no brotó de una supuesta desviación del socialismo, como a veces se afirma, sino de la articulación extrema de elementos ya presentes en la derecha europea de finales del siglo XIX y principios del XX: nacionalismo orgánico, catolicismo integrista, conservadurismo autoritario y miedo a la movilización de las masas obreras. Más que una anomalía, el fascismo fue la culminación de esa corriente reaccionaria, un intento de refundar el orden social mediante un Estado totalitario que concentrara la autoridad política, moral y espiritual de la nación.

Por supuesto, al igual que ahora, otra evidencia de que el fascismo era de derechas, aparte de su apoyo a las élites empresariales, fue la privatización de los servicios públicos. A su llegada al poder, entre 1922 y 1925 Mussolini emprendió una carrera para favorecer al capitalismo de amigos, el nepotismo y la corrupción, privatizando empresas públicas con alto valor añadido y estratégico. En Italia, las privatizaciones fueron más tempranas y concentradas en monopolios estatales y servicios públicos. Mussolini las promovió con la excusa (a ver si esta también les suena) de reducir el gasto público y ganar apoyo empresarial.

Sector / Monopolio o empresa	Descripción y detalles	Fecha aproximada / Decreto principal	Comprador o concesionario principal
Telecomunicaciones (redes telefónicas)	Eliminación del monopolio estatal y transferencia de la mayoría de las redes y servicios telefónicos al sector privado (concesiones regionales).	1923-1925 (principalmente Real Decreto 8 de febrero de 1923 y posteriores en 1924-1925)	Compañías privadas como STIPEL (Nord), TETI (Centro), TELVE (Véneto), TIMO (Sur) y SET (Sicilia). Posteriormente se fusionaron en parte bajo control de grupos como Pirelli.
Seguros de vida	Eliminación del monopolio estatal sobre los seguros de vida ( Istituto Nazionale delle Assicurazioni, INA, pierde el monopolio).	1923 (Real Decreto de abril de 1923)	Devolución al sector privado; compañías como Assicurazioni Generali, Riunione Adriatica, etc., recuperan libertad de operación.
Producción y venta de cerillas (fósforos)	Privatización del monopolio estatal de producción y venta de cerillas.	1923 (transferido a un consorcio privado)	«Consorzio dei produttori di fiammiferi» (consorcio de productores privados).
Ansaldo (maquinaria pesada, astilleros, trenes, aviones)	Gran conglomerado industrial (Ansaldo Gio. Ansaldo & C.) que había sido parcialmente nacionalizado en crisis previas; se devuelve al sector privado (grupo Perrone).	1925 (desnacionalización completa)	Familia Perrone (dueños originales pre-crisis).
Concesiones de autopistas (toll highways)	Transferencia de la construcción y explotación de autopistas con peaje al sector privado (primeras concesiones modernas).	1922-1925 (ej. Real Decreto 15 de abril de 1923 y posteriores)	Ingeniero Piero Puricelli y sociedades privadas (ej. Autostrada Milano-Laghi, primera autopista del mundo en 1924).
Otras concesiones menores	Servicios públicos locales, algunos transportes y utilities municipales transferidos a privados.	1922-1925	Varias empresas locales alineadas con el régimen.

Porque puede haber algún despistado o negacionista, también dejaré que sea el propio Mussolini quien nos diga de qué ideología era:

«Yo no soy socialista. He dejado el pantano marxista.»
— Il Popolo d’Italia, noviembre de 1914

«La democracia es la mentira de la izquierda. La igualdad no existe. El fascismo es orden, jerarquía, deber.»
— La Dottrina del Fascismo (1932)

«Yo soy, y siempre he sido, un hombre de orden. El socialismo me disgustó cuando vi que era impotente ante el caos.»
— Conversación recogida por Emil Ludwig (entrevista de 1932)

En la Doctrina del Fascismo, repito, por si lo anterior no era lo bastante explícito, lo deja bien claro:

Aunque el XIX fuera el siglo del socialismo, el liberalismo y la democracia, eso no significa que el siglo XX deba ser también el del socialismo, el liberalismo y la democracia. Las doctrinas políticas pasan; las naciones permanecen. Somos libres de creer que este es el siglo de la autoridad, un siglo que tiende hacia “la derecha”, un siglo fascista. Si el XIX fue el siglo del individuo (liberalismo implica individualismo), somos libres de creer que este es el siglo del “colectivo”, y por tanto el siglo del estado.

(p. 20)

También explican, Mussolini y Gentile, que su ideología es totalmente contraria a la de la izquierda:

V. Contra el materialismo histórico y la lucha de clase.

Semejante concepción de la vida lleva al fascismo a ser la decidida negación de aquella doctrina que constituyó la base del socialismo apodado científico o marxista: la doctrina del materialismo histórico, según la cual la historia de las civilizaciones humanas sólo se explicaría en virtud de la lucha de intereses entre los diversos grupos sociales o en virtud de la transformación de los medios e instrumentos de producción. Nadie niega que los acontecimientos de la economía — descubrimientos de materias primas, nuevos métodos de trabajo, invenciones científicas — tienen importancia; pero decir que bastan para explicar la historia humana, excluyendo a todos los demás factores, es absurdo: el fascismo cree todavía y siempre en la santidad del heroísmo, es decir, en actos en que no obra ningún motivo económico, próximo o lejano. Negando el materialismo histórico, según el cual los hombres sólo serían comparsas de la historia, que aparecen y desaparecen en la superficie de las olas, mientras que en lo hondo se agitan y trabajan las verdaderas fuerzas directivas, también se niega la lucha de clase, inmutable y fatal, que es hija legítima de la susodicha concepción materialista de la historia; y sobre todo, se niega que la lucha de clase constituya el agente preponderante de las transformaciones sociales. Herido el socialismo en esos dos puntos esenciales de su doctrina, de él ya no queda sino la aspiración sentimental — antigua como la humanidad — hacia una convivencia social en que aparezcan aliviados los sufrimientos y los dolores de la gente más humilde. Pero aquí el fascismo rechaza el concepto de «felicidad» económica, a realizarse de manera socialista y casi automáticamente en un momento dado de la evolución de la economía, deparando el mayor bienestar para todos. El fascismo niega el concepto materialista de «felicidad», como cosa imposible, y lo abandona en manos de los economistas de la primera mitad del siglo XVIII: es decir, niega la ecuación bienestar-felicidad que convertiría a los hombres en animales preocupados tan sólo de una cosa: estar bien alimentados y gordos y, por lo tanto, reducidos a mera y simple vida vegetativa.

(p. 7 y 8)

La integración de la Iglesia en el ámbito militar: la creación del clero castrense

“La figura del miles Christi y la sacralización de la guerra crearon una tradición que perduró mucho después de las Cruzadas, influyendo en la presencia de clérigos junto a los ejércitos.”
(Jean Flori, La guerre sainte, 2001)

“El clérigo en el ejército prolonga la unión entre fe y combate heredada del espíritu de cruzada.”
(Michel Rouche, Histoire du christianisme, vol. V)

“La institución del clero castrense hunde sus raíces en la tradición cruzadista, que legitimaba la presencia de sacerdotes en las huestes como apoyo espiritual al combatiente cristiano.”
(Revuelta González, Iglesia y Ejército en la España Moderna, 1983)

“El ideal de cruzada pervivió en la justificación teológica del capellán militar.”
(Portela Sandoval, El Real Cuerpo de Capellanes de los Ejércitos, 1999)

El clero castrense, también conocido como capellanía militar o vicariato castrense, representa la estructura eclesiástica belicista dedicada a proporcionar asistencia espiritual a las fuerzas armadas, integrando directamente a la Iglesia católica en el aparato militar del Estado. Sus orígenes en España se remontan a la época de los Tercios españoles en el siglo XVI, donde sacerdotes acompañaban a las tropas en campañas militares, viviendo con ellas y ofreciendo servicios religiosos sin una adscripción formal al ejército. Esta práctica informal se consolidó en 1532 con la organización de los Tercios, unidades de infantería legendarias (por su mitificación a manos del conservadurismo) del Imperio español, donde los capellanes no solo oficiaban misas y confesiones, sino que también motivaban a los soldados presentando las batallas como cruzadas en defensa de la fe católica. Esta integración temprana reflejaba la alianza histórica entre la monarquía católica y la Iglesia*, donde el clero servía como herramienta de cohesión ideológica y moral en contextos de guerra, alineándose con los intereses conservadores y golpistas que se oponían a reformas laicas.

*También explica la obsesión de los neofascistas por rememorar y mitificar a este cuerpo militar: por eso muchos de ellos (los que aún se avergüenzan) niegan ser fascistas bajo un argumento torticero basado en que su apelación y uso de simbología relacionada con este cuerpo solo es «nostalgia» o por mero interés histórico. Lo cual es una falacia porque es el mismo interés que ya tenían los fascistas del siglo XX.

La formalización del clero castrense ocurrió en el siglo XVII, específicamente en 1645, cuando el papa Inocencio X promulgó el breve apostólico Cum Sicut Maiestatis Tuae, creando la primera jurisdicción eclesiástica castrense en España. Este documento estableció una estructura jerárquica bajo un vicario general castrense, dependiente directamente del rey, para atender las necesidades espirituales de los soldados y marinos. El objetivo era asegurar la disciplina moral en el ejército, combatiendo la «ignorancia religiosa» y promoviendo valores católicos tradicionales en un período de expansiones imperiales y conflictos como la Guerra de los Treinta Años (1618-1648). Esta creación no fue meramente pastoral; respondía a la necesidad de la monarquía absoluta de reforzar su legitimidad divina a través de la Iglesia, sentando precedentes para futuras alianzas en golpes de Estado y dictaduras, donde el clero castrense justificaría intervenciones militares como «cruzadas» contra el laicismo.

Durante el siglo XVIII, el clero castrense experimentó un desarrollo significativo, particularmente en enclaves militares como Ferrol (Galicia), donde el auge naval bajo la Ilustración borbónica impulsó la creación de estructuras eclesiásticas específicas para el ejército. En este período, los capellanes se integraron más formalmente en la jerarquía militar, con salarios estatales y roles en la educación de oficiales, oponiéndose a influencias ilustradas que promovían la secularización. Esta evolución continuó en el siglo XIX y XX, adaptándose a contextos como las Guerras Carlistas, donde capellanes carlistas reclutaban y motivaban tropas, enlazando con el tradicionalismo católico examinado previamente.

En la Segunda República (1931-1939), el clero castrense mantuvo su vinculación con el ejército, a pesar de las reformas laicas, como la de 1932 que lo suprimía, que buscaban reducir la influencia eclesiástica. Muchos capellanes, tradicionalmente alineados con la Iglesia católica, apoyaron los ocho golpes desde la I República hasta el golpe de 1936, actuando como propagandistas y capellanes en el bando franquista, justificando la guerra como una «cruzada nacional».

Finalmente, en 1986, el papa Juan Pablo II reformó la estructura mediante la constitución apostólica Spirituali Militum Curae, renombrándola como Arzobispado Castrense de España, elevándola a diócesis personal y adaptándola al derecho canónico moderno, aunque manteniendo su rol en la preservación de valores conservadores dentro de las fuerzas armadas. Esta institución ilustra cómo la Iglesia ha perpetuado su influencia en ámbitos de poder, contribuyendo a la oposición contra la democracia y la laicidad en favor de regímenes autoritarios.

Siglo XIX: Las Guerras Carlistas y los orígenes del Requeté

El siglo XIX marcó el inicio del conflicto entre el catolicismo conservador y las aspiraciones liberales en España. Las Guerras Carlistas (1833-1876) fueron el primer gran enfrentamiento, donde los carlistas (un movimiento tradicionalista y legitimista) defendieron una monarquía absoluta y católica contra el liberalismo isabelino. El carlismo, profundamente impregnado de catolicismo, buscaba establecer una rama alternativa de la dinastía Borbón, descendiente de Carlos María Isidro, enfatizando «Dios, Patria, Fueros y Rey» (recuerden este lema, porque los fascistas modernos siguen empleándolo tal cual o versionado).

El término requeté surgió aquí para referirse a combatientes carlistas, evolucionando hacia una milicia paramilitar católica. Estos grupos se oponían a la secularización y la pérdida de privilegios eclesiásticos, como la desamortización de bienes de la Iglesia. El clero jugó un rol activo: sacerdotes rurales reclutaban y bendecían tropas, presentando la lucha como defensa de la fe.

Las guerras carlistas desestabilizaron España, erosionando la autoridad de la monarquía y la Iglesia, y sentando precedentes para futuras intervenciones golpistas. En este contexto, en el que veremos que apenas transcurría una década entre Golpe de Estado y Golpe de Estado por parte de la derecha más conservadora, es con el que tuvieron que convivir y con el que tuvieron que lidiar los demócratas. Pero ¿de qué se nutría este movimiento paramilitar católico?

Como siempre, el objetivo era la inmadurez: el adoctrinamiento de la juventud

Profundizando y siendo más específicos, cabe señalar de nuevo que los orígenes del requeté se remontan al siglo XIX, específicamente a la Primera Guerra Carlista (1833-1840), donde el término surgió como apodo para designar a combatientes carlistas, un movimiento tradicionalista y católico que defendía la candidatura de Carlos María Isidro al trono español frente a la línea liberal de Isabel II. Durante esta contienda, los requetés se formaron inicialmente como batallones voluntarios en regiones como Navarra y el País Vasco, áreas de fuerte arraigo carlista. Según fuentes históricas, el tercer batallón navarro adoptó el nombre «Requeté» a partir de una canción popular que lo distinguía de otros:

«El primero, la Salada, el segundo, la Morena, el tercero, el Requeté, y el cuarto, la Hierbabuena».

Este apodo evolucionó a base de una campaña ironizadora por parte de sus partidarios, de burlas sobre el estado de sus uniformes tras combates en las montañas, a transformarse en un símbolo de valentía y arrojo en cargas a la bayoneta, como documentó el escritor británico William Walton en 1837, quien describió cómo los jóvenes del batallón cantaban «Requeté, que se te ve» antes de entrar en batalla.

Aunque el requeté como organización paramilitar formal se consolidó en el siglo XX, sus raíces en el XIX radican en estas milicias irregulares carlistas, que se extendieron a las subsiguientes guerras carlistas (1846-1849 y 1872-1876), oponiéndose a las reformas liberales que amenazaban los fueros tradicionales, la monarquía absoluta y los privilegios eclesiásticos.

El reclutamiento de jóvenes en estas milicias carlistas durante el siglo XIX combinaba elementos voluntarios con medidas coercitivas, especialmente en la Primera Guerra Carlista, donde se priorizaba a hombres solteros y jóvenes entre 17 y 40 años para evitar disrupciones en la agricultura familiar. ¿Les suena este target? Es el mismo que ha empleado y emplea ahora el fascismo.

Inicialmente, se basaba en los Voluntarios Realistas, grupos armados leales al absolutismo, pero pronto evolucionó a levas forzadas (quintas) ante la necesidad de tropas, con comandantes como el coronel Castor de Andéchaga reclutando arbitrariamente a jóvenes sin consulta a autoridades locales, lo que generaba tensiones y altas tasas de deserción. Fuentes documentales destacan que muchos jóvenes vizcaínos eran convocados por su «edad prescrita por la ley», permaneciendo en hogares hasta ser incorporados a «las filas de la lealtad», a menudo bajo amenazas o incentivos ideológicos como la defensa de la religión y los fueros. Este proceso incluía la compilación de listas de solteros por parte de instituciones locales, reflejando un enfoque sistemático para movilizar a la juventud rural, inflamada por el romanticismo carlista y la propaganda que presentaba la lucha como una causa heroica.

La Iglesia católica jugó un papel fundamental en la creación y apoyo a estas milicias, actuando como catalizador ideológico y logístico durante las Guerras Carlistas. El clero, particularmente el bajo clero rural y obispos como Joaquín Abarca (obispo de León) y José Caixal (obispo de Seo de Urgel), respaldó activamente al carlismo al verlo como una «guerra santa» contra el anticlericalismo liberal, que incluía la quema de conventos y la secularización. Sacerdotes como el padre Cirilo de Alameda Brea y el cura Echevarría no solo asesoraban a líderes carlistas, sino que predicaban desde los púlpitos para fomentar un «espíritu de cruzada», influenciando especialmente a los jóvenes con consignas como «¡Salvemos la Religión aunque perezcan los Fueros!» y «viva la religión, guerra a los enemigos de Dios». Además, el clero participaba en tareas administrativas, como compilar listas de jóvenes solteros para alistamiento, aunque algunos se negaban por temor a generar «odio o desafecto» entre feligreses. Este involucramiento subraya cómo la Iglesia movilizó apoyo popular, presentando el carlismo como defensa de la fe católica frente a las reformas laicas del siglo XIX.

El primer golpe contra la democracia republicana

En 1874, el Golpe de Estado de Manuel Pavía derrocó la Primera República, instaurando una dictadura bajo Francisco Serrano y Domínguez. Este evento, respaldado por conservadores católicos, ilustró cómo el catolicismo se alineaba con el militarismo para restaurar el orden tradicional contra los primeros experimentos democráticos.

El Golpe de Estado de Manuel Pavía en 1874 se enmarca directamente en el contexto de la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), donde los requetés, como combatientes carlistas, jugaban un rol central en la oposición armada a la Primera República Española. Esta guerra, la última de las Guerras Carlistas, había comenzado bajo la monarquía de Amadeo I pero se intensificó contra la República proclamada en 1873, vista por los carlistas como un régimen laico y federal que amenazaba la unidad católica de España, los fueros tradicionales y la monarquía absoluta. Los requetés, movilizados en batallones como los de Navarra y el País Vasco, participaban en combates activos mientras Pavía, un general republicano moderado pero conservador (a veces solo hace falta eso), disolvía las Cortes el 3 de enero de 1874 para instaurar una dictadura bajo Francisco Serrano y Domínguez, con el objetivo de restaurar el orden ante el caos republicano, incluyendo la insurgencia carlista. Aunque el golpe no benefició directamente al pretendiente carlista Carlos VII (ya que pavimentó el camino para la Restauración Borbónica con Alfonso XII en diciembre de 1874, lo que prolongó la guerra carlista hasta 1876), ambos movimientos compartían una base ideológica conservadora y católica, oponiéndose a las reformas anticlericales de la República, como la secularización de la educación y la disolución de órdenes religiosas.

La Iglesia católica, que había apoyado activamente a los carlistas durante las guerras previas mediante reclutamiento y propaganda, vio en el golpe de Pavía una oportunidad para debilitar el laicismo republicano. Obispos y clérigos rurales, similares a los que adoctrinaban a jóvenes requetés con ideales de «cruzada» contra el liberalismo, respaldaron implícitamente el golpe al percibirlo como un paso hacia la restauración de un orden monárquico y católico. Por ejemplo, la inestabilidad causada por la guerra carlista (con requetés combatiendo en el norte) contribuyó al clima de desorden que justificó la intervención de Pavía, quien, aunque no carlista, alineó su acción con intereses conservadores eclesiásticos al poner fin a un régimen que promovía la separación Iglesia-Estado. Fuentes históricas destacan que este evento no solo prolongó la lucha carlista sino que también ilustró la convergencia entre el militarismo golpista y el tradicionalismo católico, sentando precedentes para futuras alianzas contra regímenes democráticos en España.

Principios del siglo XX: la Dictadura de Primo de Rivera y las Movilizaciones Católicas

El fascismo organizado en España, a manos del conservadurismo católico, surgió principalmente en la década de 1930 (con grupos como JONS en 1931 y Falange en 1933), pero antes de eso, el régimen dictatorial de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) representó un protofascismo autoritario que rechazó el parlamentarismo liberal y las reformas laicas. Pero ¿Cuáles eran estas malvadas reformas?

Reformas Laicas en la Segunda República Española contra las que se oponía la Iglesia Católica

Durante la Segunda República Española (1931-1939), se implementaron una serie de reformas laicas que buscaban secularizar el Estado y reducir la influencia histórica de la Iglesia católica en la sociedad, la educación y la economía. Básicamente, ilustrar a España. Alejarla del adoctrinamiento religioso volviéndola más crítica y culta.*

*En otro artículo explicaré cómo la iglesia favoreció el elitismo educativo manteniendo a la población de clase baja y media analfabeta hasta este punto de la historia.

Estas medidas, impulsadas por la Constitución de 1931 (especialmente en sus artículos 3, 26 y 27), generaron una fuerte oposición por parte de la jerarquía eclesiástica, sectores conservadores y organizaciones católicas, quienes las percibían como un ataque a la fe y al orden tradicional. ¿Les suena el argumento?

La Iglesia y sus aliados las tildaron de «persecución religiosa» (otro clásico en el cristianismo católico), lo que contribuyó a la polarización política y al apoyo eclesiástico al golpe de Estado de 1936. Pero vayamos a ver cuáles eran, listando las principales reformas laicas contra las que se oponían:

• Separación entre Iglesia y Estado: La República declaró al Estado como aconfesional (sí, contra lo que ahora está en el artículo 16 de la Constitución de 1978), eliminando el estatus oficial de la religión católica y prohibiendo su financiación pública. Esto rompía con siglos de alianza entre la monarquía y la Iglesia, como cuando ambas, en una relación simbiótica, firmaron el Concordato de 1851 (véase el BOE), generando rechazo por considerarse una amenaza a la identidad católica de España. ¿Les suena también ese argumento? Por eso lo primero que hizo el fascismo tras su exitoso ultimo Golpe en el 36 fue establecer un Concordato (en 1953)

• Libertad de conciencia y de cultos: Se garantizó la libertad religiosa para todas las confesiones, permitiendo el ejercicio público de otros cultos no católicos. Sí, de nuevo, lo que ahora es un derecho constitucional. La Iglesia se opuso, argumentando que diluía su monopolio moral y social, y que equivalía a promover el «ateísmo» o el «anticlericalismo». En resumen: se temían se les acabara el negocio.

• Enseñanza laica y secularización de la educación: Se prohibió la enseñanza religiosa en escuelas públicas y se impulsó un sistema educativo estatal gratuito, laico y obligatorio. Además, se disolvieron órdenes religiosas como los jesuitas, que controlaban gran parte de la educación, y se nacionalizaron sus bienes. La oposición católica fue feroz, ya que veían esto como un «adoctrinamiento laico» que socavaba su influencia en la formación de la juventud.

• Introducción del divorcio: La Ley de Divorcio de 1932 permitió la disolución del matrimonio civil, lo que contradecía la doctrina católica del matrimonio indisoluble. La jerarquía eclesiástica y organizaciones católicas lo condenaron como un ataque a la familia tradicional y a los valores morales. Por eso los herederos del fascismo franquista, la coalición de conservadores en el partido fundado por siete ministros de la dictadura (Alianza Popular, luego renombrada como Partido Popular) se opusieron y votaron en contra del derecho al divorcio en 1981.

• Matrimonio civil obligatorio: Se estableció el matrimonio civil como la única forma legal de unión, relegando el matrimonio canónico a un rito opcional sin valor jurídico. Esto fue visto por la Iglesia como una intromisión en su ámbito sacramental y una promoción del «laicismo agresivo». De nuevo, otro derecho del que hoy día gozamos (incluso los católicos) pese al catolicismo.

• Secularización de cementerios y registros civiles: Los cementerios pasaron a ser gestionados por el Estado de forma laica, y se creó un registro civil para nacimientos, matrimonios y defunciones, quitando estas funciones a la Iglesia.

Decreto del Gobierno Provisional de 9 de julio de 1931, luego ratificado por las Cortes en el mes de diciembre, establecía el sometimiento de los cementerios civiles a los Ayuntamientos. Pero lo que es más importante, estipulaba que el carácter del enterramiento, ya fuera civil, ya religioso, era voluntad exclusiva del difunto y/o de sus familiares. Estas medidas hicieron que algunos Ayuntamientos decidieran, en virtud de las competencias adquiridas, terminar con la división en el seno de los cementerios entre su parte civil y la religiosa. Así lo hizo Barcelona en el mes de noviembre de 1931. En este sentido, el artículo 27 de la Constitución de 1931 establecía que los cementerios estarían sujetos exclusivamente a la jurisdicción civil, y no estaría permitida la separación de recintos por motivos religiosos. Este sería un motivo más de fricción con la Iglesia.

Fuente: Nueva Tribuna.

La oposición se basaba en que esto eliminaba el control eclesiástico sobre ritos vitales y promovía una sociedad «desacralizada».

• Disolución de órdenes religiosas y nacionalización de bienes eclesiásticos: Órdenes como los jesuitas fueron disueltas en 1932, y se expropiaron propiedades de la Iglesia para usos públicos. Esto incluyó la limitación de congregaciones religiosas a funciones estrictamente espirituales. La Iglesia lo interpretó como una «persecución económica» y un robo de su patrimonio histórico. Por eso, lo primero que hizo la monarquía y aristocracia en 1863 y luego el fascismo franquista en 1946 fue blindar los privilegios de la Iglesia creando además normativas hipotecarias para que esta pudiera hacerse con terrenos, casas, etc. Tener poderes, en resumen, para registrar a su nombre inmuebles en general y que pasaran así a sus manos. Es la propia Iglesia, intentando justificarse como que no es un privilegio, quien exhibe en su web esto:

En 1863 se crea en España el Registro de la Propiedad, a partir de la ley hipotecaria de 1861.

…

En los dos primeros decretos que desarrollan el funcionamiento de este Registro (en junio y noviembre de 1863) se anima a las instituciones públicas y a la Iglesia a registrar sus bienes, para que el Registro acogiera ya desde el comienzo una buena parte de las propiedades que había en España.

Desde ese momento, las instituciones públicas y la Iglesia tienen la capacidad de inmatricular por certificación, un sistema especial para inscribir aquellos bienes de los que no es posible mostrar un título de propiedad, por ejemplo, por su antigüedad o por razones históricas.

El decreto impedía a la Iglesia ya entonces (y así fue hasta 1998) inmatricular los templos (iglesias y ermitas) pues la propiedad era evidente y esos templos no podían ser objeto de comercio.

Pero llegó el franquismo tras su Golpe de Estado y entonces los fascistas legalizaron el latrocinio: la ley de inmatriculaciones de 1946, el Decreto de 8 de febrero de 1946, que aprobó la Ley Hipotecaria y su Reglamento, permitiendo que la Iglesia Católica inscribiera bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad mediante una certificación del obispo diocesano, en ausencia de un título escrito. Este artículo, junto con otros (como el 206 de la ley), se convirtió en el sustento legal para que la Iglesia pudiera inmatricular propiedades a su nombre durante el franquismo y posteriormente. Porque en 1998, efectivamente, lo primero que hizo J. M. Aznar (del antes mencionado Partido Popular) nada más llegar al poder fue efectivamente extender ese privilegio que le dio la dictadura fascista a la iglesia para que esta pudiera hacerse también con iglesias y templos, que hasta entonces pertenecían a las localidades.

Antes de 1930

Durante este período, el anti-parlamentarismo y el autoritarismo se manifestaron en el apoyo al golpe de Estado de 1923 y al régimen de Miguel Primo de Rivera, considerado protofascista por historiadores como Stanley Payne. Primo de Rivera suspendió la Constitución, impuso la censura y disolvió el Parlamento, justificándolo como una «pausa temporal» para «regenerar» España, pero en realidad buscaba un control autoritario indefinido.

Miguel Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923), en su manifiesto justificando el golpe de Estado, declaró:

«Nuestro objetivo es abrir un breve paréntesis en la vida constitucional de España y restablecerla tan pronto como el país nos ofrezca hombres no contaminados con los vicios de la organización política».

Fuente: Manifiesto al País y al Ejército; contexto: Golpe que derrocó al gobierno parlamentario y estableció la dictadura.

Esta frase revela su desprecio por el sistema parlamentario liberal, al que veía como corrupto y contaminado, proponiendo un régimen militar autoritario como alternativa.

Pero volvamos al tema y al punto histórico a comienzos del siglo XX en el que nos situábamos…

Estas reformas, demonizadas por los autoprivilegiados, formaban parte de un esfuerzo por modernizar España y alinearla con principios republicanos y laicos. Por eso provocaron una reacción conservadora que incluyó campañas de propaganda, movilizaciones y, eventualmente, apoyo al alzamiento militar. Fuentes históricas destacan que la oposición no fue solo religiosa, sino también política, al aliarse con monárquicos y fascistas para revertir estos cambios.

Así… En 1907, se reorganizó la Juventud Jaimista carlista, dando origen a una forma paramilitar juvenil del requeté, con carácter católico y antiliberal⁵. Durante las décadas de 1910-1920, estos grupos se consolidaron bajo la Comunión Tradicionalista, aunque con poca actividad armada inicial.

En Navarra, región de fuerte influencia carlista y católica, se produjeron movilizaciones eclesiásticas contra el liberalismo*, contribuyendo al clima de inestabilidad que llevó al Golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera* (13-15 de septiembre de 1923).

En 1923, poco después del golpe, Primo Aquí defendió explícitamente la dictadura militar como única opción viable, rechazando cualquier negociación democrática:

«Ni yo ni las guarniciones de Aragón, de las que acabo de recibir un telegrama de apoyo, aceptaremos nada que no sea una dictadura militar. Si los políticos intentan defenderse, haremos lo mismo, confiando en la ayuda del pueblo, cuyas reservas de energía son grandes».

Fuente: Declaración pública tras el golpe; contexto: Respuesta a posibles opositores al régimen autoritario.

Este golpe, apoyado por la Iglesia y la monarquía, instauró una dictadura que restauró privilegios eclesiásticos, como el control educativo. El cardenal Pedro Segura y otros clérigos azuzaron contra la democracia, viendo en la dictadura un baluarte contra la «impiedad». Tras la dimisión de Primo en 1930, la «dictablanda» de Dámaso Berenguer mantuvo esta línea conservadora.

(*). Miguel Primo de Rivera (1870 – 1930), según se recoge en las fuentes de la wikipedia:

Se veía a sí mismo como el «cirujano de hierro» costiano,​ tras encabezar el 13 de septiembre de 1923 un golpe de Estado que contó con el visto bueno del monarca Alfonso XIII,​ dejó en suspenso la Constitución de 1876,​ e instauró una dictadura en la forma de un directorio militar entre 1923 y 1925, al que siguió un directorio civil presidido por él mismo entre 1925 y 1930.

Y es que si algo predomina en el conservadurismo, además del autoritarismo y de que sus líderes y referentes sean, como en este caso, de la  aristocracia terrateniente jerezana, es el amor por la guerra, el belicismo y la violencia. De ahí que toda su familia de apellido compuesto hubiera sido militar. Como veremos con el del 36, su Golpe de Estado también se planificó tiempo antes:

En septiembre de 1923 el entonces capitán general de Cataluña se trasladó a Madrid para tratar de recabar apoyo para el planeado pronunciamiento, que no llegó de Francisco Aguilera y Egea, un general veterano con ascendencia que habría albergado anhelos de «salvar a España», pero sí de un grupo de generales africanistas opuestos a este último conocido como el Cuadrilátero.Juan O’Donnell se sumó en Madrid el día 12 a última hora a la conspiración, decantando así hacia el golpe también a Diego Muñoz Cobos.​ Primo había vuelto a Barcelona el día 9.

Las relaciones entre la monarquía y el fascista español con el fascismo italiano, que luego colaboraría con el resto de Golpes de Estado, como en del 36, se afianzó con el viaje de Primo de Rivera y Alfonso XIII a la Italia de Mussolini, planificado incluso antes del Golpe perpetrado por Primo de Rivera.

En 1924 justificaba el uso de la fuerza represiva contra disidentes, incluyendo censura y exilios (como el de Miguel de Unamuno), priorizando el «orden» sobre libertades democráticas. Durante su dictadura, afirmó:

«Tengo razones de nuestro lado y, por lo tanto, fuerza, aunque hasta ahora hemos usado la fuerza con moderación».

Fuente: Declaraciones públicas; contexto: Represión inicial contra intelectuales y opositores liberales.

Intentos fallidos como el Golpe de 1926 («Sanjuanada») y el de 1929 destacaron la persistencia del golpismo católico-monárquico.

La Segunda República (1931-1936): conspiraciones, reorganización de los Requetés y rol del clero

A menudo los fascistas actuales (franquistas, falangistas, neonazis, etc.) recurren a su revisionismo histórico para argumentar que el Golpe de julio de 1936 fue una reacción a un supuesto fraude electoral que les quitó del Gobierno durante las Elecciones generales de febrero de ese mismo año. Pero lo cierto es que, como hemos listado ya documentadamente y a continuación probaremos aun más con más datos, ese bulo solo fue una excusa. La realidad es que, entre Golpe y Golpe, así durante décadas, el penúltimo Golpe fue premeditado durante años. Años antes incluso de la Huelga general de 1934 que luego estos fascistas (nacionalcatólicos) pretenden hacer pasar por un «Golpe» para proyectar (uno de sus Principios de Propaganda: el Principio de Transposición de Goebbels) y usarla como excusa y justificación. Y es que si algo habían aprendido la casta religiosa durante siglos es que para convencer deben engañar y usar la propaganda y los bulos como arma.

“La derecha para ganar unas elecciones tiene que mentir, y la izquierda, sin embargo, no, simplemente porque la derecha defiende los intereses de doscientas familias y eso no da votos suficientes”.

Emilio Romero Gómez, director del diario franquista Pueblo y quien se consideraba un «camisa vieja» de Falange, algo que repitió en conversaciones privadas o entrevistas informales durante la Transición democrática (años 70) escuchada por varios periodistas, como Antonio Checa (periodista andaluz) en Confidencial Andaluz.

A menudo verán cómo la derecha pretende justificar el papel del fascismo como «salvador» basándose en que «los rojos» mataban curas, monjas y quemaban conventos en 1931, pero no cuentan el contexto que ya he explicado en lo que va de artículo ni tampoco el papel que desempeñaron los curas años antes. Los pintan como meras víctimas circunstanciales, pero no les verán señalar que en la dictadura de Primo de Rivera (1923–1930) y la etapa final de la Restauración, el clero ya estaba profundamente alineado con la derecha monárquica y antiliberal. El clero no era un pasivo sino un activo en los movimientos violentos antidemocráticos. En pueblos rurales, párrocos que tenían un conocimiento exhaustivo de la vida local solían informar a caciques, guardias civiles o autoridades monárquicas sobre militantes anticlericales, republicanos o socialistas. ¿Ejemplos documentados sobre esto? Más que de sobra:

Paul Preston – El Holocausto Español: describe cómo en varias zonas rurales la Iglesia actuaba como “eje del orden social conservador” y proporcionaba información sobre agitadores o sindicalistas.

Julián Casanova – La Iglesia de Franco: documenta casos de párrocos que advertían a las autoridades sobre maestros republicanos, militantes de UGT, o personas consideradas “peligrosas” políticamente.

José Álvarez Junco – El Emperador del Paralelo: referencias a sacerdotes catalanes conservadores que colaboraban con somatenes y políticos de derechas.

Este papel activo lo veremos además en este mismo artículo en declaraciones de curas, obispos y cardenales.

La creación de Medios de Propaganda Católicos y Conservadores en España: herramientas para la Polarización Antirrepublicana (Siglo XX)

Durante el siglo XX, especialmente tras la proclamación de la Segunda República Española en 1931, la Iglesia católica y las élites conservadoras crearon y potenciaron una red de medios de comunicación con el objetivo explícito de combatir las reformas laicas, fomentar el victimismo religioso y preparar el terreno ideológico para el golpe de Estado de 1936. Estos medios no eran mera «prensa católica informativa», sino instrumentos de propaganda sistemática financiados por la jerarquía eclesiástica, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACdP) y grandes empresarios (como Juan March). Su estrategia principal consistió en:

• Presentar la República como una persecución anticatólica orquestada por masones, judíos y comunistas (teoría conspirativa judeo-masónico-bolchevique).
• Difundir bulos sobre supuestos planes republicanos de exterminio religioso.
• Atacar la democracia parlamentaria como «débil» frente al comunismo.
• Justificar la violencia y el golpismo como «cruzada» defensiva.

 

Esta prensa contribuyó decisivamente a la polarización social, creando un clima de odio que facilitó el apoyo católico al alzamiento franquista.

El Caso Emblemático: El Debate (1910-1936)

Fundado en 1910 por Guillermo Estrada como un periódico modesto, El Debate fue adquirido en 1911 por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACdP), fundada por el padre Ayala y Ángel Herrera Oria (futuro cardenal). Bajo la dirección de Herrera Oria (1911-1933), se convirtió en el buque insignia de la prensa católica moderna profesional, con una gran tirada (hasta 100.000 ejemplares) y financiado por suscripciones católicas y la Editorial Católica (creada en 1912).

Inicialmente «accidentalista» (acataba la República como forma de gobierno legítima), pero evolucionó rápidamente hacia un rol antidemocrático mediante el rechazo frontal. Combatió la Constitución de 1931, la Ley de Congregaciones Religiosas (1933) y la enseñanza laica. Apoyó la CEDA de Gil Robles y celebró la victoria derechista de 1933 como «revancha católica».

Tal y como hace hoy su heredera, este panfleto se dedicó a la creación y difusión de bulos y propaganda: participó en la campaña antimasónica (1932-1936), acusando a la República de estar manipulada por logias masónicas que querían destruir la Iglesia. Exageró la «persecución religiosa» y difundió rumores de planes republicanos para quemar conventos y asesinar curas.

Tutor ideológico de Acción Popular (CEDA) y cercano a Acción Española. En 1935 creó el vespertino Ya, de línea similar.

Suspendido varias veces por la República (1931, 1932), su último número salió el 19 de julio de 1936; sus instalaciones fueron incautadas por el bando republicano.

Al igual que ha hecho estos últimos diez años, como si siguieran los pasos estratégicos de los años 30, en esa época la derecha creó una ristra de panfletos y medios para hacer propaganda favorable a su marco ideológico. Para que hagan una idea, este es el listado de los Principales Medios Católicos/Conservadores antirrepublicanos creados entre finales del XIX y comienzos del XX:

Medio	Fundación / Propietario	Línea editorial principal	Citas/bulos destacados antidemocráticos	Rol filofascista y polarizador
El Debate (Madrid)	1910 / ACdP y Editorial Católica	Católico «moderno», accidentalista → abiertamente antirrepublicano	«La República es un régimen masónico-judeo-bolchevique» (campaña 1932-36); exageración de la quema de conventos (mayo 1931) como «plan sistemático».	Mentor de la CEDA; justificó la «unión de derechas» contra el «caos republicano».
ABC (Madrid/Sevilla)	1903 / Luca de Tena (monárquico)	Monárquico alfonsino, conservador liberal → golpista	Publicó información falsa/exagerada sobre «checas» y planes comunistas; en 1936 difundió bulos sobre asesinatos masivos en zona republicana. Edición Sevilla apoyó abiertamente el golpe.	Agitador del golpe; acusado de «colaborador y agitador» por historiadores.
Ya (Madrid)	1935 / Editorial Católica (El Debate)	Vespertino católico, complemento de El Debate	Campañas contra la educación laica como «adoctrinamiento ateo»; bulos sobre «persecución religiosa».	Extensión directa de El Debate; incautado en julio 1936.
El Siglo Futuro (Madrid)	1875 / Integrista carlista	Ultracatólico integrista, carlista	«La República es la negación de Dios»; acusaciones constantes de «judeo-masonería» controlando el Parlamento.	Órgano tradicionalista; justificó el requeté y la violencia como «cruzada».
Informaciones (Madrid)	1922 / Juan Iglesias (católico)	Católico conservador	Participó en la campaña antimasónica; presentó leyes laicas como «dictadas por logias».	Difundió victimismo religioso y odio a la izquierda.
La Nación (Madrid)	1925 / Primo de Rivera (dictadura)	Oficioso primorriverista → monárquico	Bulos sobre «revolución comunista inminente» en 1936.	Apoyo implícito al golpismo.
Acción Española (revista, Madrid)	1931 / Sociedad cultural monárquica (Vegas Latapié, Maeztu)	Doctrinal fascista-monárquica	«Porque ser es defenderse» (lema); textos de Maurras y De Maistre justificando dictadura. Financiada por Juan March.	Principal revista intelectual del fascismo español; inspiró a Falange y carlistas.
El Correo Catalán / Español (Barcelona/Madrid)	Siglo XIX / Carlista	Carlista catalán/español	Acusaciones de separatismo masónico en Cataluña.	Reclutamiento ideológico para requetés.

Otros medios menores pero activos en la misma línea: La Época (monárquico), publicaciones falangistas como F.E. y Arriba, y revistas como Cruz y Raya (en su fase derechista). Estos medios, financiados por la Iglesia y elites, no solo informaban: creaban una realidad paralela de «España perseguida» que justificó moralmente el golpe de 1936 y la posterior «cruzada». Su legado de polarización y conspiranoia sigue vivo en ciertos sectores ultraconservadores actuales.

Algunos fachas actuales buscan cómo justificar su disonancia cognitiva al criticar su querido Golpe del 36 alegando, como pretendo recalcar en todo este artículo, que este fue una consecuencia de su malvada y demonizada oposición ideológica, pero en todos estos medios mencionados nos podemos encontrar la evidencia más clara de que la democracia ya les producía alergia y buscaban cómo acabar con ella. Así, por zanjar un poco el tema mediático, nos podemos encontrar con una declaración que despeja todas las dudas. La que hizo el periodista, escritor y diplomático, Ernesto Giménez Caballero (1899-1988), fundador de Fundador y director de La Gaceta Literaria (1927-1932). Como precursor del fascismo español, se autoproclamó fascista y propugnó un «nuevo Estado» anti-liberal. En sus escritos, atacó el liberalismo como decadente, defendiendo un régimen autoritario inspirado en Mussolini.

Tras su viaje a Italia en 1928 (publicado en La Gaceta Literaria y luego recopilado en Circuito imperial, 1929), Giménez Caballero anuncia su conversión al fascismo en artículos de la revista. Declara su adhesión al fascismo como modelo revolucionario, juvenil, popular y antiliberales y antidemocrático.

Describe el fascismo como una fuerza que «abominaba de una era histórica, liberalizante, corroída, irresoluta, bellaca, de verdadero antiguo régimen europeo».

Fuente: Artículos en La Gaceta Literaria (agosto 1928); recopilado en Circuito imperial (1929). Referenciado en biografías y estudios como el de Enrique Selva (Ernesto Giménez Caballero entre la vanguardia y el fascismo, 1999) y Douglas W. Foard.

El 15 de febrero de 1929, en la «Carta a un compañero de la Joven España» (publicada como prólogo a su traducción de textos de Curzio Malaparte, L’Italie contre l’Europe o similar), proclama:

«Nudo y haz; Fascio: haz —escribía… pero sin liberalismos; con santas hermandades, pero sin somatenismos. […] con Cortes, pero sin parlamentarismos; con libertades, pero sin liberalismos».

Esta es la cita más explícita y conocida de rechazo al parlamentarismo y al liberalismo antes de 1930. Defiende un «fascio» hispánico inspirado en el emblema católico-reyes católicos (siglo XV), pero depurado de elementos liberales y parlamentarios modernos, proponiendo un resurgimiento autoritario y unitario.

Considerado por historiadores (como Stanley G. Payne y Enrique Selva) como el primer manifiesto intelectual del fascismo español, reivindica su libro Notas marruecas de un soldado (1923) como ya precursor de ideas fascistas:

«cantar a la infantería proletaria, cantar al primer fascismo».

Fuente: La Gaceta Literaria, 15 de febrero de 1929; prólogo a Curzio Malaparte. Citado en Wikipedia, Hispanopedia, y estudios como «Ernesto Giménez Caballero: Unidad nacional y política de masas en un intelectual fascista» (Gonzalo Álvarez Chillida).

Entre 1927 y 1928, su protofascismo era más implícito (rebeldía juvenil contra la «vieja cultura política y literaria», regeneracionismo anti-europeo y antiliberal en La Gaceta Literaria), pero en 1929 se vuelve explícito con el rechazo al parlamentarismo y al liberalismo como sistemas decadentes.

A partir de 1930 (entrevista con Mussolini en octubre) y especialmente en 1931-1932 (Genio de España, La Nueva Catolicidad), sus textos se radicalizan más. Historiadores coinciden en que Giménez Caballero fue el «precursor hispánico» del fascismo en España desde finales de los 1920s, usando la vanguardia para introducir ideas antiliberales y antidemocráticas.

Giménez Caballero influyó en Ramiro Ledesma Ramos al sugerir el título La Conquista del Estado, que en 1931 promovió la «revolución nacional sindicalista» antidemocrática (Fuente: Artículos en La Gaceta Literaria; contexto: Transición al fascismo explícito en 1930-1931).

Falange Española de las JONS surgió en febrero de 1934 como resultado de la fusión de Falange Española de José Antonio Primo de Rivera con las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista de Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo. Pero en marzo de 1931 Ramiro Ledesma Ramos ya en el manifiesto de La Conquista del Estado, proclamaba:

«Todo el poder corresponde al Estado».

Y propugnaba un Estado dictatorial con

«milicias civiles que derrumben la armazón burguesa y anacrónica de un militarismo pacifista. Queremos al político con un sentido militar, de responsabilidad y de lucha».

Fuente: Manifiesto de La Conquista del Estado (Fundación de un grupo protofascista que derivó en JONS).

Así, ya a comienzos de los años 30, Ledesma rechazaba el liberalismo democrático y el marxismo, defendiendo la violencia para instaurar un régimen totalitario. Así es cómo definían a JONS:, entre arengas simplonas y la hipocresía de considerarse «revolucionaria» a la par que defendía el statu quo de privilegios tradicional:

Revolucionarias y católicas

—¿…?

—Las JONS se consideran revolucionarias. Por su doble índole de partido que utiliza y propugna la acción directa y lucha por conseguir un nuevo orden, un nuevo Estado, subvirtiendo el orden y el Estado actuales. Somos, en lo económico, sindicalistas nacionales…

—¿Cómo no vamos a ser católicos? Pues ¿no nos decimos titulares del alma nacional española, que ha dado precisamente al catolicismo lo más entrañable de ella: su salvación histórica y su imperio? La historia de la fe católica en Occidente, su esplendor y sus fatigas, se ha realizado con alma misma de España; es la historia de España.

Su socio  y camarada fascista, Onésimo Redondo (1931), en su periódico Libertad (a los fascistas ya les gustaba ya entonces apropiarse de dicha palabra para defender lo contrario), rechazó la democracia (la libertad de elegir quien quieres que te gobierne) como un sistema «anti-nacional» y defendió un imperialismo anti-democrático que buscaba la «exterminación de los partidos marxistas». Escribió:

«España o la anti-España; la lucha es fatalmente de eliminación recíproca» (refiriéndose a la necesidad de eliminar opositores democráticos y de izquierda).

Fuente: Artículos en Libertad (Fundación de las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica).

Entremedias, conspiraciones para acabar con la democracia

La proclamación de la Segunda República (1931) intensificó la oposición católica, vista como amenaza por sus reformas laicas: separación Iglesia-Estado, divorcio, educación secular y disolución de órdenes religiosas como los jesuitas. El clero y conservadores respondieron con conspiraciones inmediatas, sobradamente documentadas.

• Reuniones iniciales (1931): El 14 de abril, en casa de Rafael Benjumea Burín (conde de Guadalhorce), se reunieron Eugenio Vegas Latapié, Fernando Gallego de Chaves (marqués de Quintanar), Ramiro de Maeztu, José Calvo Sotelo, José Yanguas Messía y José Antonio Primo de Rivera. Decidieron formar una «escuela de pensamiento contrarrevolucionaria» para derrocar la República. Ese mes, en Leiza (Navarra), Ignacio Baleztena Azcárate organizó a los requetés como grupos paramilitares, ofreciendo 8.400 a Emilio Mola.

 

En diciembre de 1931 José Antonio Primo de Rivera seguía arengando contra la democracia. En el Prólogo a La Dictadura de Primo de Rivera juzgada en el extranjero, atacó a los intelectuales como «pseudointelectuales incalificados, incalificables y descalificados», bajo el «predominio de la masa». Esto reflejaba su desprecio por el debate democrático e intelectual liberal.

• Reorganización de los requetés: Bajo Manuel Fal Conde, se reestructuraron con disciplina militar, entrenamiento clandestino (1932-1935), uniformes (boina roja) y jerarquías. Sacerdotes como Marcelino Olaechea Loizaga (arzobispo de Valencia), José Ariztimuño “Aitzol”, Mosén Vicente Enrique y Tarancón, Padre Fermín Yzurdiaga (delegado de Prensa y Propaganda de FET y JONS), Mosén Vicente Manterola y numerosos curas rurales reclutaron, adoctrinaron y actuaron como capellanes. Algunos combatieron armados, aunque la Iglesia prefería que empeñaran roles espirituales, pero favorables al fascismo. El requeté, impregnado de religiosidad, preparó el levantamiento contra la República.

• Otras conspiraciones: En 1932, la «Sanjurjada» (10 de agosto) involucró a Rafael Benjumea. Reuniones en París y Biarritz recaudaron fondos (20 millones de pesetas). En 1931, se creó Acción Española, revista fascista y antirepublicana con el lema «Porque ser es defenderse» (el rol de victimario victimizándose para justificar sus acciones, que siempre ejercen), financiada por elites católicas.

 

Como no podían vivir sin la conspiranóia anticatólica usada como propaganda, Onésimo Redondo (enero de 1933) denunció la masonería (a la que los fascistas ahora, en pleno siglo XXI, vuelven a apelar) y al Estado liberal como

«bienes de exportación recomendados por las logias masónicas […] para imponer mitos y leyes que deforman la nación».

Fuente: Artículos en prensa jonsista (Ataque a la Segunda República).

Así es como este fascista y sus seguidores veían la República democrática: como una amenaza extranjera y anti-tradicional. Eso sí, mientras mantenían reuniones con otros países para ceder soberanía mientras se disfrazaban con simbología nacionalista.

El 29 de octubre de 1933, en el discurso fundacional de Falange, Primo de Rivera, en un alarde de egocentrismo y Dunning-Kruger, despotrica contra la democracia ante una masa de aborregados que le aplaude mientras apela a tener «la verdad» (típico en el cristianismo) y se califica a sí mismo como un gobernante tan sobrado que no debería desperdiciar su energía en un proceso electoral:

Cuando en marzo de 1762 un hombre nefasto, que se llamaba Juan Jacobo Rousseau, publicó El contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los Estados, que eran ejecutores de misiones históricas, tenían inscritas sobre sus frentes, y aun sobre los astros, la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de razón, sino que eran en cada instante decisiones de voluntad.

Juan Jacobo Rousseau suponía que el conjunto de los que vivimos [en] un pueblo tiene un alma superior, de jerarquía diferente a cada una de nuestras almas, y que ese yo superior está dotado de una voluntad infalible, capaz de definir en cada instante lo justo y lo injusto, el bien y el mal. Y como esa voluntad colectiva, esa voluntad soberana, sólo se expresa por medio del sufragio –conjetura de los más que triunfa sobre la de los menos en la adivinación de la voluntad superior–, viene a resultar que el sufragio, esa farsa de las papeletas entradas en una urna de cristal, tenía la virtud de decirnos en cada instante si Dios existía o no existía; si la verdad era la verdad o no era la verdad; si la Patria debía permanecer o si era mejor que, en un momento, se suicidase.

….

De ahí vino el sistema democrático, que es, en primer lugar, el más ruinoso sistema de derroche de energías. Un hombre dotado para la altísima función de gobernar, que es tal vez la más noble de las funciones humanas, tenía que dedicar el 80, el 90, el 95 por 100 de su energía a sustanciar reclamaciones formularias, a hacer propaganda electoral, a dormitar en los escaños del Congreso, a adular a los electores, a aguantar sus impertinencias, porque de los electores iba a recibir el Poder; a soportar humillaciones y vejámenes de los que precisamente, por la función casi divina de gobernar, estaban llamados a obedecerle; y si, después de todo eso, le quedaba un sobrante de algunas horas en la madrugada, o de algunos minutos robados a un descanso intranquilo, en ese mínimo sobrante es cuando el hombre dotado para gobernar podía pensar en serio en las funciones sustantivas de Gobierno.

El vago fascista (una máxima que perdura hasta nuestros días, con Santiago Abascal como ejemplo), que es como se le puede describir a quien alega que participar en elecciones es un «derroche de energías», dice que:

«El Estado liberal no cree en nada, ni siquiera en sí mismo. […]

Y añade este cuñado que ya entona como argumento el «ni de izquierdas ni de derechas» en ese manifiesto, mientras se las da de adalid de la «patria» (cuando luego se vio que su patria era el bolsillo de las familias de señoritos católicos que siempre defendieron), que si es necesario se debe destruir esa democracia con la violencia:

La dialéctica de los puños y las pistolas

Queremos que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su historia.

Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque, ¿quién ha dicho –al hablar de «todo menos la violencia»– que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria.

Fuente: Discurso en el Teatro de la Comedia, Madrid (Fundación de Falange Española).

Así, el fascista rechazaba el liberalismo y la democracia como sistemas que dividen la nación, defendiendo la violencia para unirla bajo un régimen totalitario. Tras él, los fascistas españoles seguían arremetiendo contra la democracia. Por eso, por ejemplo, podíamos ver a José María Gil Robles en 1933, tras visitar un congreso nazi, declarando:

«En el fascismo hay mucho de aprovechable».

Fuente: Declaraciones públicas (Influencia fascista en la CEDA)

Aunque lideraba la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), una derecha católica «accidentalista», sus llamadas a un autoritarismo mayor en la República revelaban intenciones antidemocráticas (que incluso se pueden confirmar en investigaciones como la de Carlos María Rodríguez López-Brea y
Eduardo González Calleja, Universidad Carlos III).

Gil-Robles, incluso como un supuesto «accidentalista», aceptaba la República pero sólo si esta respetaba principios católicos. Ya en su época, y no se equivocaron (como se pudo ver a posteriori), fue acusado de usar la democracia para destruirla. Algo que compartieron todos los fascistas del siglo XX y que probablemente comparten con los actuales, tal y como se señala en la Enciclopedia Británica:

Antes de llegar al poder, Hitler y Mussolini, a pesar de su aversión a la democracia, estaban dispuestos a participar en política electoral y dar la impresión de someterse a los procedimientos democráticos. Cuando Hitler fue nombrado canciller en 1933, cambió su uniforme militar por un traje civil y se inclinó efusivamente ante el presidente Paul von Hindenburg en ceremonias públicas. En 1923, Mussolini propuso una reforma electoral, conocida como laLa Ley Acerbo otorgó dos tercios de los escaños parlamentarios al partido con mayor número de votos. Aunque Mussolini insistió en que quería salvar el Parlamento en lugar de debilitarlo , la Ley Acerbo permitió a los fascistas tomar el control del Parlamento al año siguiente e imponer una dictadura.

En Francia ,La Rocque declaró en 1933 que ninguna elección debía celebrarse sin una limpieza preliminar de los comités [gubernamentales] y la prensa, y amenazó con usar sus escuadrones paramilitares para silenciar a los agitadores. En 1935, calificó las elecciones de ejercicios de «decadencia colectiva», y a principios de 1936 les dijo a sus seguidores que «incluso la idea de solicitar el voto me da asco». Unos meses más tarde, ante la perspectiva de que el gobierno prohibiera la Cruz de Fuego por ser una organización paramilitar, fundó un partido nuevo y aparentemente más democrático, el Partido Social Francés, que, según afirmó públicamente, estaba «firmemente apegado a las libertades republicanas». Sin embargo, en privado dejó claro a sus seguidores que su conversión era más táctica que de principios: «Despreciar el sufragio universal», dijo, «no resiste el examen. Ni Mussolini ni Hitler… cometieron ese error. El hitlerismo, en particular, se alzó con el poder absoluto mediante las elecciones». Con el colapso de la Tercera República en 1940 y la instauración del régimen de Vichy , La Rocque volvió a condenar la democracia como lo había hecho antes de 1936: «La situación mundial ha frenado la democracia», escribió. «Hemos condenado tanto la cosa como la palabra». En 1941, La Rocque insistió en que el pueblo francés obedeciera a los nuevos líderes de Vichy como los soldados obedecían a sus oficiales.

Desde el CEDA los fascistas promovieron un estado corporativo católico inspirado en modelos autoritarios como el austriaco o fascista. Historiadores como el ya citado Paul Preston describen a Gil Robles como un «fascista legalista» que flirteaba con el autoritarismo. Las acciones clave de este católico incluyeron:

1931-1933: En círculos de la CEDA y con Ángel Herrera Oria, aceptó las reglas democráticas «solo como medio para destruir la República de 1931». Usó mítines masivos para movilizar católicos contra el gobierno, fomentando un sentido de fuerza y disposición a la violencia callejera. (Fuente: Mary Vincent, Spain 1833-2002 (2007), p. 122.)

1932 (Sanjurjada): Rechazó inicialmente el golpe de Sanjurjo, pero historiadores notan que conspiradores de derechas (como Manuel Burgos y Mazo) lo consultaron; su rechazo fue táctico, prefiriendo vías legales.

1933: Visitó Alemania nazi para estudiar métodos en el Rally de Nuremberg, aplicándolos en campañas de la CEDA para radicalizar seguidores.

Ese mismo año, Gil Robles diría claramente cómo veía él la democracia y cuáles eran realmente sus intenciones. El Discurso principal fue en un Mitin electoral de la CEDA en el Cine Monumental de Madrid, 15 de octubre de 1933.

«La democracia no es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista de un Estado nuevo. Llegado el momento, el Parlamento o se somete o lo hacemos desaparecer»; «vamos a hacer un ensayo, quizá el último, de la democracia. No nos interesa. Vamos al Parlamento para defender nuestros ideales; pero si el día de mañana el Parlamento está en contra de nuestros ideales, iremos en contra del Parlamento».

Gil-Robles acababa de visitar Alemania nazi (Congreso de Nuremberg, septiembre de 1933) y admiraba aspectos organizativos y de movilización de masas, aunque rechazaba el nazismo como «pagano». En el mitin defendió una «política totalitaria» inspirada en la tradición católica, la necesidad de un «Estado nuevo» corporativo y autoritario, y el uso táctico de la democracia como instrumento transitorio.

El 19 de noviembre de 1933 se celebró la primera vuelta de las segundas elecciones generales de la Segunda República Española para las Cortes y primeras en las que las mujeres ejercieron el derecho al voto (pese al voto en contra del PRR).

El 19 de diciembre de 1933, Alejandro Lerroux (Partido Republicano Radical – PRR) presentó su Gobierno. Comenzaba así lo que Lerroux llamó «una República para todos los españoles». Gil Roble, por su parte, tras su triunfo en las elecciones de 1933 lanzó la siguiente amenaza:

«Hoy, facilitaré la formación de gobiernos de centro; mañana, cuando llegue el momento, reclamaré el poder, realizando la reforma constitucional. Si no nos entregan el poder, y los hechos demuestran que no caben evoluciones derechistas dentro de la República, ella pagará las consecuencias».

1934: Admitió en memorias haber provocado deliberadamente los levantamientos izquierdistas de octubre de 1934 al incluir ministros de CEDA en el gobierno, para justificar represión. (Fuente: Paul Preston, The Spanish Civil War (2013), p. 81.)

Mayo-diciembre de 1935 (como ministro de Guerra, durante el Gobierno de Lerroux): Promovió a Mola como jefe de planes para usar el ejército colonial en la península (preparando un golpe) y a Franco como jefe del Estado Mayor. (Fuente: Paul Preston, The Spanish Civil War (1994), capítulo 8; Preston (2013), p. 101.)

Febrero de 1936 (tras elecciones): En las primeras horas post-electorales, se reunió con Franco para imponer la ley marcial y anular resultados, sin éxito. (Fuente: Paul Preston, The Coming of the Spanish Civil War (1975), p. 574.)

Primavera-verano de 1936: Consciente del golpe en preparación, facilitó enlaces entre militares y civiles. Autorizó transferencia de 500.000 pesetas de fondos electorales de la CEDA a Mola. Emitió instrucciones confidenciales a líderes provinciales de la CEDA: apoyar inmediatamente el alzamiento militar, colaborar sin actitud partidista, alistarse en el Ejército (no milicias), evitar represalias (juzgar en tribunales militares), no disputar poder y proporcionar apoyo financiero. También arregló un avión para Franco desde Canarias a Marruecos y redactó un manifiesto en Biarritz el 16 de julio justificando el golpe. (Fuentes: Mary Vincent, Catholicism in Modern Italy (1996), p. 243; Paul Preston (1994), capítulo 8; Virtual Spanish Civil War Museum.)

Julio de 1936: Tras el inicio de la Guerra Civil, fue a Lisboa para comprar armas para los rebeldes con Nicolás Franco. (Fuente: Britannica.)

Estas actividades muestran cómo Gil-Robles usó su posición para desestabilizar la República, financiando y facilitando el golpe de julio de 1936, aunque luego insistió en no haber participado directamente.

José Antonio Primo de Rivera (el ídolo y referente de Javier Ortega Smith), para confirmarnos aun más, por si fuera poco lo anterior, que la derecha siempre fue antidemocrática, atacaba el multipartidismo democrático como relativista y divisorio febrero de 1934):

«Los partidos políticos nacen el día que se pierde el sentido de que existe sobre los hombres una verdad, bajo cuyo signo los pueblos y los hombres cumplen su misión en la vida».

Fuente: Discurso (Crítica al sistema republicano).

Mientras, entre declaraciones y arengas antidemocráticas, los fascistas seguían conspirando para acabar con la democracia:

• Financiamiento fascista (1934): Rafael Olazábal Eulate, Antonio Lizarza Iribarren, Emilio Barrera Luyando y Antonio Goicoechea se reunieron con Mussolini para conseguir fondos y armas. José Antonio Primo de Rivera y Alfonso XIII habían contactado previamente con el duce.

 

Ese año, el 15 de febrero de 1934, las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma con la Falange Española (FE) de José Antonio Primo de Rivera se fusionan dando como resultado el partido fascista Falange Española de las JONS (FE de las JONS o FE-JONS).

Pero sigamos con más  reuniones fascistas para dar Golpes de Estado:

• Reunión clave (1936): El 8 de marzo, en casa de un militante de CEDA (amigo de Gil Robles), Mola, Franco y otros acordaron el «alzamiento militar».

 

Clérigos como Pedro Segura («ningún católico puede permanecer inactivo»), Enrique Plá y Deniel (quien denominó la sublevación como una «Cruzada») e Isidro Gomá y Tomás (quien justificó la matanza en la Carta Colectiva de 1937) hicieron campaña propagandísrtica contra la República. Antonio Pildain defendió la «resistencia activa armada», y Rigoberto Domenech Valls la represión como beneficio para la religión.

El Golpe de 1936 y la «Guerra Civil Española»

Una estrategia habitual en la derecha y en el fascismo (como hemos visto recientemente, con la generación de bulos para alimentarla), dado que la democracia le estorba, es el deslegitimar las instituciones democráticas. La tactica común, del mal perdedor, siempre fue victimizarse.

Antes de los comicios del 16 de febrero de 1936, las derechas (especialmente la CEDA de Gil Robles y los monárquicos de Calvo Sotelo) expresaron, como parte de su campaña, temores y acusaciones de posible fraude o manipulación por parte del gobierno centrista de Manuel Portela Valladares (apoyado por derechas moderadas) y, en menor medida, por las izquierdas. Estas denuncias se centraban en el control de gobernadores civiles, la influencia en el censo electoral y el uso de la fuerza pública para alterar resultados, en un contexto de desconfianza generalizada hacia el proceso. Por ejemplo:

José Calvo Sotelo (Renovación Española) acusaba al régimen republicano de ser inherentemente fraudulento, criticando el sufragio universal como «ineficaz» y prediciendo en 1933 que las elecciones de 1936 serían «las últimas con sufragio universal por muchos años», insinuando manipulaciones izquierdistas o gubernamentales para imponer resultados. Todo ello mientras, como hemos visto, se reunía con otros conspiradores para dar golpes como el de Sanjurgo, el de Primo y el que aun les quedaba por dar en el 36.

José María Gil Robles (CEDA) advertía en mítines y prensa de que el gobierno Portela podría «adulterar el sufragio» mediante sobornos, falsificación de actas y coacción, temiendo un «robo electoral» si las izquierdas movilizaban masas. Eso le sirvió de excusa para, en diciembre de 1935, ya haber sondeado a generales para dar un golpe si se perdía, implícitamente por temor a irregularidades.

En general, las derechas denunciaban que el gobierno Portela (con gobernadores afines) preparaba un «pucherazo» para favorecer al centro-derecha, pero también alertaban de que las izquierdas usarían violencia callejera para intimidar votantes conservadores, como en provincias rurales donde caciques derechistas controlaban jornaleros.

Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, en su libro 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (2017), concluyen que, pese a los alegatos de la derecha filofascista y revisionista, si hubo fraude electoral (cosa que jamás podrá evidenciarse certeramente ante la falta de documentación) fue solo localizado en determinadas circunscripciones (como La Coruña, Pontevedra, Lugo, Jaén, Málaga, Valencia, Santa Cruz de Tenerife y Cáceres), promovido por autoridades provinciales. Enfatizan que de haber estas manipulaciones, no generaron ni fabricaron la victoria de manera espuria, ya que el Frente Popular ya contaba con más votos y escaños iniciales que sus adversarios (alrededor de 219-240 diputados en la primera vuelta, según sus cálculos, frente a 198-230 del resto). O sea, que aunque hubiera habido fraude en esas circunscripciones esto no afectaría a a la victoria del Frente Popular. Rechazan que los resultados fueran «un mero subproducto del fraude», como alegarían las derechas durante la Guerra Civil, y destacan que «fueron el proselitismo de partido y la capacidad de movilización los que contribuyeron a distribuir el grueso de los votos, que no el fraude o la violencia». En última instancia, afirman que el proceso electoral «estuvo lejos de ser antecedente directo de la Guerra Civil», aunque el clima de intimidación y las irregularidades inclinaron el escrutinio a favor de las izquierdas, haciendo la victoria «menos holgada» de lo que se presentó.

Tal y como se explica y documenta en la wikipedia:

Existe un amplio consenso entre los historiadores de toda sensibilidad política, sobre todo después del estudio de Javier Tusell Las elecciones del Frente Popular en España de 1971, en reconocer la victoria electoral de la izquierda republicana en 1936. Así lo afirman, por ejemplo, Gerald Brenan, Pierre Vilar, Hugh Thomas, Gabriel Jackson, Broué y Témine, Burnett Bolloten, Malefakis, Abella, Aróstegui, Carr, Juan Pablo Fusi, Santos Juliá, Tuñón de Lara, Ángel Viñas y otros muchos. Incluso Seco Serrano, en su historia publicada en Barcelona en 1962, admite el hecho de la victoria de la izquierda. La excepción la constituye el norteamericano Stanley Payne que sostiene unas tesis cercanas a las de los autores revisionistas pro-franquistas.

Pero sigamos con la cronología de hechos…

7 de enero de 1936: El presidente Niceto Alcalá Zamora disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero. Varios generales antirrepublicanos, incluidos Emilio Mola, Francisco Franco, Manuel Goded, Joaquín Fanjul y Ángel Rodríguez del Barrio, acuerdan sublevarse si el Frente Popular (coalición de izquierdas) gana, con el objetivo de impedir por la fuerza un gobierno izquierdista. Este plan inicial, revelado en memorias y documentos históricos, se basa en reuniones secretas en Madrid para monitorear la situación y preparar una intervención militar en caso de «desorden» o victoria izquierdista; el exiliado general José Sanjurjo es designado como líder potencial. Fuentes directas: Reunión de generales en Madrid el 8 de marzo (confirmada en actas y testimonios de conspiradores, citados en Thomas, The Spanish Civil War, 2012).

Entre los días 16 de febrero y 1 de marzo de 1936 se celebraron en España las terceras elecciones generales. Se presentan principalmente el Frente Popular (izquierda republicana) y el Frente Nacional (las derechas fascistas), cuyo aspirante a presidir España es el ya demostrado antidemócrata que preparaba el Golpe de Estado: Gil Robles. Los fascistas nacionalcatólicos pierden las elecciones, que pretendían ganar sin un programa unificado y a base de eslóganes como “Contra la revolución y sus cómplices”, “¡Por Dios y por España!” y planteando la campaña como una batalla entre la “España católica… y la revolución espantosa, bárbara, atroz” que les trajo esa democracia que tanto detestaban entre los fascistas de armario como Gil Robles y los abiertamente fascistas como Calvo Sotelo, de Acción Española (esa del lema: «Votemos para dejar de votar algún día»), además de una cartelería poniendo énfasis (más que en propuestas económicas y sociales) en el odio hacia sus enemigos, a los que pintaban de «traidores» y de ser la «anti España». Porque, ya saben, ellos (los de su ideología católica) son «España» y el resto de españoles no.

16 de febrero de 1936: El Frente Popular gana con 4.654.116 votos (34,3% de los sufragios, pero mayoría absoluta inicial de ~243-259 escaños por el sistema mayoritario; total final ~283 tras validaciones y repeticiones). Las derechas obtienen ~4.503.524 votos (33,2%), con la CEDA de Gil Robles en derrota.

17-19 de febrero de 1936: Inmediato al triunfo, intento de golpe derechista para anular elecciones y declarar «estado de guerra» (transferencia de poder a militares por Ley de Orden Público 1933). José María Gil Robles (líder CEDA) presiona a Portela Valladares para invalidar comicios; ya en diciembre 1935 había sondeado a Fanjul, Goded y Franco para un «golpe de fuerza».

En abril de 1936, en Cortes, respondiendo a violaciones constitucionales, Gil Robles demuestra su antidemocracia de nuevo victimizándose como excusa para justificar otro Golpe de Estado (otro más: el octavo):

«Sé que estáis llevando a cabo una política de persecución, violencia y exterminio contra todo lo que es derechista… Por cada uno muerto surgirá otro combatiente… Vosotros que hoy fomentáis la violencia os convertiréis en sus víctimas… Las revoluciones, como Saturno, devoran a sus propios hijos».

Fuente: Stanley Payne, The Spanish Civil War (2012).

José Calvo Sotelo (líder Renovación Española) exige medidas similares, denunciando el sufragio universal como «ineficaz» y proponiendo un «estado corporativo y autoritario» (campaña 1936) y en 1933 predijo que las elecciones serían «las últimas con sufragio universal por muchos años».

Fuentes directas: Discursos en Cortes y campaña (citados en Ranzato, Eclipse of the Republic, 2006).

General Franco ordena declaración de guerra; contacta a Goded y Rodríguez del Barrio para sondear guarniciones madrileñas, pero fracasa por el rechazo de Pozas (Guardia Civil) y Núñez de Prado (policía), ambos demócratas que no mintieron a la hora de jurar proteger la República, porque Portela y Molero lo desautorizan.

Azaña forma gobierno el 19 febrero, alejando a los golpistas: envía a Goded a Baleares, Franco a Canarias (visto como «destierro») y Mola a Pamplona. Una evidencia, más aún, del ambiente y contexto al que se enfrentaban los gobiernos demócratas.

Marzo-mayo de 1936: la conspiración crece a cientos de oficiales.

El 8 de marzo: Reunión en Madrid (Mola, Franco et al.) para planear golpe bajo Sanjurjo. Mola emerge como director («El Director»), emite «Instrucción reservada no.1» (25 de mayo) para unir militares y derechistas. Gil Robles lo apoya: en mayo declara a colegas que la «solución democrática ya no es viable», financia conspiradores con 500.000 pesetas de CEDA y prepara instrucciones para el levantamiento. Sotelo, opositor radical, aviva el ambiente con discursos anti-republicanos.

Fuentes: García Rodríguez, Conspiración para la Rebelión militar del 18 de julio de 1936 (2013); Payne (2012).

3 de mayo de 1936: Repetición elecciones en Cuenca y Granada: el Frente Popular gana 17/19 escaños en un clima de terror entre la izquierda ante el auge del fascismo, elevando el total a 283.

Las intenciones derechistas de golpe si perdían se evidencian en planes preventivos de generales y líderes como Gil Robles/Sotelo, rechazando democracia si no favorecía sus intereses autoritarios/catolicistas. El proceso no causa directamente la Guerra Civil, pero revela rechazo sistemático a resultados electorales.

El Golpe de Estado del 17-23 de julio de 1936, liderado por Sanjurjo, Mola, Queipo de Llano, Cabanellas, Franco y otros, fue el resultado del clímax que habían propiciado durante años, como hemos demostrado sobradamente en lo que va de artículo, desde que España intentó avanzar hacia la ilustración en el siglo XIX.

El vínculo entre empresarios y el clero, que se puede apreciar hoy día (y que se enriqueció durante la dictadura franquista), estaba presente cuando compraron armas a Mussolini (40 aviones, bombas, etc.), financiadas por el empresario fascista Juan March (medio millón de libras) y cuando la Iglesia lo respaldó y justificó como «cruzada» contra el comunismo. Porque como se puede comprobar a lo largo de la historia del cristianismo, desde Pablo justificándose en Romanos 3:7, cualquier medio vale para conseguir el fin (el poder y el control que creen merecen heredar por designio divino, que es como históricamente lo han justificado). Algo que hemos podido ver recientemente con José María Aznar (expresidente del PP – partido fundado por fascistas) dando el mensaje público a sus acólitos de que «quien pueda hacer, que haga».

El cardenal primado de Toledo Isidro Gomá, en la Carta Colectiva (1 de julio de 1937), firmada por 43 obispos, justificó el alzamiento condenando la República y minimizando la represión franquista.

Redactada por el cardenal a instancias del «Generalísimo» Francisco Franco, este le pidió al cardenal el 10 de mayo de 1937 que, dado que el episcopado español le apoyaba, publicara:

«un escrito que, dirigido al episcopado de todo el mundo, con ruego de que procure su reproducción en la prensa católica, pueda llegar a poner la verdad en su punto«

La carta era solamente un autoblanqueamiento por parte del clero que, irónicamente, mientras se victimizaba y posicionaba como no partícipe en el origen de la polarización y el conflicto mintiendo sobre su participación activa (más que demostrada en lo que llevamos de artículo y lo que queda), en ella no hacía otra cosa más que defenderlo mostrando su gran hipocresía (que señalaré):

Que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en ella no podía ser indiferente en la lucha…

Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social…

Demos ahora un esbozo del carácter del movimiento llamado «nacional». Creemos justa esta denominación. Primero, por su espíritu; porque la nación española estaba disociada, en su inmensa mayoría, de una situación estatal que no supo encarnar sus profundas necesidades y aspiraciones; y el movimiento fue aceptado como una esperanza en toda la nación; en las regiones no liberadas sólo espera romper la coraza de las fuerzas comunistas que le oprimen…

La irrupción contra los templos fue súbita, casi simultánea en todas las regiones, y coincidió con la matanza de sacerdotes. Los templos ardieron porque eran casas de Dios, y los sacerdotes fueron sacrificados porque eran ministros de Dios…

Prueba elocuentísima de que de la destrucción de los templos y la matanza de los sacerdotes, en forma totalitaria fue cosa premeditada, es su número espantoso. Aunque son prematuras las cifras, contamos unas 20 000 iglesias y capillas destruidas o totalmente saqueadas. Los sacerdotes asesinados, contando un promedio del 40 por 100 en las diócesis devastadas en algunas llegan al 80 por 100 sumarán, sólo del clero secular, unos 6000. Se les cazó con perros, se les persiguió a través de los montes; fueron buscados con afán en todo escondrijo. Se les mató sin perjuicio las más de las veces, sobre la marcha, sin más razón que su oficio social.

Durante la guerra (1936-1939), el clero navarro-vasco reclutó requetés, capellanes acompañaron tropas y la Iglesia bendijo la «victoria a punta de espada». Aunque miles de clérigos fueron asesinados en zona republicana (lo que posteriormente el propagandismo fascta nombró como el «Terror Rojo», tomándolo de la Revolución Francesa), lo cierto es que Iglesia formó parte activa, como hemos mostrado, en todos los Golpes de Estado desde el siglo XIX y se alineó también con los penúltimos golpistas, con Franco, para defender sus intereses y beneficiándose así de su victoria.

Finalmente (sí, el del 36 no fue el último), en 1939, el Golpe de Segismundo Casado contra la República selló la victoria franquista.

La Dictadura Franquista (1939-1975)

Bajo Franco, la Iglesia recuperó poder: educación católica obligatoria, control social y alianza con el régimen «nacionalcatólico». Figuras como Plá y Deniel y Gomá legitimaron la dictadura. Tras la muerte de Franco en 1975, se restauró la democracia monárquica con Juan Carlos I. Pero este fue colocado como tal por el propio dictador, quien además fue su mentor.

El adoctrinamiento católico

Lo primero que hicieron los fascistas fue asegurarse su continuidad adoctrinando a las nuevas generaciones. Ya contaban como aliada a la Iglesia Católica, que se inmiscuía en los entornos sociales semanalmente a  través de sus franquicias, las iglesias. Pero eso necesitaba consolidarse mediante un manual, así que en 1939, nada más acabar la guerra que ellos mismos iniciaron, idearon un manual con aprobación de la también recién censura que ellos habían creado, donde instruían a los menores de cómo era España (la que ellos concebían: totalitaria) y cómo debían ser.

Los campos de concentración del franquismo: cronología, número y funcionamiento (1936-1947)

El régimen franquista creó un sistema masivo de campos de concentración que, en su momento álgido (1939-1942), llegó a albergar simultáneamente a más de 250.000 y 300.000 presos y, a lo largo de toda su existencia, pasaron por ellos entre 367.000 y 500.000 personas según las estimaciones más aceptadas (Gutiérrez Casal, Mir Curcó, Rodrigo, Lafuente).

No fueron campos de exterminio como los nazis, pero sí de trabajo forzado, clasificación ideológica, humillación y altísima mortalidad por hambre, enfermedades y ejecuciones.

Período	Número aproximado de campos	Denominación oficial y función principal
1936-1939 (Guerra Civil)	~50-70 improvisados	Campos de prisioneros de guerra, plazas de toros, conventos, fábricas, estadios (Gijón, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Valencia, Barcelona…).
Abril 1939 – 1940 (Victoria)	~190 campos oficiales (pico absoluto)	“Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra y Presos Políticos” creados por la Ley de 8 de septiembre de 1939.
1940-1942	150-160	Reorganización bajo el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y el Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP).
1942-1947	50-90	Reducción progresiva; muchos se transforman en “Batallones de Trabajadores” y “Colonias Penitenciarias”.
1947-1950s	<20	Cierre oficial del último campo (Nanclares de Oca, 1947-1950). Los presos restantes pasan a cárceles ordinarias.

Creación oficial y marco legal

En abril de 1936, el general Mola dicta unas directrices secretas en las que deja clara la estrategia que desarrollarán tras el golpe de Estado:

«Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación … Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado».

Entre el 18 y el 19 de julio de 1936, apenas han pasado 24 horas desde el inicio de la sublevación, el Ejército franquista abre el primer campo de concentración en la alcazaba de Zeluán (Protectorado español en Marruecos).

El 20 de julio de 1936, Franco envía una orden al resto de generales rebeldes en la que les pide que organicen

«campos de concentración con los elementos perturbadores, que emplearán en trabajos públicos, separados de la población».

El 28 de julio de 1936, por orden del general Mola, se creó el primer campo improvisado en Pamplona. El primero en suelo peninsular.

A finales de julio de 1936, abren sus puertas los campos de concentración de La Isleta (Gran Canaria) y El Mogote (Protectorado español en Marruecos). En la Península, el fracaso del golpe de Estado genera una situación más confusa. Los generales sublevados utilizan numerosos recintos para confinar a presos políticos y a prisioneros. Algunos de ellos pasarán muy pronto a tener la consideración oficial de «campos de concentración».

El 14 de agosto de 1936, el general Yagüe ocupa la ciudad de Badajoz y crea un campo de concentración provisional en la plaza de toros y en otros edificios de la localidad. Entre 1.500 y 2.000 hombres y mujeres son asesinados.

Entre septiembre y octubre de 1936, siguen inaugurándose campos de concentración en las zonas que van siendo ocupadas por el Ejército franquista. En Sevilla abre sus puertas el habilitado en el Cortijo del Caballero, en Guillena; en Tenerife comienza a operar uno en el aeródromo de Los Rodeos; en Soria ya funcionaba el que aprovechaba las instalaciones del convento y cuartel de Santa Clara; en Ciudad Rodrigo (Salamanca) confinaron a los primeros cautivos en el monasterio de la Caridad; en Palencia emplearon las Escuelas Berruguete y el Manicomio Viejo.

El 28 de octubre de 1936, el comandante militar de Baleares emite una orden por la que crea una red de campos de concentración en Mallorca. El motivo, según podía leerse en su escrito, era confinar a los detenidos

«que se encontraban en distintas prisiones de la Isla, los que sin estar sujetos a Procesamientos Militares eran conocidos por sus ideas extremistas».

En noviembre y diciembre de 1936, abren numerosos campos de concentración, entre los que se encontraban algunos de los que, a la postre, serían de los más longevos, como San Pedro de Cardeña (Burgos) y San Gregorio (Zaragoza).

Entre diciembre de 1936 y enero 1937 Franco firma los primeros decretos para campos en la zona nacional (San Pedro de Cardeña, Burgos, es el más conocido de esta fase).

El 11 de marzo de 1937, Franco cursa la Orden General para la Clasificación de Prisioneros y Presentados. En ella establece que los cautivos sean investigados y clasificados en los campos de concentración para lograr «la verdadera eficacia en los fines perseguidos por el Ejército Nacional y para una estricta e ineludible justicia, que ha de ir aneja al triunfo de nuestras armas».

Cada hombre sería clasificado como:

• «A» (afecto al Movimiento), «B» (voluntarios del Ejército republicano sin más responsabilidades),
• «C» (oficiales del Ejército republicano, miembros destacados de las organizaciones republicanas, «enemigos de la patria»…)
• o «D» (personas responsables de supuestos delitos).

El destino de los «C» y los «D» era pasar por un consejo de guerra sumarísimo rumbo al paredón o a prisión. El de los «B» era permanecer en los campos y ser encuadrados en unidades de trabajos forzados. El de los «A» era en teoría la libertad y en la práctica un alistamiento forzoso en el Ejército franquista.

Clasificando a sus odiados opositores para castigarlos: la discrepancia es el enemigo

Los campos de concentración para prisioneros (principalmente republicanos) durante y tras la Guerra Civil española se crearon y organizaron progresivamente por el bando franquista desde 1937, sin una ley única de «creación oficial» en esa fecha exacta. La estructura principal fue la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP), establecida en julio de 1937 por decreto (BOE de 1 de junio de 1937, por el Decreto de 28 de mayo de 1937 sobre derecho al trabajo de prisioneros). Con esta orden, los cínicos e hipócritas fascistas que con su golpismo traicionaron a la patria que juraron defenfer, justificaron el trabajo forzado a sus prisioneros bajo la excusa de que el trabajo era un derecho de todos los españoles:

El derecho al trabajo, que tienen todos ios españoles, como principio básico declarado en el Punto quince dei programa de Fange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto en cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo.

Con la Orden de 5 de julio de 1937, el general Yuste crea la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros con el objetivo de clasificar y ordenar a los soldados aprehendidos, siguiendo la Orden General de Clasificación de 11 de marzo de 1937.

El BOE de Burgos (no el de Madrid aún en esa transición) publicaba disposiciones en esas fechas.

 

En 23 de diciembre de 1938, Franco aprueba el «Reglamento provisional para el régimen interior de los Batallones de Trabajadores». La normativa llegaba casi dos años después de la creación de la primera de estas unidades. De hecho, en ese momento había ya 96 batallones en los que trabajaban en régimen de esclavismo más de 45.000 prisioneros.

Una norma cercana a las de clasificación que se menciona en algunas fuentes académicas y tesis es la Ley de 8 de septiembre de 1939 sobre Colonias Penitenciarias Militarizadas (publicada en BOE nº 260 del 17 de septiembre de 1939). Estas colonias eran una evolución o complemento de los campos para trabajos forzados de presos políticos y se relacionan con el sistema concentracionario.

En ediciones del BOE de septiembre/octubre 1939 (por ejemplo, BOE-1939-273 del 30/09/1939 o BOE-1939-274 del 01/10/1939) aparecen menciones a «Jefatura de Campos de Concentración» en contextos administrativos o de personal, pero como estructura ya existente, no como creación nueva.

En septiembre de 1939 (tras el fin de la guerra en abril), se produjeron cambios administrativos: la ICCP se disolvió en otoño de 1939 y sus funciones pasaron a la Jefatura de Campos de Concentración (dependiente del Ejército).

La clasificación de prisioneros en categorías A, B, C (y a menudo D) se estableció en 1937, durante la Guerra Civil, mediante la Orden General para la Clasificación de Prisioneros y Presentados dictada por Franco el 11 de marzo de ese año. Esta clasificación se aplicó en los campos de concentración y evolucionó con el sistema represivo franquista, incluyendo los Batallones de Trabajadores (reglamentados en 1938) y su sustitución en 1940 por los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST), que mantenían un enfoque similar en la «recuperabilidad» y utilidad de los presos para trabajos forzados.

La clasificación se basaba en el grado de «afección» al Movimiento Nacional (el régimen franquista), evaluada por comisiones clasificatorias en los campos. Los términos «recuperables» e «irrecuperables» se usaban comúnmente en documentos y testimonios para referirse a la posibilidad de «reeducar» a los presos mediante trabajo forzado, adoctrinamiento político y religioso:

• Categoría A (afectos o «desafectos recuperables/dudosos»): Presos considerados no hostiles o forzados a combatir en el bando republicano contra su voluntad. Podían ser liberados (a menudo condicionalmente) o incorporados al ejército franquista, pero muchos acababan en trabajos forzados para «demostrar» su lealtad. Esto coincide con tu descripción de «desafectos recuperables» destinados a trabajos forzados.
• Categoría B (desafectos sin responsabilidad grave o «irrecuperables pero útiles»): Voluntarios republicanos sin cargos adicionales o delitos políticos graves. Eran enviados a campos de concentración y Batallones de Trabajadores (BB.TT.) para explotación laboral en obras públicas, reconstrucción o industrias. Esto se alinea con tu «irrecuperables pero útiles» en batallones.
• Categoría C (desafectos graves o «irrecuperables e inútiles»): Oficiales republicanos, militantes destacados, «enemigos de la patria» o con responsabilidades políticas. Eran remitidos a prisiones y a la Auditoría de Guerra para consejos de guerra sumarísimos, lo que a menudo resultaba en fusilamientos o condenas a muerte. Equivale a tu «irrecuperables e inútiles» entregados al tribunal militar, con muchos ejecutados.
• Categoría D (opcional en algunas clasificaciones, para delincuentes comunes): Presos por crímenes no políticos, tratados de forma similar a C si se consideraban desafectos.

 

La clasificación en A, B, C según “peligrosidad”:
A: “Desafectos recuperables” → trabajos forzados.
B: “Irrecuperables pero útiles” → Batallones de Trabajadores.
C: “Irrecuperables e inútiles” → entregados al tribunal militar (muchos fusilados).

Esta clasificación se mantuvo operativa hasta el final de la guerra y la posguerra, con énfasis en la «redención» mediante trabajo (Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, creado en 1938). En 1940, el sistema se reorganizó: los BB.TT. se disolvieron y se crearon los BDST para prolongar la explotación de quintas jóvenes (reemplazos 1936-1941) clasificados como desafectos, manteniendo la lógica de «utilidad» y «recuperabilidad».

 

Los campos más grandes y emblemáticos

Campo	Provincia	Años activo	Capacidad máxima	Notas destacadas
Miranda de Ebro	Burgos	1937-1947	30.000-65.000	El mayor de todos; también internó brigadistas internacionales y refugiados judíos.
San Pedro de Cardeña	Burgos	1936-1939	~10.000	Ex-convento cisterciense; condiciones infrahumanas; alto número de fusilados.
Los Merinales	Sevilla	1937-1940	~15.000	En un cortijo; altísima mortalidad por tifus y hambre.
Nanclares de Oca	Álava	1938-1950	~8.000	Último campo cerrado oficialmente.
La Corchuela	Sevilla	1939-1942	~12.000	Trabajo esclavo en desecación del Guadalquivir.
Campos de Albatera	Alicante	1939	~18.000	Campo de tránsito tras la caída de Alicante; miles murieron de hambre y sed.
El Dueso	Cantabria	1939-1943	~6.000	Antiguo penal reconvertido.
Castuera	Badajoz	1939-1940	~10.000	Altísima mortalidad (cifras oficiales: 2.500 muertos, extraoficiales mucho más).

Mortalidad

Cifras oficiales del ICCP (1940): 9.715 muertos en campos. Pero estimaciones actuales (Javier Rodrigo, 2005; Gutiérrez Casal, 2014): entre 30.000 y 50.000 muertos por hambre, enfermedades (tifus exantemático, disentería), ejecuciones y trabajos forzados. En algunos campos (Los Merinales, Castuera) la mortalidad superó el 20-25 % en meses.

En España no hubo «Campos de Exterminio» creados como tales, como en la Alemania gobernada por los amigos y aliados del franquismo, los nazis del III Reich, pero eso el franquismo lo solucionó enviando a españoles a morir en ellos. Porque, como buenos cristianos y sobre todo partícipes de los valores del catolicismo, la derecha española aparte de asesinar durante el Golpe, los fusilamientos o la esclavitud en Campos de Concentración, también fueron cómplices del asesinato de los españoles que habían huido de la guerra que ellos provocaron. Así es como acabaron en los campos nazis cerca de 5000 españoles.

En el campo de Mauhtausen, la mayoría de los reclusos fueron víctimas de un «cóctel de tres ingredientes«, explica Carlos Hernández: el hambre, el brutal trabajo que desempeñaban y la falta de asistencia sanitaria y condiciones de salubridad. También fue lugar mortuorio la cámara de gas habilitada en 1941. Pero a los responsables de los campos, oficiales de las temidas SS, les sobraba imaginación para someter a los indefensos prisioneros: «Ahorcamientos, fusilamientos y perros para lanzarlos contra los prisioneros y que los destrozaran», agrega el periodista.

La embajada de Alemania en Madrid se puso en contacto en multitud de ocasiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores franquista, preguntando qué hacer con los «rojos españoles internados en Angulema«. De esa petición constan las reiteradas cartas enviadas por el Reich al ministro Serrano Suñer.

 

Funciones reales del sistema

1. Clasificación ideológica (mediante cuestionarios y delaciones).
2. Depuración masiva del ejército republicano y de la retaguardia.
3. Mano de obra esclava: construcción del Valle de los Caídos, ferrocarriles, canales, pantanos, minas.
   Terror y escarmiento a la población civil.

Cierre y transformación

Entre 1942 y 1944 muchos campos se convirtieron en “Batallones de Trabajadores” y “Destacamentos Penales”.
En 1947 el régimen declara oficialmente cerrado el sistema (para mejorar la imagen internacional). Los últimos presos “C” pasan a cárceles ordinarias o son fusilados.

La Iglesia católica no solo conoció la existencia de los campos de concentración: los bendijo, los legitimó, los justificó teológicamente y participó activamente en su funcionamiento. Su colaboración fue sistemática y entusiasta, porque los campos se presentaban como parte de la “Cruzada de Liberación Nacional” contra el “ateísmo marxista”. El enemigo de las clases explotadoras del Antiguo Régimen. Por eso la Iglesia tuvo un papel relevante en dichos Campos de concentración, que como explicaremos a continuación no fue de crítica sino de apoyo total por conveniencia (que es como siempre ha funcionado el conservadurismo).

1. Justificación teológica oficial: “Expiación” y “redención por el trabajo”

Como ya se ha expuesto, desde 1937, la jerarquía eclesiástica española definió la Guerra Civil como una “Cruzada” y la represión posterior como una obra de “justicia y caridad cristiana”. La Carta Colectiva de los obispos españoles (1 julio 1937), firmada por casi todo el episcopado, hablaba de “redimir a los cautivos” y de que los vencidos debían “expiar sus culpas” mediante el sufrimiento y el trabajo. Esta idea se aplicó literalmente en los campos.

El cardenal Gomá (primado de España) escribió en 1939:

“Los campos de concentración son escuelas de reeducación cristiana donde los extraviados pueden volver al seno de la Iglesia y expiar sus errores”.

2. Capellanes dentro de los campos (Clero Castrense y voluntarios)

Cada campo de concentración tenía uno o varios capellanes militares pagados por el Estado y nombrados por el Vicariato General Castrense. Sus funciones oficiales (Reglamento ICCP, 1940):

• Celebrar misa diaria (obligatoria para los clasificados como “recuperables”).
• Confesar y dar la comunión.
• Informar a la dirección del campo sobre el “arrepentimiento” de los presos: esto decidía si pasaban de categoría C (fusilamiento probable) a A o B.
• Redactar informes de “buena conducta religiosa” que servían para conmutar penas o liberar.

En muchos campos los capellanes eran los únicos que podían entrar en las barracas de castigo o en las celdas de los condenados a muerte. Algunos (como en Miranda de Ebro o San Pedro de Cardeña) asistían a los fusilamientos y daban la “extremaunción” a los ejecutados.

3. Casos documentados de capellanes especialmente activos

Capellán	Campo(s)	Actuación destacada
P. Gumersindo de Estella (capuchino)	Miranda de Ebro, San Pedro de Cardeña	Escribió cartas al ICCP pidiendo clemencia para “arrepentidos”; al mismo tiempo denunciaba a los “impíos”.
P. José Gafo (dominico)	Varios campos de Andalucía	Defendió públicamente los trabajos forzados como “redención cristiana”.
P. Juan Crespo	Los Merinales (Sevilla)	Según testimonios de supervivientes, seleccionaba a los presos “irrecuperables” para los pelotones.
P. Martín Torrent	Campos de Castilla	Redactaba listas de “buenos cristianos” que eran enviados a Batallones de Trabajadores en lugar de fusilados.

4. Reclutamiento y adoctrinamiento desde el púlpito

En parroquias de toda España se predicó que ingresar voluntariamente como capellán en un campo era una “obra meritoria de caridad”. Se organizaron cursillos de formación para capellanes de campos (1940-1942) en los que se les enseñaba a usar la confesión como herramienta de control y delación.

En algunos campos (como el de Castuera) los domingos se sacaba a los presos a misa en procesión pública por el pueblo para “escarmentar” a la población.

5. Beneficios materiales para la Iglesia

Muchos campos se instalaron en conventos, monasterios y seminarios expropiados durante la República y devueltos por Franco (San Pedro de Cardeña, La Corchuela, etc.). Así es como el clero se aseguró tener mano de obra barata. Los presos realizaban trabajos gratuitos para diócesis: reparación de iglesias bombardeadas (irónicamente, lo fueron por los fascistas), construcción de seminarios, cosechas para instituciones religiosas, etc.

6. Silencio y complicidad tras el cierre de los campos

Cuando en 1947 se cerraron oficialmente los últimos campos, la Iglesia nunca pidió cuentas ni se disculpó. Al contrario: muchos ex-capellanes de campos fueron ascendidos a obispos o canónigos durante el franquismo (ejemplo: Enrique Pla y Deniel, que bendijo la represión, fue nombrado cardenal).

La Iglesia católica no fue un mero espectador. Formó parte estructural del sistema represivo franquista en los campos de concentración: los legitimó como “obra de redención”, puso capellanes que colaboraban en la clasificación y la delación, y se benefició material y simbólicamente de ellos. Para miles de presos, el capellán del campo fue la última cara que vieron antes del pelotón de fusilamiento o la puerta hacia una posible “redención” si se arrepentían lo suficiente.

Los niños e hijos del bando republicano: robo, reeducación y exterminio Suave (1936-1950s)

El franquismo aplicó una política sistemática y planificada contra los hijos de los vencidos. No fue algo improvisado: se basó en teorías eugenésicas, psiquiátricas y católicas que consideraban que el “gen rojo” o “marxista” era hereditario y podía transmitirse a los hijos. El objetivo era arrancar a los niños de sus madres republicanas y convertirlos en “buenos españoles” y “buenos católicos” o, si se consideraban irrecuperables, dejarlos morir lentamente.

El marco ideológico oficial

Antonio Vallejo-Nágera (psiquiatra jefe del ejército franquista, 1938-1942), el conocido como «Menguele español», estableció como conclusión de sus “investigaciones” en campos de prisioneras:

“El gen rojo es hereditario (…) La separación de los hijos de las madres marxistas es una medida de profilaxis social y de higiene mental”.

Se estableció la Ley de 30 de marzo de 1940 sobre entrega de hijos a instituciones del Estado y el Patronato de Protección a la Mujer y Auxilio Social (Falange) y órdenes religiosas como las Hijas de la Caridad, Adoratrices, Teresianas actuaron como ejecutores.

Las cifras aproximadas (investigaciones actuales) son estas:

Concepto	Cifra estimada	Fuente principal
Niños robados o separados de sus madres	30.000 – 35.000	Vinyes, Armengou, Richards, González-Ruiz
Niños internados en preventorios, orfanatos y colegios	150.000 – 200.000	Casas, Celada, Gómez Bravo
Niños enviados a familias “de orden”	12.000 – 15.000	Archivo Histórico Nacional
Niños muertos por desnutrición y maltrato en instituciones	10.000 – 15.000	Testimonios + expedientes de Auxilio Social

Las modalidades de robo y reeducación fueron estas:

Modalidad	Cómo se hacía	Destino habitual
Robo directo en cárceles	A las presas republicanas se les quitaba el bebé al nacer o a los 3-5 años “por orden judicial”.	Hogares de Auxilio Social, conventos, familias franquistas.
Tutela del Estado	Declaraban a los niños “en desamparo moral” aunque tuvieran madre viva.	Internados del Estado y religiosos.
Adopciones ilegales	Se falsificaban partidas de nacimiento (niño “abandonado” o “hijo de padres desconocidos”).	Familias de militares, falangistas, religiosos.
Envío a familias “de orden”	Programa oficial: niños de presos o fusilados entregados a familias católicas y franquistas.	Reeducación total, cambio de apellidos frecuente.
Preventorios y colegios religiosos	Internamiento masivo de hijos de republicanos (incluso si la madre estaba viva).	Malnutrición intencionada, castigos físicos y psicológicos.

Y las instituciones más tristemente conocidas fueron estas:

Institución	Lugar	Características
Prisión de Saturrarán (Guipúzcoa)	1939-1943	Madres presas con niños pequeños; altísima mortalidad infantil por hambre.
Preventorio de Guadarrama	Madrid	Miles de niños desnutridos; hubo epidemias de sarampión y tuberculosis.
Colegio de la Guardia de Franco	Madrid	Reeducación de hijos de republicanos; palizas y adoctrinamiento falangista.
Hogar Santa Rita (Madrid)	Hijas de la Caridad	Niñas robadas; muchas entregadas a familias de militares.
Casa Cuna de Nuestra Señora del Pilar	Barcelona	Bebés de presas republicanas; mortalidad del 40-50 % en algunos años.

Tenemos los testimonios que evidencian que a los niños se les decía que sus padres “habían muerto de tifus” o “los habían matado los rojos”. De cómo se les cambió de nombre y apellidos para borrar toda huella de su origen y de los malos tratos físicos y sexuales en muchas instituciones religiosas (documentados en expedientes judiciales actuales). Entre los años 50 y 60 todavía había miles de estos niños en orfanatos franquistas.

El robo de niños republicanos es considerado por historiadores y tribunales internacionales como crimen contra la humanidad (continuado en el tiempo). La Ley de Memoria Democrática (2022) reconoce por primera vez oficialmente esta práctica y obliga al Estado a investigar y reparar. Un recordatorio de qué hizo el fascismo en España, motivo por el cual es profundamente odiada por sus herederos.

Esclavos para construirse un mausoleo católico propio: el Valle de los Caídos

El monumento construido durante la dictadura de Francisco Franco en España, entre 1940 y 1959, como un sitio para honrar a los «caídos» de la Guerra Civil Española solo fue una excusa más para presumir de «catolicismo» compitiendo con el Vaticano y para crearse una lápida para él y sus aliados cercanos, como Primo de Rivera. Por más que lo nieguen o no lo quieran ver por sectarismo sus tontos útiles (generando en el camino todo tipo de bulos), el sistema de trabajo forzado o «esclavitud» implementado por el franquismo contribuyó directamente a su construcción.

Tras la victoria franquista en 1939 gracias a la colaboración de los nazis y los fascistas del Duce, con la excusa «moral» para construirse dicho mausoleo, el régimen estableció un sistema de «redención de penas por el trabajo» en 1938 que permitía a los prisioneros políticos (principalmente republicanos derrotados) reducir sus condenas a través de labores forzadas en proyectos estatales. Este sistema era una forma de trabajo esclavo o semi-esclavo, ya que los presos eran obligados a trabajar en condiciones precarias, de alto riesgo y bajo control militar, aunque formalmente se presentaba como una «oportunidad» de redención (por defender la democracia española): por cada día de trabajo se reducían varios días de sentencia (a veces en ratios como 6:1 o 3:2).

Como el fascismo en todo el mundo, favorable al capital, durante su construcción Empresas privadas como Banús, Huarte y San Román se beneficiaron de esta mano de obra barata, utilizándola no solo en obras públicas sino también en proyectos privados.

Este régimen de trabajo forzado fue clave para la creación del Valle de los Caídos y el enriquecimiento de empresarios afines al régimen, para mayor gloria del ego del dictador y su iglesia. Franco ordenó su construcción en 1940 como un monumento a la «victoria» franquista, excavando una basílica en la montaña de la Sierra de Guadarrama, cerca de Madrid, con una cruz de 150 metros de altura (posiblemente para solventar algún tipo de complejo personal, característico en la merma con necesidad de imponerse como machos Alfa). Se estima que hasta 20.000 prisioneros políticos fueron empleados en el proyecto, realizando las tareas más peligrosas, como dinamitar rocas, escalar andamios altos o excavar la cripta. En 1943, aunque no se puede saber el número exacto gracias a la poca transparencia del fascismo, el número de trabajadores presos en el sitio se estima entre 600 y 20.000.

Muchos sufrieron accidentes graves o murieron durante la obra, que duró 18 años y costó más de 1.159 millones de pesetas, financiada a través del Estado ahora controlado por ellos, mediante loterías nacionales y donaciones.

El uso de esta «esclavitud» permitió al régimen construir un monumento colosal a bajo costo, simbolizando no solo la victoria franquista sino también la represión sobre los vencidos. Inicialmente destinado a enterrar a franquistas, como su número de víctimas fue tan bajo, en 1959 se incluyeron a la fuerza los restos de miles de republicanos exhumados de fosas comunes sin permiso familiar, mezclados anónimamente, lo que profundizó su carácter como sitio de «desmemoria».

Para mayor desvergüenza de la derecha española y su currículum criminal, de los más de 33.800 cuerpos de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, los trasladados que se produjeron de fosas comunes de toda España entre 1959 y 1983. Más de 500 fosas fueron exhumadas para trasladar cuerpos al osario de las criptas del Valle, la mayoría de ellos sin identificar a las víctimas. Los restos provienen de fosas en 45 de las 50 provincias españolas, a menudo mezclados y trasladados entre 1959 y 1983, con gran actividad en la primera fase (1959-1960). Gracias a eso, es considerado la mayor fosa común del franquismo y un punto central de la memoria democrática. Una memoria contra la que lucha la derecha española (la que hemos visto y veremos en este artículo), que quiere enterrar el pasado de sus referentes ideológicos y político, generando un debate innecesario para cualquier demócrata y obstaculizando el proceso para la exhumación e identificación de los cuerpos para devolverlos a sus familias, pese a estar bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Aunque algunas fuentes de derecha argumentan que los presos eran «voluntarios» para reducir penas, la mayoría de historiadores y testimonios lo describen como trabajo forzado en un contexto de posguerra represiva.

El robo de bebés en España: las dos fases distintas del mismo sistema (1938-1990s)

Lo que empezó como robo ideológico contra hijos de republicanos se transformó después en robo económico y de mercado negro a partir de los años 50. No fueron dos fenómenos aislados: fue el mismo sistema que mutó de objetivo pero mantuvo las redes, los métodos y muchos de los mismos actores (religiosas, médicos, funcionarios, curas párrocos y registros civiles corruptos).

Fase	Período principal	Víctimas principales	Motivo oficial	Motivo real	Cifra estimada (investigaciones actuales)
Fase 1 – Ideológica	1938-1955	Hijos de presas republicanas, guerrilleros, fusilados	“Quitar el gen rojo” (Vallejo-Nágera)	Exterminio suave + reeducación católica	30.000 – 35.000 niños
Fase 2 – Económica / Mercado negro	1955-1990s	Cualquier madre (soltera, pobre, gitana, trabajadora, inmigrante)	“Dar una familia cristiana al niño”	Venta de bebés a matrimonios estériles (precio: 100.000-500.000 pts de la época)	250.000 – 300.000 casos denunciados

El sistema funcionaba igual en ambas fases:

1. Simulación de muerte del bebé A la madre se le decía que el niño había nacido muerto o había muerto a las pocas horas. Le enseñaban (a veces) un cadáver de otro bebé o un ataúd cerrado.
2. Falsificación de documentos
   • Partida de defunción falsa.
   • Nueva partida de nacimiento con los nombres de los padres adoptivos como si hubieran parido ellos.
   • Inscripción en el Registro Civil con sello oficial (muchos registradores estaban comprados).
3. Red de intermediarios
   • Médicos y matronas (públicos y privados).
   • Religiosas (Hijas de la Caridad, Hermanas de la Caridad, Teresianas, Adoratrices, etc.).
   • Funcionarios de Auxilio Social, Patronato de Protección a la Mujer y clínicas privadas (Sanatorios Santa Cristina en Madrid, O’Donnell, etc.).
   • Curas párrocos que bautizaban al bebé con los nuevos apellidos.
4. Destino del bebé
   • Fase 1: familias franquistas, militares, falangistas, religiosas.
   • Fase 2: matrimonios de clase media-alta que pagaban (muchos sin saber que era robo, otros sí).

Los centros y clínicas más conocidos fueron:

Clínica / Centro	Ciudad	Años más activos	Redes implicadas
Clínica San Ramón / Clínica O’Donnell	Madrid	1950-1985	Dr. Eduardo Vela (condenado en 2018)
Clínica Santa Cristina	Madrid	1940-1980	Hijas de la Caridad + médicos del Insalud
Maternidad de O’Donnell	Madrid	1940-1970	Patronato Protección a la Mujer
Casa Cuna de Nuestra Señora del Pilar	Barcelona	1940-1970	Religiosas + médicos catalanes
Clínica San José	Sevilla	1955-1985	Red andaluza (monjas + médicos)
Hospital Provincial de Valencia	Valencia	1950-1980	Red valenciana documentada

El robo de bebés en España no fue un delito aislado ni espontáneo. Fue un sistema organizado que empezó en 1938 para “limpiar” a los hijos de los demócratas republicanos y duró hasta los años 90 como negocio lucrativo, con la participación activa de médicos, religiosas, funcionarios y registros civiles. El resultado de no depurar a los fascistas de las instituciones: «En 1978 se acostaron fascistas y amanecieron demócratas».

Entre 1955 y 1960 desaparecen casi por completo los casos ideológicos (ya no quedan presas republicanas con bebés), así que las mismas religiosas y médicos que robaban a presas republicanas reorientan el negocio a madres solteras, pobres, gitanas o con problemas económicos. En 1960 se crea la Ley de Adopción que facilita aún más la falsificación (no exige control judicial estricto hasta 1987).

Las cifras oficiales y estimaciones reales (2024-2025) se basan en las querellas presentadas: más de 2.700 (solo en Fiscalía General del Estado); en los casos documentados por asociaciones: más de 300.000 (Anadir, SOS Bebés Robados, etc.) y en las sentencias condenatorias: solo 3 hasta 2025 (Eduardo Vela en 2018, sor María Gómez Valbuena absuelta por fallecimiento, y una matrona en 2023).

El Estado español es el único país de Europa Occidental que no ha creado una comisión de la verdad ni una unidad policial especializada permanente. Si hoy hay  un reconocimiento es gracias, de nuevo, a la Ley de Memoria Democrática de 2022: esta reconoce por primera vez el robo de bebés como crimen contra la humanidad cuando se hizo con motivación ideológica (fase 1) y obliga al Estado a abrir archivos y crear un banco de ADN. Los casos de la fase 2 (económica) siguen siendo tratados como “delitos comunes” (falsedad documental, detención ilegal) y la mayoría están prescritos.

Fusilamientos y fosas Comunes en el Franquismo: Magnitud y Cronología (1936-1975)

El franquismo fue el régimen que más ejecuciones extrajudiciales y judiciales aplicó en Europa Occidental después de 1945. Las cifras oficiales del propio régimen (Caetano, 1968) reconocían 23.000 fusilados legales entre 1939 y 1975. Las investigaciones actuales elevan la cifra real a entre 130.000 y 150.000 asesinados (incluyendo paseos y sacas durante la guerra + ejecuciones legales tras consejos de guerra).

Período	Cifra aproximada de fusilados	Características principales
1936-1939 (Guerra Civil)	80.000 – 100.000	Paseos, sacas, checas franquistas, ejecuciones sin juicio tras la ocupación de pueblos.
1939-1944 (Posguerra dura)	40.000 – 50.000	Consejos de guerra sumarísimos, aplicación retroactiva de la Ley de Responsabilidades Políticas.
1945-1952 (Represión guerrillera)	4.000 – 6.000	Ejecuciones tras consejos de guerra y “ley de fugas”.
1953-1975 (Últimos fusilados)	~100 (oficiales)	Últimos ejecutados: Julián Grimau (1963), Salvador Puig Antich (1974), 5 antifranquistas (27 sept 1975).

Cómo se fusilaba (procedimiento habitual 1939-1945)

1. Consejo de guerra sumarísimo de urgencia: 24-48 h desde la detención hasta la sentencia.
2. Sin defensa real: el abogado defensor era un oficial militar que a menudo pedía la pena de muerte.
3. Sin posibilidad de recurso: el auditor de guerra y Franco podían conmutar o no (Franco firmó personalmente miles de “enterados”).
4. Lugar: muros de cementerios (Madrid-Este, Paterna, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Granada…), campos abiertos, cunetas.
5. Hora: al amanecer. Los cuerpos quedaban en fosas comunes o eran entregados a familias que pagaban la “caja y la bala”.

Las fosas comunes: la mayor red de Europa Occidental

España cuenta con aproximadamente 6.000 fosas comunes registradas relacionadas con la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura franquista, según el mapa interactivo audiovisual presentado en noviembre de 2025 por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática junto a RTVE, que integra datos oficiales y autonómicos.

Estas fosas contienen los restos de víctimas de la represión política —principalmente de represaliados por el bando sublevado y franquista (estimadas en torno a 140.000 personas), aunque también de la retaguardia republicana y otros contextos como combates o bombardeos—, sumando un total histórico de al menos 140.000-190.000 inhumados irregulares.

En los últimos 25 años (desde el hito de Priaranza del Bierzo en 2000) se han exhumado más de 17.000-18.000 cuerpos, con unos 8.000-9.000 recuperados solo desde 2019-2020 gracias a planes estatales y esfuerzos de asociaciones memorialistas (criticadas por la derecha filofascista – adivinen porqué); se estima que aún podrían recuperarse alrededor de 11.000 restos más en fosas accesibles, aunque muchos enterramientos resultan irrecuperables por construcciones posteriores. Ningún punto de la España peninsular queda a más de 50 km de una fosa conocida, lo que refleja la magnitud y dispersión del fenómeno represivo, con regiones como Aragón, Cataluña, Andalucía y Madrid concentrando un alto número de casos.

Para que se hagan una idea de cómo ha evolucionado esto, en 2024 estos eran los datos:

Número actualizado (2024):

• – 2.400 fosas localizadas
• – 740 fosas exhumadas (total o parcialmente)
• – Más de 9.300 cuerpos recuperados
• – 114.000-120.000 desaparecidos que siguen en fosas (según el Mapa de Fosas del Ministerio de Memoria Democrática y el Consejo de Ministros 2022).

 

Comunidades con más desaparecidos	Cifra aproximada
Andalucía	45.000 – 50.000
Aragón	10.000 – 12.000
Castilla y León	9.000 – 11.000
Extremadura	9.000 – 10.000
Comunidad Valenciana	8.000 – 9.000

 

Lugar	Provincia	Víctimas enterradas	Notas
Cementerio de San Rafael	Málaga	4.500 – 6.000	Mayor fosa de Europa Occidental
Cementerio del Este	Madrid	~3.000 – 5.000	Incluye a las Trece Rosas
Paterna	Valencia	2.238 documentadas	“El paredón de España”
Virgen de la Cabeza (Córdoba)	Córdoba	~3.000	Fosa sin exhumar completamente
Fosas de Oviedo (La Cadellada)	Asturias	~2.000	Mayor de Asturias

Estas cifras oficiales, cuando se estimaban unas 2.400-2.500 fosas localizadas activas o registradas del Mapa de Fosas del Ministerio se correspondían a alrededor de 2022-2024.

Número actualizado (2025-2026):

• Aproximadamente 6.000 fosas registradas (6.001 en el mapa interactivo de RTVE; 5.848-6.000 según versiones, incluyendo fosas que han existido históricamente, algunas ya desaparecidas, trasladadas o exhumadas).
• Cerca de 1.500 fosas exhumadas (total o parcialmente; casi 1.500 aparecen como exhumadas en el mapa, con 505 trasladadas al Valle de Cuelgamuros).
• Más de 17.000-17.300 cuerpos recuperados en los últimos 25 años (desde 2000; más de 17.000 según RTVE y estimaciones de antropólogos como Francisco Etxeberría).
• 8.941 cuerpos recuperados desde 2019 (hasta finales de 2024/2025, según el Ministerio; de ellos, solo unos 70 identificados y entregados a familiares en datos oficiales recientes).
• 114.000-140.000 desaparecidos que siguen en fosas o pendientes de localizar (estimación conservadora de 114.000-120.000 en informes previos del Gobierno 2022; cifra más amplia de al menos 140.000 víctimas en fosas irregulares según el mapa RTVE y estudios actualizados, incluyendo represión franquista principal, pero también otros contextos; quedan por recuperar alrededor de 11.000 restos en fosas accesibles, con un máximo estimado de 20.000 susceptibles de exhumación total).

 

Estas cifras reflejan un mapa histórico integral (no solo fosas activas), integrando datos ministeriales (4.819 validados a octubre 2025) y autonómicos adicionales. Las variaciones provienen de actualizaciones, revisiones y diferencias entre registros estatales y regionales.

Para que se hagan una idea del nivel de catadura moral del filofascismo actual, como no podían hacer frente a tal cantidad de evidencia y su argumento para justificar el CV criminal de su ideología se basó en la equidistancia, intentando equiparar la cantidad de asesinados, se dedicaron crear su bulo mediante un mapa en el que, según ellos, en Andalucía tuvieron que tapar fosas porque descubrieron que eran de su bando fascista y no del republicano.

La Iglesia y los fusilamientos/fosas

• Los cementerios eran (y son) suelo municipal, pero estaban bajo control eclesiástico.
• Muchos curas párrocos negaban sepultura en suelo sagrado a los fusilados republicanos (“excomulgados” o “suicidas”).
• Los cuerpos se enterraban en fosas comunes fuera del recinto sagrado o en zonas “de los civiles”.
• Algunos sacerdotes bendecían los pelotones o daban la extremaunción después del fusilamiento (nunca antes).
• En muchos pueblos, el cura anotaba en los libros parroquiales “muerto por aplicación del bando de guerra” o simplemente “desconocido”.

Evolución legal y ocultamiento

• 1939-1948: se prohibió a las familias poner nombres en las tumbas o hacer cualquier homenaje.
• 1940: Decreto que obligaba a inscribir a los fusilados como “muertos por hemorragia” o “heridas de arma de fuego” sin especificar causa.
• 1977-2007: silencio institucional durante la Transición (pacto de olvido).
• 2007: primera Ley de Memoria Histórica (Zapatero) → primeras exhumaciones legales.
• 2022: Ley de Memoria Democrática → Estado asume la búsqueda, exhumación y dignificación.

En 2025 España seguía siendo el segundo país del mundo (tras Camboya) con más desaparecidos en fosas comunes de la historia reciente. Las últimas exhumaciones (2024-2025) sacaron a la luz fosas en Burgos, Guadalajara y Sevilla más de 200 cuerpos cada una.

El proceso continúa, pero los fascistas (pretendiéndose hacer pasar por las víctimas sólo porque se identifican con la ideología victimaria que se intenta reparar) siguen negando el hecho y en un descaro absoluto, soltando declaraciones como la que dio el político de apellido patrio Ortega-Smith:

 “¿Qué daño hace una cruz que lleva años y años y años recordando hechos tristes, sí -personas que fueron fusiladas en una guerra-, pero sin odio, con amor? Y que, incluso una vez que esos nombres ya estaban retirados, parece que les molestaba una cruz que representa un sentimiento religioso”.

Porque, por lo visto, entre los valores del catolicismo además de una falta absoluta de empatía, está la mentira, la hipocresía y el cinismo. Pues esta frase, la dijo en recuerdo de las «personas fusiladas» en Callosa del Segura con motivo de una cruz que fue colocada en 1942 para recordar a 81 «caídos por Dios y por España» y retirada en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En un país con miles de fusilados por los fascistas, este decidió participar en un acto que recordaba a dichos fascistas. Porque, por lo visto, con los casi 40 años de dictadura colocándose monumentos, nombrando calles y pueblos, y haciendo revisionismo de la historia mientras se enriquecían del espolio no tuvieron bastante.

Los acuerdos entre fascistas y la Iglesia católica

Además de hacerse mediante la fuerza lo que no pudieron mediante la convicción intelectual en unas elecciones y de otorgarse los privilegios que creen poseer por derecho divino mediante la herencia familiar, también les devolvieron los privilegios a su secta, que tantos tontos útiles les facilitó. Privilegios que se consolidaron formalmente mediante acuerdos como el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede de 1953.

Este fue un acuerdo firmado el 27 de agosto de 1953 en la Ciudad del Vaticano, durante la dictadura franquista. Representó el punto culminante del nacionalcatolicismo, ideología que fusionaba el Estado autoritario con la Iglesia Católica como pilar fundamental del régimen. Franco impulsó activamente su firma (en 1951 escribió a Pío XII recordando el centenario del Concordato de 1851), ya que buscaba legitimidad internacional en plena Guerra Fría, aislamiento post-Segunda Guerra Mundial para poder perpetuarse con el beneplácito internacional y reconocimiento de su régimen como «católico».

Principales características y privilegios concedidos a la Iglesia

El Concordato constaba de 36 artículos y reafirmaba la confesionalidad católica del Estado (art. I: «La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española»). Entre los privilegios más destacados para la Iglesia:

• Reconocimiento como sociedad perfecta con plena independencia y jurisdicción (art. II).
• Financiación estatal al clero y sostenimiento económico de la Iglesia (dotaciones, salarios de sacerdotes, construcción de templos).
• Exenciones fiscales amplias (IBI, impuestos sobre bienes eclesiásticos, donaciones).
• Control de la enseñanza: Religión católica obligatoria en escuelas públicas y privadas, con supervisión eclesiástica.
• Matrimonio canónico con efectos civiles exclusivos (matrimonio civil prohibido o subordinado).
• Fuero eclesiástico (clero juzgado por tribunales eclesiásticos en muchos casos).
• Censura y control moral: Prohibición de cultos no católicos en público, exención de censura para publicaciones eclesiásticas.
• Derecho de presentación: Franco proponía ternas para nombramientos de obispos y arzobispos, asegurando una jerarquía leal al régimen (aunque la Santa Sede conservaba veto).

 

A cambio, la Iglesia apoyaba explícitamente al franquismo: Pío XII* concedió a Franco la Suprema Orden de Cristo (máxima condecoración vaticana) y el Concordato facilitó el reconocimiento internacional (poco después vinieron los Pactos de Madrid con EE.UU.). Historiadores como Guy Hermet lo ven como «la última debilidad» de Pío XII con el franquismo, mientras otros destacan que el Concilio Vaticano II (1962-1965) lo dejó obsoleto al promover libertad religiosa y separación Iglesia-Estado.

Modificación en los años 70: Acuerdo de 1976 y Acuerdos de 1979

Tras la muerte de Franco (1975) y durante la Transición, el Concordato de 1953 se consideró incompatible con la democracia emergente y la Constitución de 1978 (art. 16: aconfesionalidad del Estado, libertad religiosa y cooperación «con la Iglesia Católica y las demás confesiones»). No se derogó formalmente (sigue vigente técnicamente), pero su contenido se modificó ligeramente mediante una serie de acuerdos con los meapilas que nos gobernaron:

• Acuerdo de 28 de julio de 1976 (firmado bajo Adolfo Suárez, preconstitucional): Renuncia mutua clave. El Estado cede el privilegio de presentación de obispos (pasa al rey Juan Carlos I proponer ternas acordadas, pero sin veto efectivo). La Iglesia renuncia al fuero eclesiástico. Se comprometen a revisar el Concordato para adaptarlo a la libertad religiosa (Ley de 1967 ya reconocía esto parcialmente). Representa el primer paso hacia la «desconfesionalización».

• Cuatro Acuerdos de 3 de enero de 1979 (firmados en el Vaticano, solo días después de la entrada en vigor de la Constitución el 29 de diciembre de 1978): Negociados en secreto por Marcelino Oreja (ministro de Exteriores) y el Vaticano. Derogan o modifican gran parte del Concordato de 1953 (artículos clave como I-VI, VIII-XIV, etc.). Principales cambios y persistencias:

  • Asuntos jurídicos: Garantiza libertad de culto, jurisdicción y magisterio católico; reconoce personalidad civil a diócesis, parroquias, órdenes religiosas y Conferencia Episcopal.
  • Enseñanza y asuntos culturales: Mantiene enseñanza religiosa católica en escuelas públicas (optativa, pero con efectos en evaluaciones y conciertos); privilegios en educación concertada (mayoría católica).
  • Asuntos económicos: Sustituye dotación directa por sistema de IRPF (casilla 0,7% para Iglesia, luego aumentada); mantiene exenciones fiscales amplias (IBI, IVA en bienes de culto, donaciones).
  • Asistencia religiosa a Fuerzas Armadas: Vicariato Castrense con arzobispo-vicario (graduación militar), financiado por Estado.

 

Estos acuerdos preservan muchos privilegios (financieros, educativos, fiscales) del franquismo, adaptados a la aconfesionalidad formal. Críticos (sectores laicos, historiadores) los ven como «Concordato encubierto» o «franquista revisado», ya que mantienen una cooperación preferente con la Iglesia Católica pese al pluralismo religioso. La palabra «concordato» se evitó por su asociación con dictaduras (Mussolini, Hitler, Franco). Siguen vigentes en 2026, base del actual régimen de relaciones Iglesia-Estado.

(*) Pio XII, sí. El mismo papa que apoyó a Hitler y a prácticamente todos los regímenes fascistas. Sólo hay que visitar la propia página oficial del Vaticano para ver el listado de acuerdos que la Iglesia Católica firmó para comprobar que no se dejó ni un solo Estado fascista con el que establecer alianzas.

La ironía del «patriotismo» falaz que siempre ha mantenido la derecha se puede ver en sus relaciones: siempre vendiendo el país a trozos a potencias extranjeras. Porque eso es el Vaticano. Un Estado creado mediante el fraude. Que por un lado se oficializó cuando un fascista, Mussolini, regaló terrenos de Italia a una secta teocrática y por otro, un Estado que recibe dinero y privilegios de otros Estados cuando son gobernados por ese grupo de adoctrinados, que ellos crean, cuando llegan al poder. Pero estos vendepatrias disfrazados con banderas no solo regalaron su soberanía al Vaticano a cambio de su validación.

La venta de España a EE.UU y el cuento del Rey

Para contar esto es necesario hacer hincapié en que en el presente, explicando que a menudo los conservadores argumentan que el ahora rey emérito trajo la democracia pese a las ideas de Franco, pero eso es una falacia: en el momento en el que el propio Franco se trajo a Juan Carlos de Borbón para hacer de su mentor, estaba claro que lo que quería restaurar era una monarquía. Pero cabe aclarar que Franco nunca quiso restaurar la monarquía liberal de 1931 sino de otro tipo. Desde 1947, tras la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, se autoproclamó regente de un “Reino” que él mismo crearía cuando le conviniera, manteniendo todo el poder en sus manos. Durante décadas barajó varias opciones dinásticas:

• Los carlistas (pretendientes de la rama tradicionalista).
• Juan de Borbón (hijo de Alfonso XIII y heredero legítimo de la línea liberal).
• Los falangistas, que preferían una república sindicalista.

 

A partir de 1960-1961, Franco descartó definitivamente a don Juan por considerarlo demasiado liberal y “contaminado” por el exilio democrático. En su lugar, fijó su mirada en el hijo menor, Juan Carlos de Borbón, que tenía entonces 23 años y vivía en España desde 1948 bajo tutela directa del régimen.

Las razones principales por las que Franco lo eligió fueron, primero, porque Juan Carlos sería educado personalmente bajo control franquista: internados militares (Zaragoza, Marín, Academia General Militar) y universidad tutelada por falangistas y monárquicos juanistas “domesticados”.
La segunda, porque Juan Carlos era joven, maleable y no tenía pasado político comprometido. Franco y sus ministros (especialmente Carrero Blanco y López Rodó) veían en él un “príncipe aprendiz” que podía jurar lealtad al Movimiento y garantizar la continuidad del régimen “de los vencedores” bajo forma monárquica.

Tras la Guerra Civil (1936–1939), provocada por los fascistas,  España entra en una de las peores crisis económicas de su historia contemporánea. La causa principal es la política económica autárquica adoptada por Franco. La autarquía era un modelo económico que buscaba que España fuese “autosuficiente”, produciendo internamente todo lo posible y reduciendo al mínimo el comercio exterior. Las consecuencias que trajo el fascismo a España fueron:

• Escasez extrema de productos básicos.
• Racionamiento (las cartillas de racionamiento funcionaron hasta 1952).
• Mercado negro (estraperlo) como mecanismo real de acceso a alimentos.
• Hambruna silenciosa: hubo decenas de miles de muertes por malnutrición.
• Desplome industrial por falta de materias primas.
• Aislamiento internacional tras la II Guerra Mundial, ya que España era vista como un aliado fascista.
• Estancamiento tecnológico y productivo.

 

Entre 1940 y 1950, la renta per cápita española estaba al nivel de 1929 (la época de la crisis mundial que se conoció como la Gran Depresión). En 1950, España era uno de los países más pobres de Europa occidental. La autarquía, a pesar de esto, se mantuvo porque era ideológica, no racional: Franco y los falangistas creían en un modelo nacional-sindicalista inspirado en Mussolini. Hacia 1957–1959 la crisis era insoportable:

• Inflación alta
• Balanza de pagos negativa
• Reservas exteriores casi agotadas
• Deuda creciente
• Escasez crónica

La pobreza que trajeron los fascistas llegó a un punto que tuvieron que buscar soluciones. La poca originalidad y el lamebotismo de la derecha española hizo que este mirara hacia el impero más grande entonces. Así que los “tecnócratas” del Opus Dei tomaron el control económico y elaboran el Plan de Estabilización de 1959, diseñado junto con el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de EE. UU. Entre 1953 y 1963 EE. UU. otorgó cerca de 1.500 millones de dólares a España, en forma de:

• Créditos del Export-Import Bank (EXIM Bank)
• Para importación de maquinaria, tecnología y petróleo.
• Ayuda agrícola y alimentaria (PL-480)
• Envíos masivos de trigo y otros alimentos a precios reducidos.
• Créditos de defensa
• Material militar y equipamiento industrial para fábricas del régimen.
• Asistencia técnica
• Ingenieros, programas de modernización y técnicos estadounidenses.

 

Esto pudo hacer que el régimen pudiera aparentar prosperidad. Pero lo importante de eso es que este dinero NO era “caridad”: con ello EE.UU se aseguraba bases militares estratégicas y convertía a España en un cliente y aliado dependiente. La derecha entonces, tal y como se puede ver ahora, tiene como pilar el enriquecimiento privado y una ideología basada en valores y creencias, en vez de la evidencia, los datos y el interés social. Esto ha provocado, provoca y provocará crisis y una dependencia de rescates financieros, que jamás vienen a cambio de nada: siempre vienen a cambio de perder soberanía y de la venta/regalo del país a esas manos privadas y potencias imperialistas extranjeras. En el caso del franquismo, pre y pos autárquico, llevó a que EE.UU. pudiera inmiscuirse e influenciar políticamente.

En 1969, tras el escándalo Matesa y la crisis del régimen, Franco necesitaba un relevo que calmara a Europa y a Estados Unidos, que presionaban por una apertura controlada (y al que había vendido la soberanía española facilitándoles la creación de un enclave militar ideal, puerta hacia Europa, a cambio de su apoyo y «legitimación»): documentos desclasificados del Departamento de Estado de EE.UU., particularmente de la serie Foreign Relations of the United States (FRUS), reflejaban las preocupaciones y recomendaciones estadounidenses durante los últimos años del franquismo y la inmediata posdictadura. Estos papeles, accesibles en el archivo oficial del Departamento de Estado, advertían repetidamente sobre los riesgos de un sistema multipartidista fragmentado en España, similar al que contribuyó al «caos» de la Segunda República (1931-1936). En su lugar, los diplomáticos estadounidenses abogaban por un enfoque gradual hacia una democracia «estable y moderada», inspirada en el modelo bipartidista de EE.UU., con un énfasis en coaliciones de centro-derecha y centro-izquierda para evitar la polarización extrema y el avance del comunismo.

Durante la Guerra Fría, EE.UU. veía a España como un baluarte anticomunista clave en el flanco sur de Europa, gracias a los Pactos de Madrid de 1953, que proporcionaron bases militares a cambio de ayuda económica. Sin embargo, con la vejez de Franco (fallecido en 1975) y el auge de movimientos opositores (socialistas, comunistas y nacionalistas), Washington temía un «efecto dominó» similar al de Cuba en 1959: un colapso caótico que pudiera abrir la puerta al comunismo o a inestabilidad regional. Documentos de 1958-1960, como el telegrama del Departamento de Estado del 30 de diciembre de 1959 (FRUS 1958-60, Vol. VII, Parte 2, Documento 333), describen la fragmentación política española —dividida entre carlistas, socialistas, monárquicos, nacionalistas vascos y catalanes, y «cristianos demócratas»— como una «Caja de Pandora» que podría explotar en caos si se intentaba una democratización abrupta. El embajador estadounidense en Madrid, John Davis Lodge, y otros funcionarios argumentaban que España necesitaba una transición «controlada» para preparar al país para formas «más representativas», pero sin precipitar una multipartidismo caótico que beneficiara a los extremismos.

En cables diplomáticos de los años 60 y 70, EE.UU. presionó discretamente por «liberalizaciones graduales», como permitir una oposición leal y responsable, para fomentar un sistema bipartidista que estabilizara el país. Por ejemplo, en discusiones internas de 1969-1970, se recomendaba apoyar a Juan Carlos I como sucesor de Franco, no solo por su maleabilidad sino porque podía encabezar un «gobierno de consenso» con dos bloques principales: uno conservador (heredero del franquismo moderado, como la futura Alianza Popular de Manuel Fraga) y otro de centro-izquierda (socialdemócratas reformistas, excluyendo a los comunistas radicales). Esto se inspiraba en el modelo estadounidense de alternancia entre demócratas y republicanos, visto como un antídoto contra la inestabilidad europea (como en Italia o Francia, con sus coaliciones multipartidistas ineficaces).

Así que el 22 de julio de 1969, Franco lo designó oficialmente sucesor a título de rey en las Cortes franquistas. Juan Carlos prestó juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales del Reino, prometiendo lealtad personal a Franco. Don Juan, su padre, quedó desposeído de facto de sus derechos dinásticos.

Tras la muerte de Franco (20 noviembre 1975) y la de Carrero Blanco (1973), Juan Carlos fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975 con el nombre de Juan Carlos I, bajo la fórmula “Rey de España por la gracia de Dios y las Leyes Fundamentales del Movimiento Nacional”.

Entre los años 1975-1977, justo tras la muerte de Franco, cuando EE.UU. (bajo la administración de Gerald Ford y luego Jimmy Carter) intensificó su influencia para guiar la Transición Española. En un memorando del Departamento de Estado de febrero de 1976 (FRUS 1969-1976, Vol. E-14, Parte 2), se propone explícitamente un «sistema de dos partidos» como ideal para España: uno de centro-derecha (integrando a exfranquistas moderados y monárquicos) y otro de centro-izquierda (socialistas y democristianos), que se turnaran en el poder para garantizar estabilidad y alineación con la OTAN y la Comunidad Económica Europea (CEE). El razonamiento era pragmático:

Primero, por razones geopolíticas: evitar que el Partido Comunista de España (PCE) —legalizado en 1977— capturara poder en un multipartidismo fragmentado, como ocurrió en Portugal tras la Revolución de los Claveles (1974). EE.UU. temía que un sistema con docenas de partidos (incluyendo nacionalistas periféricos) generara parálisis, como en la República de los años 30, y facilitara una «infiltración comunista».

Segundo, para  tener influencia económica: la ayuda estadounidense (más de 1.000 millones de dólares en los 50-60) y el deseo de integrar a España en la CEE dependían de una democracia «predecible». Un bipartidismo controlado facilitaría reformas económicas neoliberales sin rupturas sociales.

Esto contó con el apoyo a figuras clave: EE.UU. respaldó a Adolfo Suárez (primer ministro 1976-1981) y su Unión de Centro Democrático (UCD), diseñada como el «partido del consenso» de centro, para competir con un PSOE moderado bajo Felipe González. Cables de la embajada en Madrid (1977) sugieren que Washington aconsejó limitar el número de partidos mediante leyes electorales proporcionales con umbrales altos, fomentando fusiones y alternancia.

Estos planes se discutieron en reuniones con líderes españoles, como en la visita de Suárez a Washington en 1976, donde el secretario de Estado (y criminal genocida) Henry Kissinger enfatizó la necesidad de un «bipartidismo estable» para la adhesión a la OTAN (lograda en 1982).

Aunque la Transición resultó en un sistema multipartidista (con listas cerradas y el método D’Hondt que favorece a los grandes partidos), el bipartidismo «de facto» dominó inicialmente: UCD (centro-derecha) y PSOE (centro-izquierda) se alternaron en el poder de 1977 a 1996, con mayorías absolutas o relativas.

Partido Popular: los fascistas se disfrazan de demócratas

Tras la muerte del dictador, la derecha nacionalcatólica se une para crear Alianza Popular (AP): una federación de partidos políticos conservadores fundada durante la Transición Española, específicamente el 9 de octubre de 1976.

Esta coalición surgió en un contexto de transformación política tras la muerte del dictador Francisco Franco en noviembre de 1975, cuando el régimen autoritario franquista, caracterizado por su ideología fascista nacionalcatólica (una fusión de autoritarismo, catolicismo ultraconservador y nacionalismo español centralista influido por el falangismo), buscaba adaptarse a las demandas de democratización sin perder influencia. AP representó un intento de reconversión de las élites del franquismo en actores «democráticos», disfrazando sus raíces autoritarias bajo un barniz de conservadurismo moderado y reformista, para participar en el nuevo sistema electoral sin ser marginados como nostálgicos del pasado dictatorial.

El proceso de fundación de AP ilustra perfectamente cómo el fascismo nacionalcatólico se «disfrazó» de demócrata. Tras la muerte de Franco, las «familias» del régimen (incluyendo falangistas, monárquicos y católicos integristas) se enfrentaron a la necesidad de evolucionar o desaparecer. Muchos de sus líderes, que habían sostenido la dictadura durante décadas, promovieron una narrativa de «reforma desde dentro», presentándose como defensores de la libertad y la democracia controlada, mientras mantenían posiciones conservadoras en temas como la unidad de España, el anticomunismo y el rechazo a las autonomías regionales. Este disfraz implicaba aceptar formalmente las reglas democráticas (como elecciones libres y una constitución) pero con reticencias iniciales: por ejemplo, AP se abstuvo en la votación de la Ley de Amnistía de 1977 y varios de sus diputados votaron en contra o se abstuvieron en la aprobación de la Constitución Española de 1978, argumentando que era demasiado progresista. Esta adaptación fue criticada por historiadores y observadores como una forma de «blanqueo» del franquismo, permitiendo que ideales autoritarios pervivieran en la democracia bajo un envoltorio aceptable, sin un verdadero ruptura con el pasado.

Un aspecto clave de esta fundación es que AP fue creada por exministros del dictador Franco, conocidos como «los siete magníficos» por sus huestes fascistas. Estos líderes, que habían ocupado cargos de alto nivel en el régimen franquista, formaron la coalición como una alianza informal de siete protopartidos conservadores:

1. Manuel Fraga Iribarne (Reforma Democrática): Exministro de Información y Turismo, y vicepresidente del Gobierno bajo Franco. Fue el principal impulsor de AP y su líder carismático.
2. Laureano López Rodó (Acción Regional): Exministro de la Presidencia y artífice de las leyes fundamentales del franquismo.
3. Federico Silva Muñoz (Acción Democrática Española): Exministro de Obras Públicas.
4. Cruz Martínez Esteruelas (Unión del Pueblo Español): Exministro de Educación y Ciencia.
5. Gonzalo Fernández de la Mora (Unión Nacional Española): Exministro de Obras Públicas.
6. Licinio de la Fuente (Reforma Social): Exministro de Trabajo.
7. Enrique Thomas de Carranza (ANEPA): Asociado al régimen, aunque no ministro directo, completaba el grupo.

 

Seis de estos siete fundadores habían sido ministros bajo Franco, y su procedencia directa del aparato dictatorial subraya cómo AP sirvió como vehículo para la continuidad de las élites franquistas en la democracia. En las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, AP obtuvo 16 diputados, de los cuales 13 habían sido ministros del régimen, lo que refuerza su carácter de heredera del franquismo. Esta coalición no solo agrupó a exjerarcas sino que también atrajo a sectores nostálgicos del nacionalcatolicismo, presentándose como una opción «moderada» frente a la izquierda y al centro reformista de Adolfo Suárez.

La fundación de AP fue un ejemplo paradigmático de cómo el fascismo nacionalcatólico franquista se reinventó tras la muerte del dictador, con exministros como protagonistas, para insertarse en la democracia sin renunciar a sus esencias conservadoras y autoritarias. Esta estrategia permitió su supervivencia y eventual transformación en el PP en 1989, absorbiendo elementos centristas y liberales para ampliar su base.

Aunque la mona se vista de seda…

Una muestra del ADN antidemocrático que arrastra la derecha se puede ver incluso en su proceso de votación interno. El Proceso de Votación Interno en el Partido Popular: Un Sistema Híbrido con Raíces en el Control Élite.

El Partido Popular (PP), principal formación conservadora en España, ha evolucionado su sistema de elección interna desde su fundación como Alianza Popular en 1976, pero mantiene un modelo que combina elementos directos e indirectos, priorizando el rol de los compromisarios (delegados). Este proceso refleja una estructura jerárquica heredada de sus orígenes franquistas, donde las élites del partido retienen un control significativo sobre las decisiones clave, limitando la participación plena de la base militante. A continuación, se detalla el mecanismo actual, basado en sus estatutos y prácticas recientes.

Estructura General del Proceso

El PP elige a su presidente nacional (líder del partido y candidato automático a la Presidencia del Gobierno) mediante un sistema de dos vueltas, establecido en sus estatutos aprobados en congresos como el XX Congreso Nacional Extraordinario de 2022. Este modelo se aplica en congresos nacionales, convocados cada cuatro años o de forma extraordinaria ante crisis de liderazgo, como tras la dimisión de Pablo Casado en 2022.*

• Primera Vuelta: Votación de Afiliados
  • Los precandidatos deben presentar avales de un porcentaje mínimo de afiliados (alrededor del 1-2%, dependiendo de actualizaciones estatutarias).
  • Todos los militantes al corriente de pago (aproximadamente 800.000 en 2022) pueden votar directamente a los precandidatos.
  • Si un aspirante obtiene más del 50% de los votos, es proclamado presidente directamente.
  • De lo contrario, los dos precandidatos con más apoyos pasan a la segunda vuelta. En 2018, por ejemplo, Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría avanzaron tras una primera ronda con 66.000 votantes inscritos.
• Segunda Vuelta: Rol de los Compromisarios
  • Aquí entra el elemento indirecto: los compromisarios, delegados elegidos por las agrupaciones locales, provinciales y autonómicas (alrededor de 3.000 en congresos recientes), votan al ganador.
  • Estos compromisarios se eligen en listas cerradas adheridas a precandidatos, lo que permite a las élites territoriales (barones) influir en el resultado.
  • En 2018, 2.973 compromisarios decidieron la victoria de Casado sobre Sáenz de Santamaría, a pesar de que los militantes habían dado un apoyo inicial similar.
  • Si solo hay un candidato (como Alberto Núñez Feijóo en 2022), se proclama sin votación, resaltando el bajo nivel de competencia interna.

Elección de Candidatos Electorales

A diferencia del líder, los candidatos a elecciones generales, autonómicas o municipales no se eligen mediante primarias abiertas. Los Comités Electorales (designados por la dirección nacional o territorial) proponen listas, aprobadas por la cúpula. Esto centraliza el poder en la élite, minimizando la voz de la base. Críticos argumentan que este sistema perpetúa dinámicas oligárquicas, heredadas del franquismo, donde exministros de la dictadura fundaron el partido para «disfrazar» autoritarismo como democracia.

Evolución y Críticas

Hasta 2018, el PP no tenía primarias; los líderes se elegían solo por compromisarios, un método cerrado similar al de partidos tradicionales. La introducción de la primera vuelta fue un avance, pero insuficiente: historiadores como Juan Rodríguez Teruel destacan que refuerza mecanismos representativos en lugar de directos, limitando la competencia real. En 2025, propuestas para más primarias (como en el nuevo sistema planteado) no han alterado el núcleo indirecto.

Este proceso, aunque formalmente democrático, evidencia un ADN antidemocrático: prioriza control élite sobre participación base, facilitando la continuidad de liderazgos sin verdadera responsabilidad. En un contexto de baja participación (solo el 10-15% de afiliados vota), perpetúa desigualdades internas, contrastando con modelos más inclusivos de otros partidos. De hecho, el único otro partido que comparte dicho ADN antidemocrático es su sucedáneo VOX: el partido fundado por los restos chiringuiteros del PP.

Partido	Proceso de Elección de Líder	Nivel de Democracia Interna	Por qué el PP muestra ADN Antidemocrático en Comparación
PP	Sistema de dos vueltas: Primera por afiliados directos; segunda por compromisarios (delegados). Si solo un candidato, proclamación automática.	Medio-bajo: Elemento directo limitado; élites controlan vía compromisarios y comités electorales. Baja competencia interna.	Raíz en franquismo: Fundado por exministros de dictadura, prioriza control jerárquico sobre participación base, perpetuando oligarquía. Compromisarios permiten manipulación por barones, reduciendo voz militante.
PSOE	Primarias abiertas a doble vuelta: Todos militantes votan directamente; si ninguno >50%, segunda ronda entre top dos. Aplicado a secretario general y candidatos donde no gobiernan.	Alto: Inclusivo, descentralizado; militantes deciden sin intermediarios. Evolucionó de cerrado a directo desde 2014.	PP es menos democrático: PSOE empodera base con voto directo universal, mientras PP filtra vía compromisarios, heredando control élite franquista que PSOE rompió con primarias inclusivas.
Vox	Asamblea General: Candidatos necesitan avales (10% afiliados); si solo uno, proclamado sin voto. Líder propone CEN entero. Eliminadas primarias provinciales.	Bajo: Centralizado en líder; sin competencia real, designación a dedo. Abascal reelegido sin voto en 2024.	PP comparte ADN: Ambos centralizados, pero Vox más extremo (sin primarias locales). PP’s indirecto permite similar control, reflejando autoritarismo franquista disfrazado, aunque Vox es más explícito.
Podemos	Primarias abiertas: Voto directo de inscritos a listas abiertas (elige candidatos de distintos equipos). Aplicado a secretario general y órganos.	Alto: Muy inclusivo, listas abiertas fomentan diversidad; alta participación base sin élites intermediarias.	PP antitético: Podemos maximiza democracia directa, mientras PP’s compromisarios y raíces franquistas limitan competencia, mostrando herencia autoritaria vs. modelo participativo de Podemos.

(*). Las raíces antidemocráticas, basadas en la jerarquía de una élite que lo controla todo, se pudieron ver con el ejemplo de Pablo Casado. El franquista ahujo perdió la presidencia, no por un proceso democrático interno, sino por cuestionar la corrupción de su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, cuando la acusó de favorecer a su hermano para que este se llevara comisiones por la compra al triple de precio de unas mascarillas tras la adjudicación a dedo de un contrato público, mientras morían personas «en lo peor de la pandemia» (palabras del propio Casado), sin contar con las 7291 en las residencias «gracias» a unos protocolos enviados por el Partido Popular para impedir la medicalización y traslado de toda persona mayor que no tuviera contratado un seguro privado. Porque, según ella, en una comparecencia posterior, se iban a morir igualmente.

Más ejemplos de las raíces ideológicas clasistas y explotadoras en el PP

Además de verse en sus procesos internos sus genes antidemocráticos nacionalcatólicos, también se han podido ver en su ideología, reflejada en cuáles han sido sus votaciones y legislaciones en el Congreso.

Oposición al derecho a huelga y manifestación (1976-1982)

• 1976-1977: Durante la Transición temprana, AP (fundada en octubre de 1976 por Manuel Fraga y exministros franquistas) se posicionó contra la expansión libre de huelgas y manifestaciones. En un contexto de huelgas masivas (como la del 12 de noviembre de 1976, convocada por COS —CCOO, UGT, USO— por amnistía y libertades democráticas), AP defendió un enfoque restrictivo, alineado con su herencia conservadora y anticomunista. Fraga, como figura clave, había sido vicepresidente y ministro de Gobernación en 1975-1976, donde impulsó leyes de reunión y manifestación, pero limitadas y controladas por el poder ejecutivo para evitar «desórdenes». AP criticó las huelgas como amenazas al orden y al proceso reformista controlado desde arriba.
• 1978 (julio): En el debate constitucional en el Congreso (durante la ponencia y pleno), AP se quedó sola oponiéndose al reconocimiento amplio del derecho a huelga. Propuso limitarlo estrictamente al ámbito laboral («para la defensa de sus intereses»), rechazando la posibilidad de huelgas por motivos políticos o en defensa de la democracia. El texto aprobado (art. 28.2 CE) incluyó una redacción más abierta («para la defensa de sus intereses»), pero AP mantuvo un criterio restrictivo, argumentando riesgos de abuso y desestabilización. Esta posición reflejaba su temor a que el derecho se usara para movilizaciones contra el «orden establecido».
• 1978-1980: AP se opuso o criticó manifestaciones masivas y huelgas generales (como la de 1978 contra el desempleo). Defendió un control policial estricto y servicios mínimos amplios, viendo en estas acciones una herencia «revolucionaria» o comunista que ponía en riesgo la estabilidad.

 

Oposición a la Constitución Española de 1978

La Falange, por supuesto, se opuso a la Constitución.

¿Qué más se podría esperar de los abiertamente fascistas? Poco. Pero ¿Y los fundadores del PP?

AP mostró divisiones internas, pero una parte significativa rechazó o se abstuvo en la aprobación de la Constitución, reflejando reticencias a su carácter progresista en derechos sociales y libertades.

 

• 31 de octubre de 1978 (votación en el Congreso): De los 16 diputados de AP, 8 votaron a favor (incluido Manuel Fraga), 5 en contra (Gonzalo Fernández de la Mora, Federico Silva Muñoz, Alberto Jarabo, José Martínez Emperador y Pedro de Mendizábal) y 3 se abstuvieron (Licinio de la Fuente, Álvaro de Lapuerta y Modesto Piñeiro). Los votos negativos y abstenciones se debieron a críticas por el reconocimiento de «nacionalidades», el modelo autonómico, el laicismo implícito y la amplitud de derechos como huelga y manifestación.
• 6 de diciembre de 1978 (referéndum de ratificación): AP recomendó el voto favorable («Sí») como acatamiento a la norma fundamental, pese a las divisiones internas. No hizo campaña por la abstención ni el «No», aunque sectores nostálgicos del franquismo (como Fuerza Nueva) sí lo hicieron.

 

Lemas de campaña en elecciones clave

Los lemas de AP en sus primeras campañas reflejaban un discurso conservador, centrado en la unidad nacional, el orden y la «auténtica democracia» (evitando rupturas radicales), con énfasis en estabilidad frente al «caos» de huelgas y manifestaciones.

• 1977 (elecciones generales, 15 de junio): Lema principal «España, lo único importante». Se presentó como unión de grupos conservadores para una «verdadera democracia», garantizando paz, estabilidad y progreso, en contraste implícito con el desorden de movilizaciones obreras y políticas.
• 1979 (elecciones generales, 1 de marzo; como Coalición Democrática): Lema «La razón de la derecha» (en algunos contextos autonómicos, como País Vasco: «Siempre España» o «El País Vasco en paz»). Enfocado en orden, unidad y rechazo a autonomías radicales o protestas descontroladas.
• 1982 (elecciones generales, 28 de octubre; como Coalición Popular): Lema «Es hora de soluciones» (y variantes como «Es hora de Fraga»). Campaña centrada en «soluciones» frente a la crisis, con énfasis en autoridad, empleo ordenado y fin del «caos» (implícitamente ligado a huelgas y manifestaciones de los años previos).

 

La oposición de AP a estos derechos en los 70 y principios de los 80 se enmarcó en su visión de una democracia «controlada» y ordenada, heredera del franquismo reformista, priorizando la estabilidad del status quo sobre libertades plenas. Esto contrastaba con la izquierda y sindicatos, que impulsaron su reconocimiento amplio durante la Transición.

Otras legislaciones, ya durante los 80, con las que ha dejado siempre manifestado su oposición a los derechos son estas:

• 1981: Ley del Divorcio (Ley 30/1981). Alianza Popular (predecesora del PP) votó en contra de esta ley que legalizaba el divorcio, argumentando que destruiría la familia tradicional. Esta oposición se vio como un freno a derechos sociales de autonomía personal y igualdad de género, alineada con su herencia franquista conservadora.
• 1985: Ley del Aborto (Ley Orgánica 9/1985). Alianza Popular votó en contra y recurrió ante el Tribunal Constitucional esta ley que despenalizaba el aborto en casos limitados (violación, malformación fetal o riesgo para la madre). Se criticó como un intento de restringir derechos reproductivos de las mujeres, priorizando valores nacionalcatólicos.
• 1997: Reforma Laboral (Ley 63/1997). Bajo el gobierno de José María Aznar, el PP aprobó esta reforma que abarató el despido (reduciendo indemnizaciones de 45 a 33 días por año trabajado en contratos indefinidos) y fomentó la temporalidad. Críticos como sindicatos (UGT, CCOO) la vieron como un retroceso en derechos laborales, facilitando precariedad y reduciendo poder negociador de los trabajadores.
• 2001: Reforma Laboral (Ley 12/2001). Nuevas modificaciones bajo Aznar que ampliaron la flexibilidad empresarial, permitiendo más contratos temporales y reduciendo protecciones contra despidos colectivos. Se asoció con recortes en prestaciones por desempleo y mayor inestabilidad laboral, criticada por aumentar la desigualdad social y precarizar el empleo juvenil.
• 2002: Decretazo Laboral (Real Decreto-Ley 5/2002). El gobierno Aznar impulsó esta medida que eliminaba la prestación por desempleo para peones agrícolas, facilitaba despidos y limitaba el derecho a huelga. Provocó una huelga general y fue parcialmente derogada, pero se vio como un ataque directo a derechos laborales básicos y sindicales.
• 2005: Ley del Matrimonio Igualitario (Ley 13/2005). En oposición, el PP votó en contra y recurrió ante el Constitucional esta ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Argumentaron que atentaba contra la familia tradicional, limitando derechos sociales de igualdad para el colectivo LGTBI.
• 2010: Ampliación de la Ley del Aborto (Ley Orgánica 2/2010). El PP, en oposición, votó en contra de esta reforma que introducía el aborto libre en las primeras 14 semanas. Posteriormente, recurrieron y, en gobierno, intentaron restringirla (proyecto Gallardón 2013, retirado por protestas), visto como retroceso en derechos reproductivos.
• 2012: Reforma Laboral (Real Decreto-Ley 3/2012, convertido en Ley 3/2012). Bajo Mariano Rajoy, esta reforma abarató el despido (20 días por año en causas económicas), priorizó convenios empresariales sobre colectivos, y facilitó EREs sin autorización administrativa. Críticos la señalan como causante de precariedad, devaluación salarial y aumento de desigualdad, con 2 millones de empleos perdidos inicialmente.
• 2012-2015: Recortes Presupuestarios en Sanidad y Educación (Ley de Presupuestos Generales del Estado). Durante la crisis, el gobierno Rajoy aprobó recortes masivos (10.000 millones en sanidad y educación en 2012), introdujo copagos farmacéuticos y excluyó a inmigrantes irregulares de la sanidad universal. Se criticó como atentado a derechos sociales básicos, aumentando desigualdad y pobreza.
• 2013: Reforma de Pensiones (Ley 23/2013). El PP elevó la edad de jubilación a 67 años, endureció requisitos para pensiones y redujo su cuantía futura. Visto como recorte en derechos laborales y sociales de jubilación, afectando a generaciones futuras con menor protección.
• 2013: Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Impulsada por Rajoy, esta ley recentralizó el currículo, fomentó conciertos privados y endureció evaluaciones. Críticos la vieron como recorte en educación pública y derechos sociales de acceso igualitario.
• 2015: Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015, «Ley Mordaza»). Aprobada por Rajoy, sancionaba protestas, limitaba libertad de expresión y reunión, con multas por grabar policías o manifestaciones no autorizadas. Organizaciones como Amnistía Internacional la criticaron por restringir derechos civiles y sociales.
• 2021-2023: Oposición a Leyes Progresistas (Ley de Memoria Democrática, Ley de Eutanasia, Ley Trans, Reforma Laboral PSOE). En oposición, el PP votó en contra de estas leyes que ampliaban derechos (memoria histórica, fin de vida digno, derechos LGTBI, derogación parcial de su reforma laboral 2012). Se interpretó como mantenimiento de posturas restrictivas, prometiendo derogarlas si gobiernan.
• 2023: Reforma del Aborto (Ley Orgánica 1/2023). El PP votó en contra de esta ampliación de derechos reproductivos (aborto para menores de 16-18 sin consentimiento parental, fin de objeción de conciencia institucional). Feijóo defendió restricciones, visto como continuidad de oposiciones históricas.
• 2024-2025: Oposición a Ley de Amnistía y Medidas Sociales (Ley Orgánica de Amnistía, Escudo Social). Bajo Feijóo, el PP votó en contra de la amnistía (vista como derecho a reconciliación social) y prórrogas del «escudo social» (ayudas antidesahucios, rebajas energéticas), proponiendo recortes en IMV para inmigrantes y endurecimiento migratorio, criticado por limitar derechos sociales y laborales de vulnerables.

 

A la par que, cual clasistas y filoexplotadores que añoran con tiempos pasados donde tenían el poder absoluto, estos legislaban en contra de las clases obreras, de las mujeres, los homosexuales, de laicos y ateos, etc. También favorecían (y han favorecido) a la iglesia católica, de donde parte su pack ideológico clasista de odio y antiderechos. Esa que usa sus franquicias (sus iglesias) para hacerles propaganda (misa) estableciendo marcos favorables a su ideología.

que han favorecido al clero católico, la Iglesia Católica o sus intereses (financiación, educación religiosa, conciertos educativos, privilegios fiscales, mantenimiento de acuerdos con la Santa Sede, etc.). Estas acciones se enmarcan en su tradición conservadora, con raíces en el nacionalcatolicismo franquista, y han sido criticadas por perpetuar privilegios en un Estado aconfesional (art. 16.3 CE). Se incluyen tanto leyes directas como oposiciones a medidas laicistas que habrían reducido dichos privilegios.

• 1978 (debate constitucional): Alianza Popular defendió y apoyó la inclusión del art. 16.3 de la Constitución Española, que establece la cooperación del Estado «con la Iglesia Católica y las demás confesiones». AP impulsó la mención explícita a la Iglesia Católica (ausente en anteproyectos iniciales), lo que facilitó acuerdos posteriores de financiación y privilegios. Esto se vio como una «confesionalidad solapada» que prioriza a la Iglesia sobre otras confesiones.
• 1979 (Acuerdos Iglesia-Estado con la Santa Sede): Aunque firmados bajo UCD (Suárez), AP (como fuerza conservadora) los respaldó y defendió en el Congreso. Estos cuatro acuerdos (sobre asuntos jurídicos, enseñanza, asuntos económicos y capellanía militar) mantienen financiación estatal, exenciones fiscales, enseñanza religiosa en escuelas públicas y reconocimiento de títulos eclesiásticos. Representan la base de los privilegios actuales del clero.
• 1995-1997 (desarrollo de financiación vía IRPF): Bajo gobiernos del PSOE, pero con apoyo posterior del PP en su consolidación. En 1999 (ya con Aznar), se homologaron salarios de profesores de Religión (pagados por el Estado), y se mantuvo la casilla del 0,5% (luego 0,7%) del IRPF para la Iglesia, defendida por el PP como «colaboración positiva».
• 2002 (LOCE – Ley Orgánica de Calidad de la Educación, bajo Aznar): Introdujo asignatura alternativa a Religión (puntuable para medias y becas), equiparable a otras materias. Reforzó la posición de la Religión Católica en el sistema educativo, cumpliendo parcialmente los Acuerdos de 1979. Favoreció la concertada católica al priorizar «demanda social» para conciertos.
• 1996-2004 (gobierno Aznar): Mantenimiento y ampliación de conciertos educativos a centros católicos (mayoría de la concertada). Defensa de exenciones fiscales (IBI, IVA en bienes de culto) y financiación vía IRPF. Aznar afinó el sistema de asignación tributaria a gusto del episcopado, aumentando ingresos indirectos para la Iglesia.
• 2013 (LOMCE – Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, bajo Rajoy): Blindó la Religión como evaluable y computable para nota media (hasta entonces no siempre lo era). Reforzó la concertada (muchos centros católicos) al priorizar «demanda social» para nuevos conciertos y mantener financiación pública. La Iglesia la calificó como «la ley más acorde a sus deseos». Mantuvo privilegios en enseñanza religiosa y conciertos.
• 2011-2018 (gobierno Rajoy): Continuidad de financiación vía IRPF (0,7%), exenciones fiscales y conciertos a centros católicos. Oposición a reformas laicistas (como retirada de conciertos por segregación de sexo o reducción de Religión). Defensa de los Acuerdos con la Santa Sede y rechazo a derogaciones o limitaciones de privilegios (IBI, inmatriculaciones, etc.).
• Desde 2018 (en oposición, gobiernos Feijóo y posteriores): Oposición sistemática a la LOMLOE («Ley Celaá», 2020), que reduce peso de Religión (no computable para nota) y elimina «demanda social» para conciertos, priorizando pública. El PP defiende mantener privilegios educativos y fiscales de la Iglesia, argumentando «libertad de elección» y «humanismo cristiano» en sus estatutos. En 2023-2025, rechaza propuestas de autofinanciación plena o revisión de conciertos segregados.

 

El PP (y AP) ha sido clave en preservar y ampliar los privilegios del clero: financiación pública (IRPF, conciertos), enseñanza religiosa obligatoria en oferta y exenciones fiscales. Esto contrasta con su oposición a medidas laicistas (como derogar acuerdos o limitar conciertos), manteniendo un modelo de «laicidad positiva» que prioriza la colaboración con la Iglesia Católica.

Intentos posteriores: el Golpe del 23-F (1981)

El Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, liderado por Antonio Tejero, reflejó resabios del golpismo católico-conservador, aunque fallido gracias a la oposición del rey. Sectores ultraderechistas, influenciados por el franquismo, buscaban revertir la transición democrática.

Las cabra siempre tira al monte: los cabrones, aún más

No son pocas las veces en las que la derecha actual usa la retórica de sus orígenes golpistas, denominando a cualquier gobierno que no sea del de ellos «ilegítimo» desde el minuto cero a la par que se autodenominan «España» a sí mismos. Una estrategia pueril y simplona en lo argumentativo para intentar hacer ver, infiriendo, que todo aquel que no se ajusta a su ideología es pues la «antiEspaña». Posiblemente por su origen, parecen no saber si quiera cómo funciona su país y el sistema electoral, parlamentario… Por eso les vemos hacer el ridículo en el Congreso o en la calle Ferraz, donde está la sede de sus adversarios (PSOE), al alegar que «ganaron las Elecciones». Mostrando así que desconocen que no Gobierna quien «quiere» o «no quiere» sino quien obtiene una mayoría de escaños en el Congreso.

Cuando no hacen ese tipo de declaraciones, apelando a la ignorancia del target al que dirigen su campaña, realizan otro tipo de acciones. Y es que ejemplos documentados de declaraciones y acciones del Partido Popular (PP) y de VOX en España intentando por lo visto deslegitimar la democracia o de sugerir fraude electoral de forma injustificada o sin pruebas concluyentes. Un intento de emular las tácticas de deslegitimación similares a las usadas en otros contextos internacionales (por ejemplo, las de Donald Trump en EE.UU., por el que babean, que llevaron a Asaltar el Capitolio, además de otras instituciones meses antes). Por eso no nos sorprende, para confirmar aun más su carácter antidemocrático, a la derecha manifestándose gritando consignas franquistas y con pancartas anticonstitucionales, junto a toda su parafernalia clásica apelando a su mitología nacionalcatólica.

Acciones y declaraciones del PP

2023: Acusaciones de «trama generalizada» de compra de votos por el PSOE. Tras arrestos por presunta compra de votos en Melilla y Mojácar (implicando a varios partidos, incluyendo al PP en algunos casos), el eurodiputado del PP Esteban González Pons acusó al PSOE de una «trama generalizada» de compra de votos, dirigida por Pedro Sánchez. Esto se produjo en el contexto de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, donde el PP amplificó las sospechas sin evidencia de un esquema nacional.
2023: Amplificación de teorías conspirativas en redes sociales antes de las generales. Simpatizantes y figuras del PP difundieron reclamos de «pucherazo» (fraude electoral) en redes, enfocándose en el voto por correo. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, no desmintió directamente estas narrativas y las usó para cuestionar la integridad del proceso electoral de julio de 2023.
2025: Sugerencia de fraude en las elecciones generales de 2023. Feijóo insinuó públicamente que Sánchez podría haber cometido fraude en las elecciones de 2023, comparándolo con irregularidades en primarias del PSOE de 2014 y diciendo: «Si has robado una joyería, ¿por qué no robar un banco?». Esto se dio en un contexto de frustración por no formar gobierno, sin presentar pruebas.
2025: Sospechas de fraude en Extremadura por robo de votos postales. El PP avivó acusaciones de fraude electoral en Extremadura tras el robo de 124 votos en una oficina de correos durante la campaña. Líderes como María Guardiola y Miguel Tellado exigieron investigaciones y protocolos públicos, insinuando un interés en «alterar el resultado» sin evidencia de manipulación sistémica. Feijóo demandó al gobierno central que investigara, amplificando la narrativa.

Acciones y declaraciones de VOX

2023: Petición de suspensión de elecciones por presunto fraude. Tras los mismos escándalos de compra de votos en Melilla y otros lugares, VOX solicitó a la Junta Electoral Central (JEC) suspender las elecciones municipales y anular votos postales, alegando irregularidades generalizadas. Esto incluyó demandas junto a otros partidos como Coalición por Melilla, sin que se probara un fraude masivo.
2023: Difusión de reclamos de «pucherazo» en redes y campaña. VOX y sus simpatizantes amplificaron videos virales (como uno en Tenerife donde VOX no aparecía en la boleta postal, debido a que no presentaron lista completa de candidatos) para alegar fraude electoral antes de las generales de julio. Santiago Abascal, líder de VOX, respaldó narrativas de «robo electoral» sin evidencia, enfocándose en el voto por correo.
2020-2023: Apoyo a reclamos de fraude internacional. VOX respaldó públicamente las alegaciones de fraude de Donald Trump en las elecciones de EE.UU. de 2020, lo que contribuyó a normalizar narrativas de deslegitimación democrática en España. Esto se extendió a otros contextos, como elecciones en Colombia y Perú, donde VOX amplificó teorías sin base.
2025: Acusaciones de «mafia corrupta» manipulando procesos. Abascal afirmó que hay una «mafia corrupta capaz de cualquier cosa, incluso de manipular procesos electorales para mantenerse en el poder», en referencia al robo de votos en Extremadura, sin que las autoridades (como la Guardia Civil) respaldaran hipótesis de fraude organizado.
2025: Recurso contra «aforamiento fraudulento» del líder del PSOE extremeño. VOX anunció que recurriría ante la Junta Electoral por el «aforamiento fraudulento» de Guillermo Fernández Vara (PSOE), alegando irregularidades en su estatus legal para evadir justicia, en un intento de cuestionar la legitimidad de figuras opositoras.

Acciones conjuntas o cruzadas entre PP y VOX

Campañas de 2023: Narrativas compartidas de desconfianza en el correo público. Ambos partidos y sus redes afines promovieron la idea de que el gobierno interfería en Correos para manipular votos postales, lo que generó un pico de desinformación similar a campañas en otros países. Esto se dio en un contexto de récord de votos postales, sin que se detectara fraude general.
2024-2025: Críticas mutuas pero alineadas en deslegitimación. Aunque VOX ha llamado al PP un «fraude y una estafa para sus electores» en contextos como el reparto del CGPJ, ambos han colaborado en narrativas anti-Sánchez que cuestionan la democracia, como en protestas contra amnistías o leyes, a veces insinuando «golpes» sin base electoral.

No son pocas las alegaciones que han sido calificadas por observadores como tácticas para erosionar la confianza en las instituciones democráticas, especialmente cuando no se ganan elecciones. En casos reales de irregularidades (como los arrestos de 2023), involucraron a múltiples partidos y no alteraron resultados generales. Los informes de la Junta Electoral Central u organizaciones como ISD Global han documentado cómo estas narrativas se amplifican en redes. En mi web de «notas y archivos» se recogen estudios que demuestran el uso de las redes sociales para desinformar por parte de la derecha: más del 90% de los bulos, según todos los informes y estudios, son realizados por perfiles conservadores. Y es que, supongo, si ya les educan los suyos para mentir con cosas tan burdas como las de la religión con la que les adoctrinaron, se genera una cultura de la mentira a través de su normalización. «Son sus constumbres…» Lo cual nunca dejará de sorprenderme, porque el trasfondo de todo esto es gente de una misma ideología mintiéndose, además de al resto para ver si cala, entre ella constantemente.

Conclusión

A lo largo de este artículo se ha demostrado, con creces, que la derecha tiene un ADN antidemocrático, que se convierte en un perro rabioso cuando esa democracia intenta quitarle los privilegios a una minoría, a unas pocas familias acomodadas que siempre gozaron de ellos gracias a la relación simbiótica y parasitaria entre la aristocracia y el clero. También, que las excusas que suelen usar, para intentar mostrarse como unas víctimas circunstanciales que aceptaban la democracia hasta que sus enemigos les atacaron, son falsas: siempre renegaron de dicha democracia y defendieron el autoritarismo. Que una mayoría de la población tenga la capacidad de elegir les daba y sigue dando alergia: creen que el poder les pertenece por designio divino.

El catolicismo conservador en España ha sido un actor clave en la oposición a la democracia y la laicidad, respaldando fascismo y golpismo a través de milicias como los requetés, conspiraciones financiadas y propaganda clerical. Desde las Guerras Carlistas hasta el 23-F, pasando por sus arengas e intentos de impedir la exhumación de Franco o contra el Gobierno socialista (precisamente por representar a la izquierda), esta alianza con elites y militares premeditó derrocamientos, creando polarización contra repúblicas laicas y democráticas. Algo que se puede ver en sus manifestaciones actuales.

✅Autobuses de la tapadera nacionalcatólica española de El Yunque.
✅Banderas con el «Sagrado Corazón de Jesús».
✅Gente rezando.
✅Carteles mencionando a Dios (y su «nacionalidad»)…
¿Y nos quieren hacer creer estos fachas que se manifiestan por una amnistía? pic.twitter.com/eCTmcQZ3sZ

— Soy Ateo (@ateoyagnostico) November 13, 2023

No fueron víctimas circunstanciales, sino participantes activos, como documentan las conspiraciones de 1931-1936 y la Carta Colectiva. Hoy, símbolos como la Cruz de Borgoña persisten en grupos de derecha, recordando esta herencia.

 

Notas y referencias:

1. La propia líder actual del PP de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso, a la cual el fascista Eduardo García Serrano la describía como una de sus «flechillas» y una «falangista furibunda», denominaba como algo negativo una «república federal laica» mientras defendía cosas como «la Corona» y las fuerzas represivas históricamente en las que el fascismo siempre se ha amparado.

Quieren imponer en España una república federal laica de facto desmontando el Estado de derecho y el orden constitucional por atrás.

Les estorban la Historia, la Corona, la Guardia civil, la FFAA, Madrid, los jueces y la prensa libre.https://t.co/U5GxFk4GM5

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 14, 2022

Por supuesto, generalizando, porque para el fascismo ellos son «España» (lo que incluye a las Fuerzas e Instituciones que controlan «desde atrás») y todo lo demás, que critique o cuestione específicamente a quienes desde la derecha parasitan eso para atribuirse su pertenencia de facto, son el enemigo. Así es como consiguen instalar el discurso de que ese enemigo es el «enemigo de España». Como ya explico en el artículo, la derecha se cree que el país les pertenece hereditariamente por derecho divino. Por eso todo rival político para ellos es siempre «ilegítimo».

2. Los hilos de Twitter:

-Sobre los Requetés, su origen y su belicismo.
-Sobre los ocho Golpes de Estado durante las dos Republicas.
-Sobre el papel del catolicismo en los Golpes de Estado.

3. Aunque el iusnaturalismo es contrario a aquello que defienden los religiosos, la derecha se arrojó la idea de que lo suyo es el «orden natural». Esto proviene de una concepción judeocristiana: para los cristianos, por basarse en sus mitos mesopotámicos, existe una jerarquía establecida por su deidad. Es lo que denominaron como la scala naturae. Esta religión es una religión que adoctrina a la gente para meterles en el cerebro que existe un orden jerárquico predefinido al que deben obedecer y defender. Por eso, como he expuesto en este artículo, desde el conservadurismo hasta el neofascismo se hace tanto hincapié en la obediencia a la jerarquía. Por supuesto, esto les beneficia porque por razones históricas a la derecha le interesa mantener ese statu quo en el que ellos siguen siendo los privilegiados perpetuos. La élite financiera que controla todo. Este clasismo se hace palpable a todos los niveles, en ejemplos como el desprecio que siempre le tuvieron a los «nuevos ricos». Ahora se ha difuminado aun más, porque estos nuevos ricos nacidos de los medios en la era de la TV y sobre todo de internet (de las redes sociales) les sirven para sus intereses: son sus «tontos útiles». Estos les hacen creer que son de «los suyos» para así propagar su ideología.

4. Aunque muchos creen que el fascismo fue inventado por Mussolini y algunos incluso se atreven a proyectar su ignorancia histórica alegando falaz y simplonamente que no era de derechas, como he expuesto, el fascismo proviene de antes. Lo único atribuible a Mussolini es la creación de la doctrina. Una doctrina en la que manifiesta abiertamente esto:

Aunque el XIX fuera el siglo del socialismo, el liberalismo y la democracia, eso no significa que el siglo XX deba ser también el del socialismo, el liberalismo y la democracia. Las doctrinas políticas pasan; las naciones permanecen. Somos libres de creer que este es el siglo de la autoridad, un siglo que tiende hacia ‘la derecha’, un siglo fascista. Si el XIX fue el siglo del individuo (liberalismo implica individualismo), somos libres de creer que este es el siglo del ‘colectivo’, y por tanto el siglo del estado.
Fuente: pag. 20

Benito Mussolini, tras ser echado del Partido Socialista Italiano (PSI) en 1914 (18 años después de ser echado del PSI), publica su Doctrina del Fascismo en 1932 (18 años después de ser echado del partido socialista) junto a Giovanni Gentile. ¿Y cuales fueron las referencias ideológicas de Gentile? Las principales fuentes del pensamiento de Gentile (coautor de la Doctrina del Fascismo junto con Mussolini) fueron dos sacerdotes católicos (Antonio Rosmini-Serbati y Vincenzo Gioberti) y Bertrando Spaventa, del partido Derecha Histórica (Destra storica).

5. El uso del término «liberal» ha cambiado a lo largo de la historia, tanto en el mundo como en España. Ahora el término se centra en esto:

• Defensa del mercado libre.
• Reducción del tamaño del Estado.
• Favorecer la competencia y el emprendimiento.

 

Pero un liberal, en el contexto del que se habla aquí (finales del XIX y comienzos del XX), era alguien que defendía:

• Anticlericalismo fuerte.
• Lucha contra monarquías absolutas y privilegios.
• Liberalismo como fuerza revolucionaria y modernizadora.
• Separación Iglesia-Estado

Fuentes, referencias y bibliografía

A lo largo del artículo se han incluido todas las fuentes y referencias.

La imagen de portada de este artículo, de Alianza Popular, ha sido elegida porque en ella se representa todo lo expresado y explicado en el artículo. El origen del mayor partido de la derecha española y heredero del fascismo. Una imagen que representa el nexo entre el pasado y el presente en la derecha. El propio Partido Popular presume de dicho pasado en su web oficial.